Los pedidos de inscripción de represores de la dictadura al programa de la Universidad de Buenos Aires en las cárceles siguen generando polémica. A los casos de los tres marinos de la ESMA (Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (hijo) –sobre los que informó este diario en abril–) se suma ahora un hecho que sienta posición frente al debate abierto en la universidad. Un cuarto acusado por delitos de lesa humanidad denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) a un profesor de Sociología que se negó a darle clases. El dictamen del Inadi considera que la “objeción de conciencia” del docente no constituye un acto discriminatorio. No obstante, observa que es “obligación” de la UBA “garantizar al denunciante su derecho a la educación”. La cuestión de fondo –aceptar o no a represores en el Programa UBA XXII de educación superior en cárceles– espera para ser abordada por el Consejo Superior de la Universidad.

Tras el rechazo de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales, que expresaron su negativa a aceptar el ingreso de represores a la UBA, y ante la reprobación de los propios alumnos internos y las denuncias que el gremio docente Feduba trasladó a las autoridades de la universidad, este mes el Consejo Superior conformó una comisión ad hoc para tratar el asunto. La integran, entre otros, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, la diputada nacional Adriana Puiggrós y el profesor de Derecho Raúl Gustavo Ferreyra. Una vez que la comisión presente su informe, éste será tratado por la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, para llegar luego al pleno del cuerpo, donde se espera una respuesta institucional sobre el asunto.

La situación de los represores Rolón, Suárez Mason (hijo) y Donda, detenidos en los penales de Marcos Paz y Ezeiza, todavía es incierta. El director del programa, Ariel Cejas, le aseguró a Página/12 que, en caso de cursar, lo harán en carácter de libres: “No van a ser inscriptos en la cursada regular –aseguró Cejas–. Por diferentes motivos, por los pedidos formulados por los docentes, por las resoluciones de las unidades académicas oponiéndose a la inscripción y porque el mismo Servicio Penitenciario los mantiene separados de la población. Con lo cual, mal podríamos nosotros mezclar en el programa a los detenidos por delitos de lesa humanidad con el resto de los detenidos”. Cejas detalló que los represores “podrían rendir en las mesas de marzo, julio y diciembre, las tres mesas del CBC para alumnos libres”.

A estos casos se agrega la denuncia ante el Inadi que el profesor Rodolfo Raffo recibió de parte de Carlos Jurio, un médico acusado por violaciones a los derechos humanos en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. Jurio, que en rigor no estaba inscripto en UBA XXII, dijo haber sido discriminado porque Raffo se negó a darle clases. Raffo manifestó haber ejercido su derecho a la “objeción de conciencia” y ratificó su rechazo a “dar clases a una persona sobre la cual pesa la razonable sospecha de haber sido partícipe y/o responsable de delitos de lesa humanidad”.

El Inadi, por su parte, estimó que el caso presenta un “conflicto entre dos derechos”: el derecho a la educación que posee el detenido y el derecho a ejercer su objeción de conciencia por parte del profesor. Finalmente, resolvió que “el hecho denunciado no constituye una conducta discriminatoria”, aunque ello se dé “sin perjuicio de la obligación de la UBA de garantizar al denunciante su derecho a la educación”. Apuntó el Inadi: “Es la institución educativa quien tiene la carga de garantizar dicho derecho, pudiendo asignársele al alumno otro docente, quien acepte desempeñar su rol”.

“Es una cuestión de conciencia –dijo Raffo ante la consulta de este diario–. En términos generales, no me niego a que se les dé clases. Sólo que yo no estoy dispuesto a darles clases. Los cargos en su contra me afectan. No es gente chiquita”, manifestó. Su titular de cátedra, Pablo Martínez Sameck, aportó: “El dictamen del Inadi viene bien al debate, aunque en su afirmación no se sale del ‘derecho a estudiar’, y yo encuentro una tensión allí. Tendría mil reparos respecto de si al preso de lesa humanidad le cabe el mismo derecho, porque tengo la sospecha de que su pedido para estudiar no es genuino, creo más bien que están jugando con nosotros”.

Informe: Agustín Saavedra.