La UBA se pronunció a favor de la modificación del matrimonio civil y apoyó formalmente el proyecto que “contempla el casamiento civil entre personas del mismo sexo y que resta ser tratado en la Cámara de Senadores de la Nación”. El aval sobrevino en forma de resolución del Consejo Superior, que también se encargó de “repudiar cualquier forma de discriminación por orientación sexual o identidad de género en nuestra Universidad y en nuestro país”. La resolución, además, reafirma la pertinencia de que la Universidad acompañe procesos de cambio social, al tiempo que reivindica la necesidad de diferenciar Estado de religión.

Los antecedentes que ponen en perspectiva el apoyo son amplios y refieren tanto el contexto nacional como el internacional. El primero de ellos recuerda la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de diciembre de 2008, que “reafirma el principio de no discriminación y exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género”, al tiempo que solicita a los Estados que tomen “las medidas, en particular las legislativas y administrativas”, para garantizar que esas opciones no puedan originar “sanciones penales, en particular ejecuciones, arrestos o detenciones”. Además, la UBA reconoce “la lucha por la libertad e igualdad” que, “desde hace décadas”, llevan adelante “organizaciones que defienden los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual”.

Luego de recordar los antecedentes internacionales de leyes similares a la que se encuentra actualmente en trámite parlamentario en Argentina (las leyes ya sancionadas en ciernes como en Holanda, España, México, Portugal, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Uruguay), la resolución enfatiza la necesidad de que las normas se adapten a los usos y las dinámicas sociales, porque “existe una necesidad imperiosa de separar las injerencias del Estado de las de la religión”. Puesto que “el matrimonio, como institución civil, es diferente del matrimonio religioso”, no corresponde que esté “restringido por cuestiones de género u orientación sexual”. Durante el siglo XIX “sólo existía el matrimonio eclesiástico” y eso cambió cuando “la ley de matrimonio civil constituyó una ampliación de los derechos civiles”, tanto como, “un siglo después”, la ley de divorcio vincular “también amplió estos derechos civiles”. A 23 años de ese último cambio, “el matrimonio (legal) entre personas del mismo sexo será una profundización equivalente al matrimonio civil y al divorcio vincular”.

“Hay que modernizar y rejuvenecer los códigos y las normas legales que no se han ajustado a los cambios sociales con el correr del tiempo”, enfatizó en diálogo con este diario Manuel Quinteros, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, en cuyos claustros “realizamos debates sobre el proyecto ya desde el año pasado” y cuya decana, Mónica Pinto, hace unos días, concurrió al Congreso para expresar y explicar su apoyo al proyecto.

La resolución, que implica que tanto estudiantes como autoridades, docentes y graduados apoyan la ampliación del matrimonio civil, sobreviene en pleno trámite parlamentario y fue recibida con satisfacción por las organizaciones de la diversidad sexual. “Es importante y emocionante que los ámbitos académicos se pronuncien públicamente a favor” del proyecto y de la no discriminación “como un principio fundamental en la construcción de una sociedad para todos y todas”, declaró César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). “La expresión de los claustros académicos a favor de la igualdad contribuye a un profundo cambio cultural que privilegia el respeto a la diversidad y la dignidad”, aseveró la presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid.