[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El acuerdo fue firmado y suficientemente publicitado: los docentes universitarios del país percibirán un aumento en sus ingresos mediante el “blanqueo” de cifras que ya se estaban pagando. Pero las autoridades descuidaron una pequeña cuestión. Muchas universidades no tienen fondos para pagar el incremento y la partida destinada por el Gobierno no alcanza. Un caso flagrante: la Universidad de Buenos Aires. “Nunca he visto proceder así, primero se firma el compromiso y después hay que ver si hay fondos para sostenerlo”, afirmó Guillermo Jaim Etcheverry. El rector de la UBA aseguró que la institución no tiene los recursos para afrontar el acuerdo sellado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con los gremios docentes. Algo no muy distinto ocurre con la situación de los trabajadores no docentes, aunque allí se cruza otro conflicto más amplio.
Como informó este diario, el consejo de rectores (CIN) y los gremios docentes (Conadu), con el visto bueno del Ministerio de Educación, acordaron la semana pasada mejorar los ingresos de unos 100 mil docentes y 36 mil trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Se resolvió apelar a una partida presupuestaria de 65 millones de pesos para incorporar en los salarios diversos montos extra, no bonificables, que se venían cobrando desde 1998. El acuerdo debía permitir que los docentes con cargos simples y semiexclusivos recibieran un aumento de entre un 8 y un 20 por ciento, según los casos. Además, para los docentes con dedicaciones exclusivas, habría un plus de 50 pesos.
“Se han firmado compromisos sin que existan los medios para financiarlos. Nunca he visto proceder así –criticó Jaim Etcheverry–. La Universidad de Buenos Aires no tiene los recursos necesarios si no los conseguimos del Gobierno. Estamos muy preocupados por esta situación.” El rector planteó el problema en la última sesión del Consejo Superior y explicó que se iniciaron tratativas con el Ministerio de Educación. La intención del Rectorado es que la administración nacional aporte financiamiento extra.
A la UBA se le destinó una partida de 11,6 millones para pagar el incremento a los docentes. Pero, según los cálculos de la Secretaría de Hacienda de la universidad, harían falta 4,6 millones más. Ergo, la plata no alcanza para pagarles a todos los docentes, tal como indica el acuerdo firmado a nivel nacional.
“El problema es que, para calcular cuánto le corresponde a cada universidad, se tomaron los datos de las plantas docentes que había en 1998. Pero en estos años la cantidad de docentes aumentó para hacer frente al aumento de la matrícula estudiantil. Habría que hacer el cálculo de nuevo a partir de la cantidad actual de docentes”, explicó Daniel Ricci, secretario general del gremio Aduba. En el último lustro, en la UBA se habrían agregado unos 2 mil cargos docentes. Por supuesto, otras universidades grandes del país se enfrentarán con un desajuste similar.
“En la UBA no hay ninguna garantía de que el aumento anunciado se pueda pagar”, advirtió Néstor Correa, titular de la AGD, el otro sindicato docente de la UBA. Para Correa, el que se haya firmado un acuerdo sin respaldo real se debe a que “los rectores quisieron presentar un panorama de tranquilidad al inicio de las clases”.
Por otro carril, paralelo, avanza un conflicto con los no docentes. El sindicato nacional del sector (Fatun) y el CIN acordaron otorgar un incremento de 100 pesos para todos los trabajadores. Según detalló el secretario del gremio Apuba, Jorge Anró, tampoco ese acuerdo “cuenta con financiamiento para poder pagarlo”. La UBA, donde trabaja el 30 por ciento de los no docentes del sistema universitario, recibiría del Estado nacional unos 11 millones, cuando le hacen falta 19.
En el caso de los no docentes el conflicto es más amplio. Se suma un convenio colectivo de trabajo consensuado entre el CIN y la Fatun,repudiado por numerosos sindicatos locales y comisiones internas. Las críticas apuntan, centralmente, a que el convenio permitiría la movilidad de los trabajadores y su pase a disponibilidad y posterior despido en casos de reestructuración. Las autoridades de la UBA anticiparon su postura: “No estamos dispuestos a aprobar este convenio y se lo hicimos saber al CIN, que lo firmó sin hacer consulta previa”, dijo el rector.