@Una nueva forma de participación ciudadana: la posibilidad de que las universidades nacionales puedan elevar proyectos de ley al Congreso en forma directa. La idea es promovida por la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, y ya hay quince universidades que adhirieron a la propuesta. “Las investigaciones de los docentes universitarios muchas veces terminan en papers, o en congresos, en vez de producir de modo interdisciplinario soluciones concretas para los problemas de la sociedad”, explicó Jaramillo a este diario.

–¿Por qué las universidades deberían tener iniciativa legislativa?

–Las universidades son representativas de la sociedad. Sus autoridades son elegidas por la comunidad universitaria y representan a estudiantes, docentes, investigadores y no docentes. Además, están financiadas por la propia sociedad. De modo que sería pertinente que ellas respondieran a las problemáticas nacionales. Esta propuesta ampliaría las formas de participación ciudadana, y a la vez es un llamado a los académicos a comprometerse, a contribuir en la definición de las políticas públicas que busquen un desarrollo nacional con inclusión.

–¿Cómo se plantea llevar adelante la propuesta?

–La idea es que llegue a Diputados o al Senado, para que tomen la iniciativa, la analicen, y pueda tratarse. Esto no va en desmedro de ellos, no es para sustituirlos, todo lo contrario. El legislador estaría mucho más acompañado por una densidad académica que podría enriquecer su trabajo. Además, siempre contarán con su decisión de apoyo o no a las propuestas que se hicieran desde las universidades.

–¿Qué impacto puede tener en la universidad la aprobación de un proyecto así?

–La enseñanza y la investigación cobrarían otro sentido, porque definirían proyectos que buscan soluciones concretas. Y es una manera, también, de que los jóvenes sepan que cualquier transformación pasa siempre por un proceso de consenso. Es una forma de educar en democracia. Además, reuniría a las universidades entre sí. Podríamos abordar los temas interdisciplinariamente. De hecho, ya hay quince universidades que adhirieron a este proyecto, entre ellas están UBA, la de Luján, la del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Jauretche, la UTN, la de Quilmes...

–Si se aprobara la iniciativa, ¿cómo sería el procedimiento para que después las universidades eleven proyectos de ley?

–El trabajo tendría el mismo procedimiento que el de cualquier otra participación ciudadana, que está contemplada en el artículo 39 de la Constitución Nacional, donde se otorga, con sus restricciones, la iniciativa de ley a todos los ciudadanos. Nosotros queremos agregarle una nueva forma, otra modalidad de participación en las políticas públicas desde las universidades. Es un privilegio y un derecho, pero sobre todo es una responsabilidad social, porque busca comprometer a los investigadores a garantizar la defensa de los intereses nacionales.

El año pasado, a través de un documento emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades públicas manifestaron su voluntad de participar en la definición de las políticas públicas que apunten al bien común del país y, de esta forma, comprometerse a contribuir concretamente al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad argentina. “Esta propuesta tiene que ver con el desarrollo del país que queremos –dijo Jaramillo–. Cuando se habla de darle un valor agregado a la producción, creo que esto también va en ese sentido. Queremos instalar un modelo industrializador, y para eso contamos con más de cien mil científicos trabajando en las universidades.”

Informe: Agustín Saavedra.