La postergada reforma de la Ley de Educación Superior (LES), la única norma educativa que continúa vigente desde el menemismo, no será abordada por el Congreso este año. “La mayoría de los diputados estamos de acuerdo en que es necesario un nuevo sistema de educación superior, pero la coyuntura electoral no ofrece las mejores condiciones para consensuarlo”, dice la diputada Adriana Puiggrós (FpV), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja. “El problema son las urgencias, que no pueden esperar”, advierte. Con esa idea, presentó dos proyectos que apuntan a principios críticos o sensibles. El primero considera la educación universitaria como un bien social y cierra la posibilidad de arancelarla, abierta por la ley sancionada en 1995. El segundo proyecto impulsa un paquete de beneficios para la permanencia y el bienestar de los estudiantes. Cosa que la ley vigente no garantiza.

“La problemática de la Ley de Educación Superior viene a cerrar un ciclo de reformas necesarias, un ciclo que empezó con las otras leyes sobre educación que se sancionaron desde 2003”, amplía Puiggrós, en diálogo con Página/12. Se refiere a las leyes de Educación Técnico Profesional, de Financiamiento Educativo y de Educación Nacional, que dan base, en palabras de la diputada, a la modificación que ahora busca. Reafirmar que la educación superior no es un bien transable, sino que es un bien social, público y gratuito, y garantizar un paquete de beneficios, es decir, becas, comedores, albergues, entre otros, para la protección de los estudiantes, son las caras de los dos proyectos que Puiggrós busca debatir en los próximos días en la Comisión de Educación.

Los dos nuevos proyectos proponen:

- El carácter libre y gratuito de la enseñanza de grado, que fija la prohibición de imprimirle cualquier tipo de gravamen –actualmente, varias universidades aplican aranceles–.

- La garantía de la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso de la educación superior, para quienes hayan terminado sus estudios secundarios y así lo requieran.

- La libertad de asociación en centros y federaciones de estudiantes, y de participación en el gobierno de la instituciones.

- El acceso a subsidios, comedores, residencias, guarderías infantiles, bibliotecas, campos de deporte. Así como el acceso a orientación profesional y laboral.

- Que los edificios de las instituciones educativas respondan a normas de seguridad, higiene y funcionalidad del espacio.

- La derogación de los artículos 13 y 14 de la ley 24.521 (LES), referidos a derechos y obligaciones de los estudiantes.

“Estos proyectos –agrega la diputada Puiggrós– podrían complementarse con el proyecto de ley de boleto estudiantil, que moviliza a muchas agrupaciones universitarias”, y cuyo texto se encuentra ahora en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Su objetivo central es dar una respuesta definitiva a la problemática del transporte para los estudiantes, y facilitar el acceso a las instituciones educativas de todos los niveles. Este proyecto propone establecer:

- La gratuidad del transporte urbano para estudiantes de niveles de escolaridad obligatoria.

- El descuento del 50 por ciento del valor del boleto vigente a estudiantes terciarios o universitarios.

- El derecho de estudiantes de niveles inicial y primario a viajar acompañados por un mayor de edad, que pagará la mitad del valor del boleto mínimo vigente.

Desde 2008, la Comisión de Educación de Diputados puso en marcha un programa de consultas para conocer las distintas opiniones que la comunidad educativa pudiera tener de cara a una nueva LES, que es el objetivo final de la diputada Puiggrós. Se abrieron más de 90 encuentros y jornadas de debate, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Chubut. De los planteos realizados por los principales actores, los consejos de rectores (CIN y CRUP), federaciones de alumnos y docentes (FUA, Conadu, Conadu Histórica, Fedun), los trabajadores no docentes (Fatun), organizaciones sociales, barriales e intelectuales, la comisión extrajo algunas conclusiones: la educación es un bien social y no un bien de mercado; las instituciones universitarias deben tener autonomía y autarquía; hacen falta más becas destinadas a estudiantes; debe establecerse un sistema de créditos académicos que reconozca las sucesivas etapas de las carreras cursadas. En fin, temas y argumentos que todavía esperan un debate legislativo.

Informe: Agustín Saavedra.