“El efecto K llega a la universidad para democratizarla”, se entusiasmó ante Página/12 el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese. Se refería a un proyecto que presentará el Ministerio de Educación para impulsar que las casas de estudios nacionales les otorguen derechos políticos a todos los docentes y profesores, un antiguo y hasta ahora desoído reclamo de los gremios. En general, el derecho a elegir autoridades académicas (rector, decano, consejeros), y a postularse como tales, está limitado a los docentes que accedieron a sus cargos por concurso. Pero como el porcentaje de concursados es muy bajo, sobre todo en las universidades más grandes, el resultado es que la gran mayoría de los 120 mil docentes del sector no tiene representación en el cogobierno institucional y queda excluido de la democracia universitaria.
“Es evidente que las universidades, con la excusa de la falta de presupuesto, tienen muy bajos niveles de docentes concursados, siendo los concursos la base de la democratización”, diagnosticó Pugliese. Si bien es cierto que sustanciar un concurso puede implicar altos costos para las universidades (hay que conseguir jurados independientes y de prestigio, entre otros gastos), más cierto es que restringir el llamado a concursos permite manejar los padrones docentes y evita cambios en las estructuras de poder. Por esas razones, en lugar de concursar cargos se contratan docentes interinos.
“En el ‘83, la normalización de las universidades se hizo con el mínimo necesario de concursos. Y eso nunca avanzó –dijo José Luis Molina, secretario general del gremio Conadu Histórica–. Hoy sólo el 15 por ciento de la planta docente está concursada. El docente interino se ha convertido en la situación normal, cuando debería ser algo excepcional.” Aunque el escenario varía según los casos: “Hay algunas universidades que han superado el 50 por ciento de docentes concursados, como la de Río Cuarto. Y hay otras con menos del 20 por ciento, como la UBA, donde incluso hay facultades en las que la escasez de docentes concursados impide armar una lista opositora de profesores”, agregó el sindicalista.
Anahí Fernández, titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), coincidió: “Una de las universidades más anacrónicas es la de Buenos Aires. Es en la que atrasa más el reloj: tiene dividido el claustro, con profesores por un lado y docentes auxiliares por el otro, como el vestigio de una antigua calificación. Y también mantiene cerrada la participación, exclusiva para los concursados. En la Universidad de Rosario, por ejemplo, participan todos, concursados e interinos”.
La situación está en evidente contradicción con lo normado por la cuestionada Ley de Educación Superior (LES). “Los docentes concursados deberán representar un porcentaje no inferior al 70 por ciento de las respectivas plantas de cada institución”, indica su poco atendido artículo 51, que habilita la contratación de docentes interinos en forma temporaria, “mientras se sustancie el correspondiente concurso”. Luego, en el artículo 55, la ley establece que los representantes de los docentes (y las autoridades) “deberán haber accedido a sus cargos por concurso” y que serán elegidos por docentes también concursados. Para alcanzar el 70 por ciento de concursados, las universidades tenían un plazo de tres años (hasta 1998), excepto las instituciones nuevas, a las que se les dieron 10 años (hasta el 2005). Eso figura en el artículo 78, donde claramente se agrega que “los docentes interinos con más de dos años continuados podrán ejercer los derechos consagrados en el artículo 55”. Pese a la claridad de la frase, un decreto reglamentario de la LES (el 499/95) restringió la participación de los interinos sólo al voto y los excluyó de la posibilidad de postularse.
“El plazo establecido por la LES no funcionó porque era una obligación cuyo incumplimiento no tenía ninguna sanción. Los derechos políticos debenser para todos los docentes por igual. Los interinos no tienen la culpa de que las universidades no hagan los concursos”, apuntó Anahí Fernández.
En ese contexto, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) pretende “darles ciudadanía universitaria a todos los docentes”, aseguró Pugliese. “En este momento estamos definiendo la ingeniería legal necesaria, porque las universidades son autónomas.” Lo más probable es que el proyecto se concrete con la derogación del Decreto 499/95 y con el dictado de una nueva reglamentación transitoria. Esto se conseguiría con un nuevo decreto del Poder Ejecutivo. “Vamos a invitar a las universidades a realizar una nueva tanda de concursos, o a incorporar a todos los docentes mediante un sistema de voto ponderado, o a arbitrar el mecanismo que consideren más conveniente. El objetivo es que todos los docentes tengan derechos políticos.”