Los representantes paritarios de las universidades nacionales están por firmar el primer convenio colectivo de trabajo (CCT) que regulará la labor de los trabajadores docentes de las universidades. La efectiva implementación de algunos de sus artículos implicaría importantes transformaciones en beneficio de los trabajadores. La regularización de los docentes interinos con más de cinco años de ejercicio y el fin del trabajo gratuito son dos de las conquistas más significativas. Sólo en la Universidad de Buenos Aires hay más de 10 mil docentes que trabajan sin percibir salario y la regularidad en algunas facultades no alcanza ni siquiera al 50 por ciento de los cargos.

El problema es que no está claro aún cuál será la fuerza efectiva de la letra del CCT para obligar a las universidades nacionales a adecuarse a la normativa. Si bien las federaciones de docentes lo suscribieron, muchos gremios denunciaron la introducción de artilugios legales que lo volverían inocuo, dado que permitirían a las autoridades ampararse en una interpretación regresiva y oportunista de la autonomía universitaria (tal como lo hizo la UBA con motivo de la ley jubilatoria de 2009).

En cualquier caso, y aunque las universidades no pudieran hacerlo, las transformaciones en beneficio de la docencia no emanarán automáticamente del texto aprobado. Supondrán fuertes disputas hacia adentro y hacia afuera de cada universidad (por ejemplo, por un mayor y mejor distribuido presupuesto universitario). En este contexto, pasó casi inadvertido un problema especialmente preocupante: el futuro de la investigación en las universidades argentinas.

Es un lugar común en los discursos del gobierno nacional y de quienes lo apoyan señalar el empeño y el éxito sin precedentes que tuvo la política en ciencia y tecnología (C&T) de la última década. Suele destacarse el vuelco de recursos hacia el complejo científicotecnológico, que quedó bajo la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creado en 2007. Esta política implicó el triunfo del modelo de desarrollo en C&T que promueve la escisión entre el ámbito de investigación científica (desarrollada básicamente en institutos dependientes del Ministerio de Ciencia) y el de enseñanza superior (bajo la órbita del Ministerio de Educación). Esta estrategia, que imita experiencias de otras partes del mundo, permite un control más directo por parte del Poder Ejecutivo del contenido de las investigaciones, porque logra sortear la autonomía –y, en casos como el argentino, el cogobierno– consagrada por ley a las universidades. Por otra parte, quita del escenario de la disputa sobre C&T a las representaciones gremiales universitarias (docentes y estudiantiles), mucho más fuertes y consolidadas que la de los científicos. Esto facilita el desarrollo de acuerdos con el sector privado, en lo que hace a su inclusión en la financiación y promoción de la ciencia, pero también –y mucho más importante– en lo que hace a la apropiación privada del beneficio. Esto no es un secreto. Por el contrario, es una de las banderas de la inversión en C&T por parte del gobierno nacional. Su fuerte orientación hacia la producción y el mercado está presente en todos los documentos que la orientan, en el discurso que la legitima y hasta en el propio nombre dado al ministerio.

El desplazamiento de las universidades (o su control directo) es condición necesaria para el éxito de este proceso, lo que impacta sobre el trabajo de los docentesinvestigadores que se desempeñan en ellas. Y este CCT se muestra llamativamente débil en este sentido: las menciones a la investigación son prácticamente nulas y los derechos de los docentes en tanto investigadores directamente no existen. Esto corona sutilmente un proceso muy debatido en sus orígenes tras la creación del Conicet (en 1958) entre los científicos de aquel entonces, y, paradójicamente, acríticamente celebrado hoy por muchos que elogian a aquellos que lo cuestionaban.

* Secretario general de AGD (Conadu Histórica) en Filosofía y Letras (UBA), docente e investigador.