”Lo que más me ha afectado es que ahora todo el mundo sabe qué edad tengo”, bromeó el profesor Eduardo Grüner y, acaso, la broma escondía algo más: “A los 65 años un intelectual, un docente, un investigador, está en plena etapa productiva. Al menos los casos que yo conozco son una prueba de eso. Podemos citar casos celebrísimos, o celebérrimos creo que se dice, como el de Lévi-Strauss, que murió a los 101 años ejerciendo la docencia”, recordó el ensayista ante Página/12. La conversación se produjo ayer, en un encuentro entre profesores universitarios y la mesa nacional de la CTA que lidera Hugo Yasky. Los reunió el conflicto por la jubilación compulsiva que pretende aplicar la Universidad de Buenos Aires (UBA) a sus docentes mayores de 65 años, pese a que la ley les permite a los docentes optar por trabajar hasta los 70. Alrededor de 650 profesores se ven afectados y sus designaciones caen a mitad de año (ver recuadro). Una de las facultades más perjudicadas es la de Ciencias Sociales, donde la vicedecana advierte que “alrededor del 25 por ciento de las cátedras tendrían que desaparecer”.

La UBA procuraba jubilar a todos los profesores que este año cumplieran los 65, considerando que la ley vigente desde 2009 vulnera su estatuto –sancionado en 1958–, que fija ese límite de edad para ejercer la docencia. Ante los reclamos concedió a las facultades que “de manera fundada y con carácter excepcional” elevaran una “nómina del personal docente” para solicitar la continuidad de los cargos, terminó por designarlos hasta el 1º de julio, cuando lo pautado era que lo hiciera por todo el año.

“Es arbitrario, va contra lo que votaron los consejos directos”, dijo la secretaria académica de Filosofía y Letras, Graciela Morgade. “Demuestra el poco apego a la planificación académica”, dijo la vicedecana de Sociales, Adriana Clemente. Ambas, junto a muchos docentes, participaron del encuentro encabezado por Yasky y convocado por Feduba (Conadu). Las plantas más amenazadas por las jubilaciones son las del CBC, Ciencias Sociales y, en menor medida, Filosofía y Letras. Según datos de Clemente, de las 460 cátedras de Sociales, 100 de ellas “caerían” en 2013 si la UBA no se apega a la ley. Son 180 los profesores afectados allí, es decir, “alrededor del 25 por ciento de las cátedras de Sociales tendrían que desaparecer. Sería un colapso institucional, no podríamos estar empezando el año que viene con un mínimo de previsibilidad”, estimó Clemente.

Para Grüner, “esto revela, hay que decirlo, que la UBA es una de las instituciones nacionales que tiene la mayor precariedad laboral del país. Porque no se trata solamente de los jubilables, como nos llaman, sino del gran porcentaje de docentes ad honorem sosteniendo las trincheras de las cátedras”. El secretario gremial de Feduba, Federico Montero, mencionó uno de los argumentos que esgrime la universidad, el de abrir “la posibilidad de ascenso de los jóvenes docentes. Generemos una política institucional para discutirlo –propuso Montero–. Repensemos las estructuras de las cátedras, pero esto es otra cosa, es un ajuste que va en contra de los derechos de los docentes.”

Yasky se mostró consustanciado con el reclamo: “No sólo para exigir que la universidad respete la ley –dijo a Página/12–, sino porque es una aberración que habiendo en la Argentina generaciones de profesores perdidos por acción de la dictadura, hoy con métodos más sutiles, con un criterio economicista, se tire por la borda a estos representantes de la universidad que son insustituibles”. Yasky aseguró que van a “denunciar” el conflicto en la OIT el próximo 7 de junio.

También para enfrenar las jubilaciones forzosas, la Asociación Gremial Docente (Conadu Histórica) convocó a un acto en la sede Constitución de Ciencias Sociales para el 8 de junio, a las 19. La Conadu Histórica y la CTA de Pablo Micheli compartirán ese día un paro nacional. La jornada incluirá clases públicas en todas las facultades de la UBA, con “clases magistrales” de los docentes afectados, y con la presencia de legisladores y agrupaciones estudiantiles. “Hay una resistencia de las autoridades (de la UBA) a que el imperio de los derechos consagrados por ley rija en forma igualitaria para todos los docentes”, sostuvo el dirigente de AGD Néstor Correa, quien también se refirió a la última resolución de la UBA: “Si el gesto fuera renovar hasta fin de año sería otra cosa, pero las designaciones hasta julio destruyen la administración, las cátedras necesitan un tiempo de previsión. Esto no tiene ninguna racionalidad, ni siquiera reaccionaria”.

Desde el Rectorado de la UBA, el secretario general, Carlos Más Vélez, aseguró a este diario que “las designaciones se fijaron hasta julio, pero igual los docentes van a poder continuar todos hasta fin de año. Todas las renovaciones que pidan los decanos van a salir. Estamos en una transición, es una alternativa que se tomó hasta tanto se resuelva en la Justicia (la UBA apeló el apartado de la ley que habilita la opción jubilatoria hasta los 70 años). Aspiramos a que a fin de año haya novedades en la causa judicial, eso cambiaría todo”.

Informe: Agustín Saavedra.