La sanción de la ley que crea un régimen jubilatorio especial para los docentes universitarios choca con el estatuto de la UBA. Mientras la nueva norma establece que los profesores pueden jubilarse a los 70 años, las reglas vigentes en la universidad obligan al retiro a los 65. Los sindicatos docentes ya le reclamaron al Rectorado la aplicación textual de la ley y los funcionarios advirtieron que “no es tan lineal su aplicación”, porque puede haber “más de una interpretación del artículo en cuestión”. El tema está ahora bajo análisis de la Comisión de Reglamento e Interpretación del Consejo Superior. Los gremios igual preparan amparos judiciales, en caso de una resolución contraria a sus pedidos.

“La ley es muy clara. Otorga un derecho a los docentes y cada universidad tiene que adecuarse a lo que indica la ley”, dijo a Página/12 el secretario general de Aduba, Daniel Ricci. Sucede que la nueva ley establece que “ante la intimación del empleador los docentes universitarios podrán optar por permanecer en la actividad laboral durante cinco años más”, respecto de la edad jubilatoria: 65 para los hombres, 60 para las mujeres. Esto confronta con el artículo 51 del estatuto de la UBA, que tiene autonomía para fijar su propia normativa: “Todo profesor regular cesa en sus funciones para las que ha sido designado el 1º de marzo del año siguiente a aquel que cumple 65 años de edad”.

El reclamo lo elevaron los gremios una vez que fue reglamentada la ley jubilatoria, hace unas semanas atrás. Se reunieron con las autoridades académicas y plantearon que debían ajustarse a derecho y no intimar a los docentes para que se retiren a los 65, como es corriente en la universidad. La Asociación Gremial Docente (AGD) presentó un proyecto al Consejo Superior para “suspender el artículo 51 del estatuto”, que fue enviado a la Comisión de Interpretación y Reglamento. También hubo presentaciones realizadas en forma directa “por algunos profesores que ya cumplieron los 65 años”, según indicó el secretario general de la UBA, Carlos Mas Velez.

“La situación es compleja, porque el articulo 51 no obliga a la jubilación, sino que hace referencia a una intimación al cese en la función. Esencialmente tiene que ver con la relación laboral que se establece entre los profesores y la UBA, que es de empleo particular”, detalló Mas Velez. “Lo que entendemos es que no es tan lineal la aplicación de la ley como se plantea.” La comisión del Consejo Superior le solicitó a “la Facultad de Derecho que realice un relevamiento técnico sobre el tema”, que estaría listo esta semana, para tomar una decisión “con mayor claridad sobre la interpretación del artículo”, señaló el secretario general de la UBA.

No es la primera vez que el articulo 51 del estatuto genera controversia al interior de la UBA. En diversos casos, sectores de la comunidad académica han planteado la necesidad de permitir la continuidad de profesores mayores de edad, sin la necesidad de que sean designados consultos o eméritos. En ese sentido, hace casi diez años hubo un fuerte reclamo en la Facultad de Ciencias Sociales. El argumento contrario, también esgrimido por diversos sectores, apunta a la necesidad de permitir la renovación generacional en los cargos más altos de la jerarquía docente: si las cátedras continúan dirigidas por profesores mayores, los jóvenes se ven acotados en sus posibilidades de desarrollarse. “Hay grupos de graduados, sobre todo en las facultades más grandes, que se oponen a la continuidad de los profesores, porque esto les impide el ingreso y el ascenso en la carrera docente”, dijo María Inés Vignoles, secretaria general de Feduba.

“Si el Consejo Superior resuelve de manera desfavorable se generará una crisis jurídica. Pero está claro que el docente que opte por continuar tiene sus derechos laborales garantizados”, afirmó Néstor Correa, líder de la Asociación Gremial Docente (AGD). A la espera de lo que resuelva la Comisión de Interpretación del cuerpo, los tres gremios docentes que funcionan en la UBA ya tienen preparados los formularios –en algunos casos ya comenzaron a presentarlos– para los docentes que quieran optar por continuar en actividad, tal como establece la ley que recuperó el régimen jubilatorio especial. Además, los gremios docentes presentarán amparos judiciales en caso de que la UBA resuelva de forma negativa.