“La universidad tiende a desjerarquizarse”, advirtió Daniel Malcolm, nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. En diálogo con Página/12, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, elegido la semana pasada para encabezar durante seis meses al CIN, adelantó que mañana habrá un fuerte reclamo por el incumplimiento presupuestario en que se repite el Gobierno. Y alertó sobre las consecuencias que el desfinanciamiento está produciendo en las casas de estudios.
–¿Qué reclamo le van a hacer los rectores al Gobierno?
–Preparamos un documento que ya ha sido enviado a diversas áreas del Gobierno y que el miércoles se publicará como solicitada, donde expresamos nuestro reclamo por numerosos puntos: el atraso en la ejecución de varios programas, como el de incentivos; el atraso en el pago de las cuotas del año pasado para gastos de funcionamiento. Además, estamos recibiendo las partidas para salarios con mucha demora, aunque la semana pasada se nos prometió que esto se va a solucionar. Estamos haciendo un reclamo fuerte porque hay una situación de creciente preocupación. Las demoras presupuestarias continúan y ya se empieza a temer que haya otra subejecución. El año pasado terminó habiendo un recorte del 8 por ciento del presupuesto, que fueron partidas no devengadas y ya no hay forma de cobrarlas. Y hubo otra cantidad similar que, si bien fue devengada, todavía no sabemos cuándo podremos recibir.
–¿En la actual situación están en condiciones de garantizar el comienzo normal de las clases?
–Bueno, cada universidad tiene su situación particular. Hay algunas que están peor y otras no tanto. Pero es cierto que algunas instituciones están en una situación muy grave. El problema es que tenemos un cruce de dos variables, una que baja y otra que sube. La que sube es la matrícula y la que baja es el presupuesto. Si bien tuvimos un aumento nominal del presupuesto para este año, no estamos recibiendo normalmente los recursos. Esto está generando un deterioro general de la universidad pública, en la inversión, en los subsidios para investigación, en los equipamientos, en los viajes, en las bibliotecas y en la posibilidad de comprar revistas y publicaciones. Al no reproducirse los recursos, nos estamos quedando sin reservas. La educación superior, en especial la universidad, necesita ser atendida de otra manera.
–Hace ya varios años que los rectores advierten que el sistema está por colapsar, pero las universidades siguen funcionando.
–El tema es cómo se sigue funcionando. No podemos incorporar jóvenes investigadores, no hay dedicaciones exclusivas y semiexclusivas para los docentes, no se pueden hacer designaciones. La universidad sigue funcionando pero es una universidad que tiende a desjerarquizarse. Habría que ver qué estudiantes estamos formando. Obviamente, todos, desde los alumnos hasta los docentes, hacemos un gran esfuerzo para que la universidad no se caiga. Pero en un momento ya no se va a poder más.
–Al margen del evidente incumplimiento que hace el Estado de su obligación de financiar la universidad, ¿las casas de estudios no deberían revisar el modo en que gastan los recursos?
–Este es un tema que tiene mucho de fantasma. Es muy probable que haya que mejorar toda la gestión del sector público. Pero en la universidad existe un fuerte control institucional. Primero, a través de los consejos superiores de las universidades, donde hay un control político importante. Después, están las auditorías internas que, a su vez, se remiten a la Sindicatura General de la Nación. Y la misma Sigen hace visitas y controles en todas las instituciones. En cuarto lugar está el control que hace el Ministerio de Educación, pidiendo informes sobre alumnos, docentes, gastos, inversiones. Por último, también hay controles de la Auditoría General de la Nación. Son cinco niveles de control y a ellos habría que remitirse antes de agitar espectacularmente este tema. Ahora, yo soy partidario de que la universidad sea más flexible para adecuarse a las demandas de la sociedad. Pero lograrlo no es fácil.
–En el último plenario del CIN se criticó, como ya lo había hecho el rector de la UBA, la incidencia de los partidos políticos y la división de los rectores en dos bloques, uno peronista y otro radical.
–Cualquiera que haya ido al CIN con cierta regularidad, sabe que esto tiene parte de realidad, pero que tampoco es tan así. El diálogo entre los rectores ha crecido muchísimo. Hay una fluidez muy grande, que más de un sector de la sociedad debería envidiar. Pero, por otro lado, no es sencillo encontrar un mecanismo para lograr acuerdos entre dirigentes de instituciones tan importantes y con tanta autonomía como las universidades. Negar esta dificultad sería una gran frivolidad. Y si alguien cree que hay que cambiarlo, esto se logra participando del CIN, desde adentro.
–¿No cree que la injerencia de los partidos atenta contra la autonomía universitaria?
–No creo. Yo soy peronista. A mí nunca el partido me dijo qué tengo que hacer o no hacer en el CIN o en mi universidad.
–¿Qué opina de la propuesta que hizo el rector de la Universidad de Tucumán, de cobrar un bono voluntario a los estudiantes para financiar becas e investigaciones?
–Me parece que es una propuesta que tiene poco espacio. La situación social es hoy tan difícil que pedirle más aportes a la gente sería demasiado complejo. Creo en la universidad pública y gratuita, aunque no me cierro a pensar otra clase de aportes. Pero en la Universidad de San Martín no lo podría plantear, porque no hay posibilidades económicas concretas. Los estudiantes tienen dificultades para cursar. No tienen plata para el colectivo, son intermitentes en su asistencia a clase. Se nota un deterioro muy grande en ellos.