Anunciada y postergada en los últimos años, la discusión por una nueva ley que regule el sistema universitario nacional reapareció en las últimas horas. Fue tratada en una reunión entre 31 rectores universitarios y la Presidenta, realizada el miércoles pasado, y ayer el secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, aseguró que se está trabajando “para avanzar” hacia una norma que reemplace a la sancionada bajo el menemismo. La discusión, no obstante, está atravesada tanto por las diferencias existentes en el Congreso a partir de la nueva conformación parlamentaria, así como por las resistencias que genera un posible cambio en las universidades privadas e incluso en diversos sectores de la educación pública. Quizá por eso legisladores y estudiantes consultados por Página/12 descrean de que se avance en lo inmediato en el debate.

“La pluralidad que existe en las universidades hace necesario el consenso, lo que la ley anterior no tuvo, porque salió en contra de lo que la mayoría de las universidades pensaban. Todo este tiempo se estuvo trabajando con la enseñanza pública, privada, los gremios y los legisladores para avanzar en la ley”, dijo el radical Dibbern, titular de la SPU. El impulso oficial de una norma que reemplace a la Ley de Educación Superior (LES), vigente desde 1995, estuvo plagado de dificultades en los últimos años, por las diferencias entre las universidades y las fuerzas políticas. “Hay voluntad de trabajar en una ley marco, pero en Diputados está parado el tema”, afirmó a este diario el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Oscar Spada.

Anteayer, Cristina Fernández de Kirchner recibió a 31 rectores de universidades nacionales. La reunión estaba convocada específicamente porque los rectores querían acercarle a la Presidenta su apoyo al pago de la deuda con reservas, aunque también se trató “muy por encima” la elaboración de una nueva ley para el sector. A fines del año pasado, Dibbern citó por separado a algunos legisladores, rectores y dirigentes estudiantiles para mostrarles un borrador del documento en el que estaba trabajando. “En gran parte está basado en el proyecto de ley que ya estaba terminado en Diputados”, confió una fuente académica, en referencia al proyecto que la Comisión de Educación había elaborado tras un largo proceso de consulta y debate con diversos actores políticos, educativos y sociales.

“Somos escépticos en que haya voluntad de tratar la derogación de la ley y la promulgación de una nueva. Los últimos dos años plantearon que se iba a discutir y no pasó nada”, señaló Pablo Domenichini (Franja Morada), presidente de la Federación Universitaria Argentina. Los estudiantes también se debaten al interior de la FUA porque “vemos que no avanza y queremos que se derogue esta ley y que se la reemplace por una con el espíritu reformista que corresponde”.

Pero el conflicto político después de las elecciones legislativas del año pasado cambió el panorama hacia el interior del Congreso. La federación estudiantil apoyaba el proyecto que había elaborado la Comisión en Diputados. Ahora diferentes sectores del radicalismo se encuentran detrás de un nuevo proyecto propio para presentar en el Congreso. El martes próximo se reunirán en el Comité Nacional de la UCR el presidente partidario, Ernesto Sanz, los senadores y diputados que integran las comisiones de Educación y los representantes estudiantiles de Franja Morada para debatir sobre una nueva ley universitaria.

“Sostenemos la firme voluntad de todos los actores para debatir una nueva ley”, aseguró la senadora oficialista Blanca Osuna. En los pasillos del Parlamento se desconfía de la voluntad que tienen algunos rectores, cómodos con la LES y que no verían con desagrado que la ley siga tal y como está. “Existe expectativa de que este tiempo extenso de espera no opere a favor de los sectores más conservadores de las universidades. Esperamos que los funcionarios puedan despegarse de la posición corporativa porque es evidente que en la SPU quieren que la nueva ley se sancione”, confió un legislador a este diario.