Durante el último tiempo, los diarios de mayor tirada dedicaron una serie de notas a la problemática universitaria. Podemos agrupar esos artículos en dos bloques. El primero contiene notas que denuncian favoritismo y desmanejos fruto de la intervención de “la política”. El segundo bloque se caracteriza por cuestionar principios básicos de nuestro sistema, tales como la gratuidad y la capacidad de la universidad para garantizar la inserción laboral y el desarrollo. Ambos bloques comparten una misma cosmovisión: la universidad ya no es lo que era, ya sea porque la política se entrometió en los claustros y esto la pervirtió, o porque el sistema universitario se presenta como anquilosado ante un mundo nuevo “más dinámico”.

Los argumentos que esgrimen las notas del primer bloque son fácilmente rebatibles. La denuncia de la intromisión de la política como elemento perverso en la vida universitaria ha sido un elemento constitutivo de las interpretaciones hegemónicas de nuestra historia, contra el cual es necesario discutir, ya que afirma una perspectiva en la cual los mayores “éxitos” de la universidad se produjeron cuando no se metió en el medio “la política”. Estas interpretaciones están sostenidas sobre el pretendido ascetismo de la ciencia y la universidad, que concluye en una falsa dicotomía entre política y calidad educativa, una de las aristas de la dicotomía fundante del liberalismo criollo: civilización o barbarie.

El rasgo destacable de los artículos enmarcados en el segundo bloque es que plantean la necesidad de una modernización de las universidades. El cinismo de sus argumentos radica en que proponen elementos de individualización y privatización del sistema como claves para avanzar hacia una mayor igualdad y efectividad. Un ejemplo de esto es el artículo “¿Gratuidad es sinónimo de igualdad?”, publicado por La Nación. Su punto de partida es que la ausencia de un arancel implica una “gratuidad indiscriminada” que no “asegura la permanencia y la graduación”, razón por la que la inversión del Estado en educación superior finaliza en la apropiación de este beneficio por una minoría que se gradúa. Por eso, concluye que el desarancelamiento es un gasto ineficiente por parte del Estado, y propone que “paguen los que puedan” o “cobrarles a los graduados”. En otros casos se proponen “rigurosos” exámenes de ingreso, que descartan la posibilidad de la igualación social por intermedio del proceso educativo.

Es menester aclarar que nuestras universidades son desaranceladas, desde 1949, porque el Estado comprendía a la educación superior como una herramienta para contribuir al desarrollo del país, y para esto era necesario que accedieran las mayorías sin distinción económica. De esta forma se ampliaría la cantidad de cuadros profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo nacional. En esta concepción, el beneficiario de la educación superior no es el individuo, sino el conjunto de la sociedad.

Ahora bien, el desarancelamiento no es sinónimo de permanencia y graduación en sí mismo, por eso el anterior gobierno promovió una mayor inversión en materia de becas y distintos programas de inclusión educativa, que, junto con el esfuerzo de las universidades nacionales, permitió el incremento del número de graduados, así como un cambio positivo en la tasa graduados-ingresantes (ver los anuarios estadísticos de la SPU y los informes del CEA 5 y 12).

Por otro lado, podemos coincidir al menos parcialmente, en que nuestra formación universitaria se encuentra desfasada con respecto a las demandas sociales y económicas. Esto se vincula con la cultura del aislamiento entre universidad, Estado y sociedad predominante en nuestra historia. Entendemos que es una relación a modificar en base a una estrategia de desarrollo nacional y no en función de las propuestas del mundo privado, ya que si esta demanda es resuelta por el mercado lo que se logrará es una segmentación de los circuitos educativos, perpetuando las diferencias de clase existentes en la sociedad.

Quienes queremos una Argentina desarrollada y socialmente justa, entendemos a la universidad como una de las herramientas para construir ese desarrollo. Otros proyectos políticos desestiman el papel del Estado y de la universidad, por eso buscan atacarlo esgrimiendo móviles de “eficacia y efectividad”. Desde esta supuesta racionalidad universal pretenden impugnar a las universidades nacionales, cuando un análisis de nuestro pasado reciente muestra que, con políticas activas, las universidades pueden corregir las tendencias negativas que las atraviesan. En otras palabras, aquello que se presenta como racionalidad universal no es más que el fruto de intereses de los negocios educativos privados por quebrar la hegemonía que tienen nuestras universidades en la formación superior.

* Autor de La política universitaria del primer peronismo; docente y no docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.