La asamblea universitaria para reformar los estatutos de la UBA no se hará este año. Pese a que la asamblea que en abril eligió a Guillermo Jaim Etcheverry como rector había fijado que la próxima debía realizarse el mes que viene, el Consejo Superior de la UBA esquivó el mandato y se limitó a habilitar la recepción de proyectos de reforma, con la sola oposición de los estudiantes. Como el plazo para presentar propuestas estará abierto hasta fines de noviembre y, después, el consejo deberá organizarlas, la asamblea se podrá hacer, con suerte, durante el primer cuatrimestre del 2003.
Dos factores pesaron en la dilación. Uno, explícito: las autoridades académicas temen que el proceso de modificación estatutaria le abra la puerta a la Ley de Educación Superior, norma a la que la UBA nunca se adaptó. El otro factor está implícito: no hay voluntad política de hacer la asamblea. Ni el rector, ni quienes lo apoyan, ni la mayoría de sus opositores creen que el momento del país y la universidad sea el mejor para poner en cuestión las normas que rigen a la institución. “El proceso se nos podría ir de las manos a todos”, dijo un dirigente universitario.
La asamblea universitaria es la máxima instancia del gobierno de la universidad, donde se reúnen 236 representantes de profesores, graduados y alumnos de las trece facultades de la universidad. A pesar de que ahora se asumió otra interpretación, la asamblea de abril había resuelto convocar a una nueva en un lapso de seis meses, con el objetivo de reformar el estatuto universitario. Los temas que entonces se habían mencionado como más urgentes iban desde la necesidad de cambiar el sistema electoral del rector, decanos y consejeros superiores, hasta modificaciones para las formas de nombrar profesores eméritos y consultos, la edad jubilatoria de los docentes y el régimen de dedicaciones exclusivas, entre otros.
Pero el Consejo Superior nunca comenzó a discutir el temario de la nueva asamblea. Recién en la sesión de anteayer aprobó una resolución que establece un plazo del 2 de octubre al 29 de noviembre “para la presentación de proyectos destinados a que el cuerpo fije el orden del día de la próxima asamblea universitaria”. La norma agrega que “la fecha de realización efectiva será fijada por el Consejo Superior una vez que se cuente con esos proyectos”.
La mayoría estudiantil (independientes y de izquierda) reclamó que la asamblea se haga antes del 22 de noviembre. Pero no prosperó. El rector Jaim Etcheverry afirmó que “el primer mandato de la última asamblea es que el Consejo Superior elabore los proyectos para debatir en la asamblea a partir de las propuestas que se presenten”. El decano de Odontología, Máximo Giglio, argumentó que “sería aventurado fijar una fecha antes de tener el orden del día”. Y Aníbal Franco, consejero por profesores, retrucó al pedido de los alumnos: “Fijar esa fecha sería imposible, por cuanto estaremos recibiendo proyectos hasta el 29 de noviembre”.
“Hay temor de que el Gobierno aproveche el cambio de los estatutos para imponer la Ley de Educación Superior”, admitió a Página/12 un consejero superior. Cuando se promulgó esa norma, en 1995, la UBA y otras casas de estudios recurrieron a la Justicia para evitar tener que adecuarse a ella, entre otras razones porque habilitaba el arancelamiento de los estudios de grado. Gracias a una medida judicial favorable, la UBA se ha mantenido fuera de su alcance. Por ese temor, el Consejo Superior le encomendó al rector “que obtenga asesoramiento jurídico sobre las virtualidades de la realización de la asamblea”. El decano de Agronomía, Fernando Vilella, explicó en la sesión: “Hasta no tener perfecta claridad de los aspectos jurídicos, no habría que avanzar más, no habría que fijar fecha para la asamblea. Pero tampoco se debería usar esto para frenar el proceso”.