Se presentó en el Senado un proyecto de ley para impedir el acceso a la carrera docente en el nivel superior a personas que “hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad” o que tengan proceso judicial abierto. Tampoco podrán dictar clases quienes hayan ejercido cargos académicos relevantes durante la última dictadura. Se propone además que en ninguno de los casos puedan integrar órganos de gobierno y en las universidades privadas se tomará como “antecedente negativo excluyente” para lograr la autorización provisoria o permanente.

“La memoria nos demanda un ejercicio permanente para apuntalarla y este proyecto está ligado al mejoramiento en la calidad de las instituciones de Educación Superior”, aseguró a Página/12 la senadora del Frente para la Victoria Blanca Osuna, autora del proyecto. La iniciativa busca limitar el ingreso a la carrera docente “a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, en cualquier grado y participación, instigación y/o encubrimiento u ocultamiento” de los hechos cometidos “entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983”. Aquellas personas que “tengan un proceso judicial abierto, cuando existan pruebas fundadas suficientes de participación en tales delitos en cualquier etapa del proceso judicial” tampoco podrán ingresar a dar clases en las aulas universitarias. Pero además se plantea que quienes hayan desempeñado cargos de gobierno como “rector, vicerrector, o secretarios de universidad nacional y/o provincial, decano y vicedecanos” también tendrán impedido el acceso. Todos tendrán vetados los cargos de gobierno en las casas de estudios.

El texto de la propuesta fue armado “con las respectivas consultas a distintos actores de la Educación Superior y legisladores. Y resalta el papel paradigmático, ejemplificador y modelador que cumplen los docentes” en las casas de estudios. Osuna destacó que la iniciativa se encuadra en la política que se llevó adelante desde el Estado a partir de 2003, que “revirtió el proceso de institucionalización de la impunidad y los fallos que declararon la inconstitucionalidad de los decretos de indulto a los genocidas”. El punto planteado por Osuna es objeto de preocupación por parte de los legisladores, ya que en la Cámara baja la diputada del Movimiento Libres del Sur Victoria Donda, nieta recuperada por las Abuelas, también tiene un proyecto vinculado con la problemática, aunque enfocado hacia una nueva ley de educación superior que regule todo el sistema, al igual que el proyecto presentado por Adriana Puiggrós, del FpV.

Osuna resaltó que la necesidad de este proyecto surgía “porque nunca hubo una clara decisión política sobre este tema. No hay un control sobre este tipo de situaciones en las universidades”. Uno de los ejemplos más claros, si bien fue en una universidad privada, sucedió en la Universidad de Concepción del Uruguay. Allí, en la Asociación La Fraternidad, revistaba en 2007 el coronel Benito Palomo, a cargo de la tesorería de la entidad. La UCU decidió realizar un homenaje al periodista asesinado por la dictadura Rodolfo Walsh y Palomo intentó boicotearlo con el argumento de que se estaba “homenajeando a un terrorista”. Al trascender su pasado, el militar fue reconocido como represor con legajo 4636 de la Conadep que había participado junto a Antonio Domingo Bussi en Tucumán durante la dictadura, lo que determinó su salida de la institución.

Por ello, para las universidades privadas también plantea imponer la restricción. El artículo 3 del proyecto dispone que “la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y el Ministerio de Educación” tengan en cuenta y valoren “como antecedente negativo excluyente si el plantel docente o administrativo” de las casas de estudios “cuenta entre sus miembros con personas” que hayan participado activamente como académicos o en cargos políticos de la dictadura militar.