La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a funcionarios y ex funcionarios de la Universidad de Buenos Aires por presunto desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Los principales acusados son el actual secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Yacobitti, titular de la UCR porteña y dirigente de la agrupación universitaria Nuevo Espacio; el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas José Luis Giusti; Sergio Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la misma facultad; y Douglas Leopoldo Bordoli, ex miembro del área de Administración del Hospital de Clínicas.

La denuncia presentada por el fiscal a cargo de la Procelac, Carlos Gonella, junto al coordinador del Area de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski, señala la responsabilidad de los imputados en el presunto desvío de fondos hacia un conglomerado de empresas de su propiedad. La mayor parte de las maniobras tuvieron como base el Hospital de Clínicas, desde donde se habrían dirigido millonarios contratos con proveedores de insumos y medicamentos.

Según sospechan los fiscales, mediante sobreprecios y entrega de mercadería en volúmenes inferiores a los facturados, se habría producido un “vaciamiento” del Clínicas y, a la vez, un excedente que, además de enriquecer a los responsables, se habría usado para financiar la campaña electoral de ECO, que postuló a Martín Lousteau en los comicios porteños de este año.

La investigación fue iniciada por la Procelac a partir de un informe periodístico del canal C5N. El área que coordina Khaski concluyó que en la UBA hubo “un conjunto de maniobras ilícitas cometidas por funcionarios públicos que desempeñaron distintos cargos estratégicos en esa casa de estudios, y por personas cercanas a ellos”. Por ejemplo, la pesquisa determinó que Medipack SA, firma constituida por un cuñado del denunciado Ricardo, fue proveedora del hospital al menos desde abril de 2009 hasta marzo de 2014, a través de 69 contrataciones y por un monto total de 11.229.168 de pesos. También están involucradas las sociedades anónimas American Salud, Meycampcord, Inmuideas, American Salud, Grupo Salud y Laboratorio Sur SRL.

El negocio de las contrataciones con el Clínicas no sería el único que involucra a los imputados. También fueron identificados por integrar -a través de un supuesto testaferro- una red de consultoras que le facturarían a la Facultad de Económicas sin prestarle servicios.

La denuncia apunta que los funcionarios estuvieron “lejos de cumplir” con sus deberes en tanto actuaron “en ambos lados del mostrador”: “Eran los funcionarios competentes con poder de decisión en la adjudicación de las contrataciones y, al mismo tiempo, actuaban como proveedores del Estado a través de empresas vinculadas a ellos”. Además, para la Procelac, hay serias incongruencias entre el nivel de vida de los acusados desde que desempeñaron cargos jerárquicos en la UBA y sus ingresos declarados como funcionarios públicos.