La FUBA y organizaciones estudiantiles de la UBA iniciaron una campaña por la absolución de seis alumnos procesados por diferentes causas. La más inmediata involucra a dos militantes de Ciencias Sociales que en pocos días serán juzgados y corren serio riesgo de ser condenados, incluso a prisión efectiva, por haber participado hace casi un lustro en una manifestación que culminó con la quema de urnas y otros daños. Lo curioso del asunto es que la propia universidad, es decir, la damnificada en aquella oportunidad, se retiró del juicio como querellante y además realizó un sumario en el que no se estableció la responsabilidad de los acusados.
“Es una persecución política impulsada por sectores de la universidad que ya fueron desplazados. Y detrás están los grupos del gran capital concentrado, que piden mano dura en la Argentina –dijo Alfonso de Villalobos (Oktubre), presidente del centro estudiantil de Sociales–. La causa pone a todos los estudiantes que defienden a la universidad entre los más de 4 mil luchadores sociales procesados y perseguidos en el país.”
Las causas judiciales en las que están procesados estudiantes de la UBA son tres. Una involucra a un alumno de Filosofía y Letras, Silvio Rotman, militante de la agrupación maoísta CEPA. Está acusado de violar las leyes de propiedad intelectual y de fomento del libro por participar en la fotocopia de textos en el Ciclo Básico Común (CBC). En otra causa están procesados tres militantes de la Facultad de Arquitectura por privación ilegítima de la libertad y amenazas. Se trata de Lucas Giono, Gabriel Trebino (ambos de la CEPA) y Sebastián Goldfarb (El Trazo), acusados de intervenir en una movilización que, en diciembre de 2002, en medio de un conflicto centrado en los cursos de verano, hizo un escrache a las autoridades de la facultad y, después de seguirlo, habría retenido al subsecretario académico.
El proceso más avanzado es el que se sigue contra dos actuales consejeros directivos de la Facultad de Ciencias Sociales, Martín Ogando (PTS) y Sergio Salgado (PO). Ambos serán juzgados del 4 al 6 de agosto próximo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, a cargo de Walter Luna. La causa fue caratulada “falsedad ideológica por supresión, en concurso ideal con daño agravado”: se los acusa de haber destruido documentos públicos y, a la vez, haber producido daños en la facultad.
Los hechos ocurrieron en octubre del ’99. La facultad había resuelto realizar en forma conjunta dos comicios estudiantiles: uno oficial para elegir consejeros directivos en el gobierno de la institución y otro gremial, para renovar la conducción del centro de estudiantes. Argumentando que eso violaba la autonomía estudiantil, numerosas agrupaciones se oponían a la medida. La tensión fue subiendo y, cuando ya estaban en marcha las elecciones, todo estalló tras una masiva asamblea: los estudiantes entraron a la fuerza en las oficinas donde se guardaban las urnas, las sacaron y quemaron.
“A los pocos días, la facultad se presentó a la Justicia e inició una querella. La fiscalía siguió la causa de oficio. Lo absurdo es que judicialmente pueden ser condenados y terminar presos aun cuando la UBA y la facultad ya se retiraron como querellantes y cuando los sumarios internos no los sancionaron. Es impresentable haber judicializado esto”, dijo Agustín Vanella, presidente de la FUBA. Consultadas por Página/12, las autoridades de Sociales informaron que la postura de la facultad es “no penalizar la protesta social” y confirmaron que el sumario administrativo “no estableció la responsabilidad de los estudiantes” ahora procesados. Para reclamar “la absolución inmediata” de los procesados, la FUBA, el centro de Sociales y otras organizaciones estudiantiles coordinaron un plan de lucha: hoy incluirá una conferencia para difundir la situación, seguirá con un acto el jueves que viene y, mientras se realice el juicio, habrá una carpa frente a los Tribunales.