Los estudiantes del Instituto de Formación Docente y Técnica 9-003 de la localidad mendocina de San Rafael, de gestión pública, se encontraron con que, de un día para el otro, debían pagar una cuota a la cooperadora para poder inscribirse. En rechazo a lo que consideraron una “medida de arancelamiento compulsivo”, montaron una protesta en el edificio. Poco después se hicieron presentes, a pedido del rector Ramón Maluenda, policías armados y el juez de Faltas Oscar Clemente De Diego, quien dispuso la detención de uno de los alumnos por proferir insultos contra las autoridades. Como consta en un video aportado a la Justicia, ante el reclamo de los alumnos para que se libere a su compañero, De Diego ofreció un canje: “Desalojame el colegio y te lo saco”, propuso.

Con el eje puesto en ese episodio –ocurrido el 25 de marzo de 2013–, pero en un marco de reiteradas “actitudes autoritarias” que tuvieron lugar en la institución, organismos mendocinos de derechos humanos impulsaron junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos local un pedido de juicio político contra el juez De Diego. El próximo jueves se realizará la primera reunión del jury que decidirá si admite formalmente la acusación.

El pedido de juicio contra De Diego, que fue impulsado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Nodo San Rafael de Abuelas de Plaza de Mayo, fue respaldado por tres cartas de la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y por una del P remio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La última misiva de Estela de Carlotto fue enviada hace dos semanas a los miembros del jury, solicitando “celeridad en el procedimiento”. Las dos anteriores –una enviada en febrero y la otra en mayo de este año– fueron dirigidas al gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez.

En sus cartas, la presidenta de Abuelas solicitó, además, “el cese de la violencia institucional en la escuela normal 9-003” que, según relataron alumnos y docentes, se manifiesta en un constante acecho policial y en medidas que atentan contra la vida democrática de la institución, y el “cese de la persecución ideológica encubierta a modo de faltas administrativas que sufren los docentes, militantes de derechos humanos, que se atrevieron a denunciar en los últimos años los graves atropellos de las autoridades de dicha institución”. Pérez Esquivel, por su parte, señaló que le inquietaban la “complacencia” y el “dejar hacer de las autoridades educativas, desde la institución hasta los máximos responsables de la Dirección General de Escuelas”.

“Hubiéramos querido iniciar antes este pedido, pero los testigos se negaban a hablar por temor”, explicó el presidente de la APDH local, Ricardo Ermili, sobre el tiempo transcurrido entre la formalización de la denuncia contra De Diego, en diciembre pasado, y el episodio que le dio origen.

Informe: Delfina Torres Cabreros.