Después de un largo conflicto entre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la Universidad de Buenos Aires, las autoridades académicas confían en normalizar la actividad del Centro Universitario Devoto (CUD), donde la UBA lleva adelante un programa pionero de enseñanza en la cárcel. “La situación parece encaminarse, hay que entender que se desarrolla en un contexto difícil, pero en las últimas semanas las nuevas autoridades del SPF han dado pasos positivos hacia cierta normalización”, dijo a Página/12 el director del programa, Leandro Halperín. La nueva gestión del SPF admitió la reapertura de los cursos y talleres de extensión a toda la comunidad carcelaria; dispuso, a su vez, que la sanción disciplinaria no sea un obstáculo para tener clases; levantó el cierre de la sala de computación, y, por último, buscaría recuperar aquellos internos alumnos desplazados a otros penales por conflictos anteriores. Mientras el SPF y la UBA parecen ahora tomar sendas comunes, en las últimas semanas surgió una nueva preocupación: ante el anuncio oficial de un futuro traslado de la cárcel de Devoto a Villa Mercedes, los mismos presos estudiantes advierten el impacto negativo que provocaría la mudanza en las actividades académicas (ver aparte).

El Programa UBA XXII de educación en las cárceles cuenta en la actualidad con alrededor de trescientos alumnos regulares, y otros trescientos en cursos extracurriculares. Ofrece la cursada de Ciclo Básico Común, las licenciaturas en Abogacía, Sociología, Letras, Psicología y otras cuatro carreras de Ciencias Económicas. Tiene presencia en Devoto, en tres unidades penitenciarias de Ezeiza y en dos de Marcos Paz. Trabajan cerca de setenta docentes y más de tres mil alumnos ya egresaron desde que comenzó a funcionar, en 1986, tras la creación del programa en diciembre del año anterior.

Las desavenencias entre el SPF y la universidad llevan veinticinco años, lo que lleva en vigencia UBA XXII. Pero durante la gestión previa del SPF la situación recrudeció. Según se denunció desde la UBA, el SPF “había suspendido actividades universitarias, había desplazado otras fuera de la órbita del CUD, desarmado pabellones de estudiantes, había trasladado presos estudiantes a otras unidades penales, realizado un allanamiento con fuerzas de seguridad en horario de clase y en presencia de un docente y había secuestrado computadoras”. El año pasado, catorce internos alumnos desarrollaron huelgas de hambre en reclamo del derecho a estudiar. También hubo marchas de docentes y agrupaciones de derechos humanos que, ante el Ministerio de Justicia nacional, exigieron el normal funcionamiento del CUD.

Por su parte, desde la gestión anterior del SPF sostenían que un docente de Derecho del CUD había sido investigado por la Justicia luego de haber ingresado teléfonos celulares que habrían sido utilizados para secuestros virtuales. Así justificaban el allanamiento durante las clases del CUD y las irregularidades a las que el centro se veía sometido. No obstante, nadie desde la UBA recibió notificación de ello, así como ninguna investigación formal fue realizada.

Desde que a principios de este año asumieron las nuevas autoridades del SPF, las cosas cambiaron. El equipo del CUD mantuvo varias reuniones con la nueva administración: “La última fue muy auspiciosa –comenta el coordinador de Sociología del CUD, Marcelo Langieri–. Nos entusiasma que haya tomado una sensibilidad diferente. Las medidas apuntadas por (Víctor) Hortel (actual director del SPF) están en buena dirección, pero yo personalmente las pongo bajo un paraguas, porque todavía deben concretarse. La cuestión que está por definirse es si se plantea al estudio como un beneficio o, como nosotros lo entendemos, como un derecho de los internos”, consideró Langieri.

“Hortel dijo que prefiere que haya educación en la cárcel a que no haya –valoró Halperín–. Quiere que los internos se acerquen a la universidad, aunque sea desde lo extracurricular.” En concreto, el SPF ha tomado ciertas medidas que llevan a la UBA a entusiasmarse con la “normalización del programa”: se ordenó la reapertura de los cursos y talleres de extensión a toda la comunidad carcelaria, que actualmente es exclusiva para quienes cursan alguna carrera (“esto puede ser una gran puerta de entrada”, opina Langieri); se dispuso, a su vez, que la sanción disciplinaria no sea un obstáculo para tener clases; asimismo, se levantó el cierre de la sala de computación, y las computadoras fueron repuestas; por último, habría intenciones de recuperar a los presos trasladados por diversas razones. “Acompañamos el proceso con la paciencia suficiente –advierte Halperín–, pero estaremos atentos para que esto se concrete.”

Informe: Agustín Saavedra.