Un día antes de abandonar el poder, en 1990, el general Augusto Pinochet, aplicó a la educación la estricta receta neoliberal que los "Chicago Boys" de la Universidad Católica inauguraron en Chile en los años 70 y cuyo ingrediente principal era la venta del Estado.

Los liceos públicos pasaron a ser administrados por los municipios -bajo la supervisión de alcaldes adscritos al viejo régimen- y se liberalizó sin límites la industria escolar privada que quedó en manos de empresarios ávidos de invertir en un nuevo negocio.

Los municipios cobran desde entonces una pequeña subvención por cada alumno que asiste a clases; resultado: en las comunidades ricas donde asisten todos los alumnos la subvención es amplia. En los barrios pobres donde campea el ausentismo los colegios se caen a pedazos.

Además, los municipios ricos crearon la figura de la "financiación compartida", es decir, los padres pagan también una cuota mensual.

En los municipios pobres, los alcaldes han estimulado la creación de "colegios particulares subvencionados", donde un empresario -"sostenedor"- recibe la subvención estatal y con ella financia el establecimiento.

La segregación social causada por el sistema es notoria, y la refleja perfectamente la frase de un dirigente escolar que lidera las protestas de estas últimas semanas: "a los estudiantes de los barrios altos les están enseñando a mandar; a nosotros, a obedecer".

Los colegios privados florecieron por todo Chile, a la vez que se redujeron los sueldos y la calidad de los profesores y se crearon decenas de universidades privadas con las materias más exóticas.

Estas últimas universidades tienen prohibido obtener beneficios, pero dieron con la solución: pagar arriendo a las constructoras dueñas de los terrenos donde están construidas y que en muchos casos pertenecen a los mismos propietarios del centro docente.

El negocio de la educación privada es desde entonces toda una industria nacional, en manos de la empresa privada, la Iglesia católica, los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, y la pública permanece en manos de los municipios con maestros que imparten varias materias y a varios cursos por un sueldo mínimo.

Con las protestas de los últimos días, los estudiantes de secundaria chilenos, a los que se han sumado universitarios, exigen gratuidad en el transporte escolar y en la prueba de acceso a la universidad, pero en el fondo buscan fracturar el sistema educativo impuesto por la dictadura.

Este sistema tiene inmovilizado el ascensor social chileno: educarse en un colegio municipal no ofrece ninguna garantía de futuro, pero un currículum escolar en un colegio de los barrios altos asegura el acceso a una universidad privada y a un puesto de trabajo casi inmediato.

Entre las palabras que más abundan estos días en las pancartas de los estudiantes figura una que aparentemente nada tiene que ver con la educación: el cobre.

El metal rojo, del que Chile produce cerca del 30 por ciento de todo el mundo, tiene desde hace unos años un cliente VIP: China.

El aumento del precio del cobre ha convertido a la macroeconomía chilena en la más saneada del continente americano, pero sus beneficios no se han notado en una mejora del sistema educativo.

La presidenta del país, Michelle Bachelet, ha reiterado su interés por mejorar el sistema pero sus propuestas no han afectado al sistema mismo de la educación en Chile, que a principios del siglo XX se preciaba de tener la mejor educación pública de Latinoamérica.

Los estudiantes que estos días están saliendo a la calle a protestar nunca vivieron la dictadura chilena y, por lo tanto, no comparten la opinión de sus padres de que el orden público es prioritario ante la reivindicación social.

Para muchos analistas, los estudiantes chilenos le están diciendo al cuarto gobierno de La Concertación que apriete el acelerador de la igualdad educativa e invierta en ella parte de los ping~es beneficios que deja el cobre a las arcas nacionales.

Fuente: Alonso de Contreras - EFE