“Las experiencias internacionales muestran que no existen casos donde las universidades hayan estado ausentes en la definición y construcción de modelos de sociedades integrados y productivos.” Bajo ese espíritu y como cierre de una serie de encuentros realizados durante todo el año, con el acento puesto en aportes que contribuyan a un desarrollo “sustentable, soberano y con justicia social”, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hicieron ayer un plenario extraordinario en la capital bonaerense, que concluyó con la Declaración de La Plata. Martín Gill, presidente del CIN y rector de la Universidad de Villa María (Córdoba), caracterizó el documento como el resumen de un “trabajo intenso” que “toma la historia del sistema universitario, mira al presente y desde allí proyecta su futuro más próximo”.

“Una de las cosas que haremos, en primer término, es utilizarlo como una instancia e instrumento de debate para la sociedad y para las universidades”, adelantó Gill, abogado de 37 años y el rector más joven del país. Aseguró, además, que cada universidad podrá disponer del documento –que promueve el compromiso del sistema público de educación superior para participar en “la definición de estrategias que hacen al bien común”– e incorporarlo como un insumo del proceso formal educativo, haciendo partícipes, a su vez, a los consejos superiores y directivos de las casas de estudios.

Con el lema “Desafíos de la Educación Superior: del Bicentenario de la Patria al Centenario de la Reforma Universitaria”, los rectores del CIN consensuaron el texto “Las universidades públicas en el año del Bicentenario”, cuyo propósito es realizar un aporte “crítico y reflexivo”. El miércoles por la noche, los rectores le presentaron el documento a Cristina Fernández, en la Casa Rosada, donde la Presidenta abogó por “profundizar la articulación entre sociedad y universidad a fondo”.

La reunión de ayer, en La Plata, fue el cierre de foros de debate realizados a lo largo del país: “En el plenario de Rosario, en marzo, establecimos una agenda del Bicentenario que tuvo como objetivo desarrollar encuentros en el interior sobre tópicos que representaban desafíos para la agenda de las universidades públicas”, contó el titular del Consejo Interuniversitario. La redacción final de la Declaración de La Plata fue producto de debates realizados en torno de cuatro ejes: Universidad e inclusión, Universidad y desarrollo, Universidad y conocimiento y Universidad y ciudadanía.

La reunión de ayer en la mañana albergó a rectores de universidades públicas nacionales y de institutos universitarios, en un predio acondicionado como una vieja estación de trenes. El encuentro duró tres horas y, además de la Declaración de La Plata, se aprobó un repudio a los hechos de violencia que tuvieron lugar el miércoles en Avellaneda y Barracas y que terminaron con la muerte de Mariano Ferreyra. También hubo un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Adolfo Torres, rector de la Universidad del Nordeste.

El rector de la universidad anfitriona (UNLP), Fernando Tauber, se pronunció por la consolidación de un sistema universitario que tenga “como meta principal fortalecer los vínculos con todos los sectores de la comunidad”. En ese sentido, Gill destacó que las universidades públicas “tenemos mucho para hacer y no basta con ofrecer nuestras potencialidades, sino que debemos asumir nuestras responsabilidades como actores sociales de un sistema que se sostiene con el esfuerzo de todos los argentinos: no sólo de los que pagan sus impuestos, también con el esfuerzo de quienes sufren exclusiones”. Detrás de estos planteos está en discusión una redefinición del concepto de autonomía, como señaló a Página/12 Martín Gill, donde sin abandonar la visión que la entiende como “una defensa de intromisiones o ataques de gobiernos de facto”, la universidad en democracia precisa asumir “un ejercicio responsable de la autonomía”, lo cual implica ejercer el “compromiso social”.

–¿Y cuáles serían esos compromisos?

–En el documento hemos mencionado la participación que las universidades han tenido en el tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la aplicación del Sistema Argentino de Televisión Digital –fundamentalmente, en la producción de contenidos–, en el programa estratégico agroalimentario y agroindustrial o el programa estratégico de investigación y desa-rrollo que llevamos adelante junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Acciones como éstas nos muestran una universidad fuertemente comprometida con la sociedad y su entorno. Por eso creemos que debe cumplir ese rol. Máxime cuando, en sociedades globalizadas como en la que vivimos, el conocimiento adquiere un valor estratégico para la producción y el desarrollo del país. La responsabilidad implica que las universidades formen no sólo profesionales con calidad en su disciplina, sino fundamentalmente ciudadanos comprometidos con la democracia, la libertad, la justicia social, los derechos humanos y la vida. Mayor y mejor educación es generador de mayor y de mejores oportunidades para las personas y el país. Por eso, el conocimiento asume un rol altamente trascendente. De allí la responsabilidad que las instituciones dedicadas a la producción de conocimiento, como las universidades, tienen en esta hora.