Una vez recobrada la democracia en el país, la Facultad de Derecho de la UBA fue la primera en incorporar Derechos Humanos y Garantías como materia obligatoria en su currícula, en 1986. Luego, ese núcleo temático se expandió dentro de la institución bajo la forma de prácticas profesionales, seminarios y una maestría. Ahora, la facultad lanzó su propio Centro de Derechos Humanos, con la idea de capitalizar lo ya sembrado, imprimiéndole a esa nueva unidad el rol de “coordinar y concentrar las actividades”. “Hay una sucesión de eventos que ahora tiene un nuevo jalón”, dijo a Página/12 Martín Sigal, flamante director del centro. La intención es “polinizar” con la perspectiva de derechos humanos toda la enseñanza de esa facultad, de modo que funcione no sólo como una especialización posible, sino como un suelo común para el ejercicio del derecho. Por la cantidad de abogados y abogadas que cada año obtienen su título en la UBA, y su alta participación en ámbitos como el Poder Judicial, los promotores del centro confían en que, en la medida en que se cumpla con los objetivos, la iniciativa tendrá un impacto real en la administración de la justicia.

El centro intentará abordar cuatro núcleos problemáticos del ámbito de los derechos humanos. Por un lado, se abocará a los problemas que asedian a grupos “históricamente discriminados”, que sufren sistemáticamente una vulneración de derechos: mujeres, niños, migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores, entre otros. Por otro lado, estudiará los dilemas a los que se enfrentan las instituciones dedicadas a proteger los derechos humanos: cortes, tribunales, juzgados e instituciones del sistema regional. El tercer eje tiene que ver con “asuntos nuevos”, que surgen a partir de cambios en el entorno, como las nuevas tecnologías y las preguntas que suscitan respecto de temas como la privacidad, el derecho a la intimidad o la libertad de expresión.

La última pata sobre la que se pretende orientar el trabajo consiste en pensar cómo se transforma el derecho a partir de la incorporación de los tratados de derechos humanos al sistema jurídico interno y cómo se deben reformular las forma de enseñar y pensar el derecho. “Hay un desafío grande de convencer a nuestros estudiantes y docentes de que esa perspectiva es necesaria para cualquier disciplina que uno quiera llevar adelante”, dijo Sigal. “Si entendemos a los derechos humanos como una materia que se da en la facultad, estamos perdidos.”

La Facultad de Derecho de la UBA cuenta con cerca de 27 mil alumnos activos y la masividad de los graduados que cada año se reciben genera que los abogados de la UBA tengan una alta representación en espacios como el Poder Judicial. De este modo, si se tiene éxito en la intención de llevar la perspectiva de los derechos humanos a las diferentes disciplinas del derecho, Sigal confía en que la labor del centro tendrá un impacto en la realidad.

El director del centro explicó también que una de la pretensiones es ofrecer a los alumnos interesados en derechos humanos un “ámbito de pertenencia” que los guíe en esa orientación, en contraposición a lo que sucedía hasta ahora: el alumno con estas inquietudes cursaba una materia de derechos humanos al ingresar en la carrera y luego tenía que esperar hasta los últimos años para desarrollar actividades relacionadas con la especialidad.

Desde un lugar de conexión entre la academia y la sociedad civil, el centro intentará “construir conocimiento público” que resulte útil para la toma de decisiones entre quienes ocupan espacios de poder en el Estado. En ese sentido, mediante publicaciones “cortas y claras, desde una perspectiva más bien técnica”, se buscará “facilitar” discusiones sobre temas complejos, generalmente atravesados por intereses y perspectivas diferentes que, al decir de Sigal, suelen generar “ruido” a su alrededor.

Informe: Delfina Torres Cabreros.