Presupuesto y regalías

Por Héctor Hugo Trinchero *

El Consejo Superior incorporó al presupuesto de la UBA los fondos provenientes de la aplicación de la ley 14.771. Esta ley, que data de 1958, dispuso la creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) para explotar el yacimiento Farallón Negro-Alto de la Blenda, en Catamarca. Para su explotación, YMAD ha creado el complejo minero La Alumbrera para la extracción de cobre y oro, empleando hoy a 1800 trabajadores. Las utilidades de este ente minero tripartito gestionado por el Estado provincial, la Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del yacimiento) y el Estado nacional se destinaron fundamentalmente a la provincia de Catamarca (60 por ciento) y a la construcción de la ciudad universitaria de Tucumán (40 por ciento). La ley establece que la mitad de las regalías pueden, en determinadas condiciones, ser distribuidas entre las demás universidades del Estado (artículo 18º ‘c’). Como esas condiciones se han dado y la construcción de la ciudad universitaria en Tucumán se realizó, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió la asignación de los fondos correspondientes al sistema universitario.

Se han hecho señalamientos en torno de que dicho emprendimiento minero es altamente contaminante y, por ende, peligroso para la salud de la población, y como tal repudiable como modelo de desarrollo. En otros informes se asegura que esto no es así, ya que dicho emprendimiento no utiliza en su método extractivo el denominado proceso de cianuración, y que por otra parte el modelo de gestión ambiental usado es avalado por organismos de seguimiento internacionales que regulan la actividad.

Para el caso corresponde distinguir que una cuestión es el impacto ambiental de la actividad minera y otra muy distinta votar la incorporación de fondos transferidos por ley a la universidad pública. En este sentido, me interesa señalar dos cosas. La primera es que voté a favor para que el tema pase a comisión con el objetivo de que tenga un tratamiento más exhaustivo y pormenorizado (moción que fue desestimada, ya que obtuvo sólo nueve votos), aclarando que, no obstante, no encontraba argumentos sustentados para no votar la propuesta. La segunda es que tras un breve debate, la moción de voto por la incorporación de esos fondos se completó con un punto en el cual se encarga al rector la formación de una comisión de expertos y especialistas de la UBA en producción minera e impacto ambiental, social y desarrollo sustentable.

La moción así presentada y votada fue consistente, ya que se trata de dos temas distintos. Sobre el primero, mi posición fue clara: no incorporar ese dinero al presupuesto (que como todo dinero puede ser considerado sucio, o como se lo quiera tildar, ya que hablamos de la madre de las mercancías del sistema capitalista) nos llevaría a renunciar al presupuesto mismo de las universidades públicas que, como todos sabemos, se compone de otros dineros procedentes de actividades muy cuestionables. Por ejemplo, de las retenciones a la producción sojera, actividad que al incorporar como mercancía estrella de la producción de dicha leguminosa al glifosato no sólo contamina, sino que su expansión hacia los márgenes del espacio agrícola nacional expulsa población campesina e indígena de sus ámbitos de producción y reproducción y, paralelamente, desplaza otros cultivos en las regiones más productivas, poniendo en crisis la capacidad alimentaria de la población, como lo demuestran muchos estudios al respecto. Otro ejemplo de ello son los impuestos provenientes del tabaco, entre tantos otros.

Se dice y mal informa que éste es un fondo de la empresa hacia las universidades. No es así, constituye una transferencia de regalías al sistema universitario impuesta por una ley. Un grupo importante de investigadores, a quienes aprecio y considero referentes importantes de las ciencias sociales, firmaron una nota por la no incorporación y en un comienzo me hicieron dudar, al igual que un comunicado de nuestro querido Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pero con toda honestidad intelectual creo humildemente que en este caso están errados, pues enlazan dos cuestiones que deben distinguirse claramente, salvo que pongamos en cuestionamiento absoluto al sistema universitario público. Aclaro que en ningún momento argumenté en el Consejo Superior que toda actividad humana contamina (algo que es obvio y por lo tanto no puede considerarse un argumento), sino que para analizar el impacto de la actividad la ecuación a considerar no sólo es ambiental, sino también social. Consejeros investigadores y mejores conocedores del tema que yo fundamentaron sobre algunos aspectos técnicos. Desde mi punto de vista, la cuestión de si hay o no contaminación que sobrepase los estándares internacionales no es algo sobre lo que pueda especularse, ya que existen organismos que lo hacen, controlan y certifican. Si lo hacen bien o mal es un tema de gran trascendencia, pero escapa a la índole de la votación realizada. La cuestión, insisto, es el sinsentido de no aceptar la incorporación al presupuesto de recursos de un organismo del Estado, establecidos por ley. Aún más, no es necesario ser especialista en minería para deducir con facilidad a quién se beneficiaría con semejante actitud.

El consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras acaba de pronunciarse por la formación de una comisión de trabajo para que en un plazo de un mes incorpore opiniones, investigaciones, documentación y todo tipo de datos que nos puedan acercar los especialistas de distintas disciplinas para aportar a la comisión creada por el Consejo Superior con propuestas concretas, principalmente si existen áreas vacantes de investigación independiente en estos temas.

* Decano de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Una discusión necesaria

Por Norma Giarracca *

En 2001, algunos miembros de la Universidad de Buenos Aires nos sentimos profundamente avergonzados por la sospecha de una serie de manejos institucionales corruptos que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires decidió investigar, relacionados con el uso indebido de planes sociales orientados a jóvenes desocupados que se utilizaban para estudiantes cercanos a la gestión. Sumado a eso, un hecho de parecidas características sucedía en nuestra Facultad de Ciencias Sociales, donde la propia población de un barrio acudía a reclamar dineros supuestamente robados. Algunos profesores apoyamos la investigación llevada a cabo por Alicia Oliveira desde la Defensoría, pero nunca tuvimos información acerca de sus resultados. No obstante, las autoridades tanto en el nivel de universidad como de facultad perdieron la elección a fines de ese año.

En aquellos tiempos manifesté en diversos espacios que no podía sostener las décadas de trabajo universitario relacionado con los sectores populares, sus sufrimientos sociales, sus resistencias, sus estrategias de reproducción social, en una institución teñida por sospechas de estafar los dineros destinados a ellos. Sentía que mi soporte institucional, del que siempre me había sentido orgullosa, se resquebrajaba para dejarme suspendida en el aire. Hoy, nuevamente, me acompaña ese sentimiento.

En estos días, ya no “algunos” sino muchos universitarios sentimos una profunda congoja por pertenecer a una institución que, junto al resto de las universidades públicas, acepta a través de YMAD dinero de la empresa minera La Alumbrera, procesada por el delito penal de contaminación. Algunos decanos sostienen que la UBA sólo protestó porque el reparto de esos dineros contaminados se hace en partes iguales y no proporcionalmente al tamaño de la institución. “Las universidades aprobaron sin debate el reparto de 86 millones de pesos provenientes de La Alumbrera, cuyo vicepresidente está procesado por presunta contaminación”, informó Página/12.

No reflexionaré acerca de la conducta del sistema de universidades públicas, pues hay colegas que lo han hecho muy bien. Mi deseo es interpelar a las autoridades de la UBA. Pertenezco a su claustro docente –con interrupciones voluntarias y forzadas– desde 1968, cuando fui nombrada “ayudante de segunda” por ser aún estudiante. Esta institución, aun con la política de convenios desatada como en todo el sistema y con su deterioro institucional, ha logrado mantener una sana capacidad crítica en muchos espacios de sus claustros y de sus unidades académicas. La crítica es posible en la UBA, ninguno de sus miembros “se cuida” para expresar sus pensamientos; es la universidad que tiene uno de los movimientos estudiantiles más activos; que está abierta a cualquier organización e inquietud de la sociedad; es la universidad del Plan Fénix en pleno neoliberalismo; es el espacio al que cualquier luchador social acude y tiene un micrófono abierto; es la institución donde mayor cantidad de grupos estudiantiles autónomos y de todas las disciplinas desarrollan importantes iniciativas educativas, sociales, culturales con la población de todo el país. Por eso, vale la pena interpelar a sus autoridades para que revean esta aceptación de dinero de una empresa con un proceso penal por contaminación para no manchar nuevamente sus principios y avergonzar a parte de su comunidad.

Nuevamente, sostengo que en el contexto actual las investigaciones que se proponen contribuir a una sociedad mejor, a una sociedad donde valga la pena vivir, pierden sentido si la institución que las pone en marcha recibe dinero manchado por la contaminación y el sufrimiento social. La UBA es un espacio privilegiado para el debate sobre qué sociedad queremos y podemos construir siempre y cuando se mantenga su autonomía y libertad de pensamiento y, sobre todo, se mantenga como espacio deliberativo, donde decisiones tan importantes como ésta, que compromete su futuro, no queden reducidas a ese mero lugar de “las autoridades”.

* Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).