Los encadenamientos son ajenos a la narrativa macrista. El ministro Juan José Aranguren desconoce las cadenas de valor que potencian los efectos de un aumento de combustibles (ver aparte).

En otro registro, los oficialismos porteño y nacional niegan posibles encadenamientos de responsabilidades en la tragedia de Costa Salguero. La prensa afín coopera generosamente con el escamoteo.

El fiscal federal Federico Delgado, que está a cargo de la investigación, piensa y actúa de modo diferente. Como hiciera respecto de la tragedia ferroviaria de Once, pesquisa lo que ocurrió en el momento vinculándolo con un sistema que lo propició y lo precede.

Delgado expresó en declaraciones periodísticas que se había conformado una suerte de “mercado ideal” para la venta y consumo de drogas.

La evidente corresponsabilidad de inspectores municipales y prefectos fuerza a buscar evidencia para averiguar hasta donde asciende la escala de responsabilidades.

La actuación de uniformados y funcionarios no fue pura pasividad, cabe conjeturar. Su presencia facilitaba la realización de la fiesta Time Warp. Le garantizaba, perversamente, un aura de protección.

Si esa hipótesis verosímil se corroborara, las responsabilidades políticas y penales no se dejarían explicar culpando al “estado ausente”. La presencia del estado o, mucho mejor dicho, la participación de algunos de sus agentes fue una condición necesaria de la tragedia, aunque no exclusiva ni suficiente.

La soltura con que se vendían drogas, más allá de su eventual adulteración agregando peligrosidad, sugiere la existencia de una “zona liberada”. La fiesta no fue la primera de su tipo, ni la segunda, ni la quinta. El modus operandi tenía historia.

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El Consejo Consultivo de la Comuna 4 discutía el miércoles pasado la cesión del predio Casa Amarilla al club Boca Juniors. Muchos vecinos participaban, para oponerse a la medida.

Una patota irrumpió amenazando y golpeando a los asistentes. Los agresores hirieron con arma blanca a Matías Scinica, militante de la organización Boca es Pueblo. Y golpearon hasta producirle desmayo y politraumatismo de cráneo a Fernando Abal Medina, militante de la agrupación Descamisados.

En la aldea global casi todo se filma y graba. Abundan imágenes del ataque con visión nítida. Sucedió en un ámbito público estatal, en el que se congregaron alrededor de 300 personas.

Integrantes de Boca es Pueblo y testigos presenciales denunciaron la ausencia de policías durante la reunión, que se presumía “pesada” por los intereses en juego.

Se pidió auxilio médico para las víctimas y presencia policial. La ambulancia, cuentan los testigos, llegó en un lapso razonable. Mucho antes que un móvil de Gendarmería que demoró mucho más, sugestivamente.

Los vecinos atacados acusan a militantes de PRO o de Cambiemos o ligados al presidente de Boca, Daniel Angelici. La pasión futbolera no es el único lazo que vincula a Angelici con el presidente Mauricio Macri. Es su operador predilecto en Comodoro Py, sede de los tribunales federales a quienes el oficialismo heavy reclama que encarcele kirchneristas, empezando por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los ciudadanos participantes identifican a los agresores con nombres y apellido. Describen que el espacio comunal fue, de facto, una “zona liberada”. No entramos al detalle de las investigaciones, que se abordan en otras páginas de esta edición.

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En la Boca, como días atrás en las puertas del Concejo Deliberante de Lanús, fueron agredidos personas que enfrentaban, en ejercicio de su derecho, a figuras prominentes del macrismo. Angelici en la Ciudad Autónoma, el intendente Héctor Grindetti en Lanús.

La coincidencia no prueba automáticamente complicidad de los dirigentes con los agresores pero genera sospechas justificadas. Las respuestas oficiales rechazaron todo tipo de relación. Declamaron gran interés en que “la Justicia investigue”. Así debe ser y la presunción de inocencia en materia penal sigue vigente para todos los argentinos.

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta no visitó a víctimas de Costa Salguero o Comuna 4.

En política, se alega con razón, dos más dos no siempre es cuatro. Pero a menudo sí.