Podría denominarse “operativo blanqueo”, aunque a muchos funcionarios les disgustaría el halo de sospechas implícito. Lo cierto es que, por primera vez, la Universidad de Buenos Aires (UBA) incluirá en su presupuesto 2004 los recursos propios, aquellos que genera a través de la venta de servicios, cursos, pasantías, convenios y otras transacciones que producen ingresos. En total, según lo declarado por las facultades, son 158,9 millones de pesos, prácticamente la mitad del aporte estatal, que este año suma 327,6 millones. Pero el “blanqueo” no termina ahí. Un proyecto aprobado esta semana por la Comisión de Presupuesto del Consejo Superior de la UBA establece que “los recursos propios que obtenga la universidad, cualquiera fuere su causa, deberán ser ingresados íntegra y directamente en las tesorerías de sus dependencias”. ¿Qué quiere decir esto? Que deberán dejar de existir las fundaciones y otras entidades de derecho público o privado que perciben y manejan fondos de la universidad.
“Hasta ahora, las facultades declarábamos los recursos propios al final del ejercicio. Ahora vamos a tener que hacerlo al principio, aclarando a qué se van a destinar los ingresos”, explicó un decano a Página/12. La reforma fue impulsada por el Rectorado de la UBA y desató una intensa discusión, resistencias incluidas, entre las autoridades de las facultades. El proyecto de presupuesto debería haberse tratado en la sesión del Consejo Superior que iba a realizarse el miércoles pasado en Ciudad Universitaria. Pero, como se informó, la sesión resultó frustrada por las protestas estudiantiles, encabezadas por la FUBA, en rechazo a la situación que atraviesa la Facultad de Ingeniería, situación no poco vinculada al tema de esta nota (ver aparte).
En sesión que se hará el lunes, el Consejo Superior aprobará un presupuesto calificado como “de emergencia” ya que, frente a los 684,3 millones solicitados por la UBA al Estado, éste sólo asignó a la universidad los citados 327,6 millones. A esta cifra hay que agregarles los 158,9 millones que las distintas unidades han declarado generar como recursos propios. Así, el presupuesto total llega a 486,5 millones. La lista de ingresos propios la encabeza la Facultad de Ciencias Económicas (con 38,9 millones) y la siguen Medicina (12,3), Derecho (11,5) y luego Farmacia y Odontología (ambas con 3,9). Las facultades que menos fondos producen son Veterinarias (1,2), Psicología (1,5) y Filosofía y Letras (2,1).
“Es importante aclarar que la mayor parte de lo facturado por recursos propios no le queda a la facultad. En Económicas nos queda solamente el 5 por ciento”, dijo el decano Carlos Degrossi. De hecho, el proyecto de presupuesto aclara en un considerando que aproximadamente un 90 por ciento de los recursos propios “corresponden a sus costos de generación”. Al margen, cabe agregar que el proyecto presupuestario norma que los fondos propios, a partir de este año, sólo podrán usarse para pagar bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y actividades científicas y tecnológicas.
La arista más conflictiva de esta reforma presupuestaria se aprobó en comisión el martes pasado, también a propuesta del rector Guillermo Jaim Etcheverry: los recursos propios, obtenidos ya sea por la venta de servicios, asesorías, consultorías, cursos, pasantías u otras operaciones, sólo podrán ser manejados en forma directa por las distintas unidades de la UBA. “Las máximas autoridades de los organismos responsables de la ejecución presupuestaria de la universidad deberán adoptar las medidas necesarias para que los terceros –sean personas físicas o entidades de derecho público o privado– cesen de percibir, administrar o disponer fondos de la universidad”, indica el proyecto que será votado el lunes. Además, se otorga un plazo de 90 días para adecuar las diversas situaciones.
“La medida va de punta contra las fundaciones que funcionan en las facultades. Son una caja negra y, con esto, ya no va a poder haber desvíos de fondos”, comentó un consejero superior que votó a favor en la comisión. La existencia de fundaciones que administran recursos generados por una institución pública no es patrimonio exclusivo de la UBA. Es, más bien, una costumbre extendida al menos en el sistema universitario. ¿Por qué? El argumento más esgrimido, que se reprodujo en la discusión abierta en la UBA, es que las fundaciones permiten realizar acuerdos y trámites diversos (por ejemplo, recepción de donaciones) con mayor agilidad y menor peso burocrático que las instituciones sujetas a la administración pública. Algo así como un desvío consentido, sólo en el mejor de los casos, con fines loables.