Por Bruno Cernuschi Frías y Armando Pérez *

Ex funcionarios de la década del ‘90, actuales funcionarios y funcionarios de organismos de crédito internacionales se reunieron, tal cual lo informó Página/12, para expresar sus inquietudes sobre la situación de la universidad argentina y realizar sus propuestas. Las propuestas de los funcionarios son las sostenidas durante la década del ‘90. En aquellos años también les preocupaba el problema del financiamiento de la enseñanza superior. Voceros de este grupo en la Facultad de Ingeniería, antes de diciembre de 2001, sostenían la necesidad de achicar la universidad para alcanzar la excelencia. Para Ingeniería proponían reducir el número de docentes, no docentes y estudiantes. Crear un claustro docente integrado sólo con profesionales con dedicación exclusiva y bien pagos. Para atender las necesidades financieras buscaban financiamiento alternativo que podían proporcionar empresas líderes de nuestro medio y proponían formar con representantes de estas empresas un consejo empresario que se haría cargo de asignar remuneraciones y crear excelencia académica. El excedente de alumnos sería transferido a las universidades privadas, así evitaban la competencia desleal que realizaban las universidades estatales, competencia desleal que resultaba de concebir la enseñanza superior como un servicio y transformarla así en un bien sujeto a las normas del mercado.
Mientras tanto privatizaban áreas de la universidad haciendo proliferar posgrados arancelados. Buscaban reducir la enseñanza de grado a 4 o 5 años y transferir la especialización a posgrados que eran administrados en muchos casos al margen del control de la universidad. Para llevar a cabo este proyecto contaban con la ayuda de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, organismo financiado por el Banco Mundial.
La relación con la sociedad la realizaban mediante convenios y trabajos a terceros, que permitieron un movimiento que alcanzó en la UBA a centenares de millones de dólares, dinero administrado –en algunos casos– al margen del control estatal, en fundaciones. Un ejemplo es la Fundación Facultad de Ingeniería, que en su consejo de administración designó a dos profesores universitarios en representación de Ingeniería: hoy se está examinando su accionar en la Oficina Anticorrupción.
Reclamaban gobernabilidad, de esa necesidad inferían que la autonomía universitaria era un obstáculo. El ideal eran las universidades de EE.UU., que permitían y permiten fabricar bombas e instrumentos de destrucción masiva para conquistar naciones sin una molesta autonomía que pregunte ¿por qué? o ¿para qué? Más allá del uso que de la autonomía hicieron algunos gobiernos universitarios, por ejemplo en los ‘90, la autonomía universitaria no es una autonomía respecto de la sociedad que sostiene a la institución, sino respecto del gobierno de turno para asegurar autonomía intelectual y no transformar a una institución que actúa en la esfera del conocimiento en un aparato ideológico que justifique sin el ejercicio de la crítica.
El modelo de universidad que proponen es el que fue sostenido en la UBA, es un modelo clientelista, prebendario, privatista, que mercantilizó la vida académica, desvirtuó los fines y funciones de la institución y llevó a algunos oportunistas a apropiarse de la cosa pública y rentabilizarla privadamente, cuando adicionalmente se aisló a la universidad de la sociedad con la privatización de los servicios públicos. A ese modelo, una sociedad que aspira a salir de la crisis social, política, económica, cultural a la que fue conducida por quienes durante décadas buscaron la deconstrucción del Estado, de la Nación, de la cultura, de instituciones que dan sostén a nuestra identidad, propondría un modelo de universidad autónoma, democrática, científica de cara a la sociedad que la sostiene.

* Decano de la Facultad de Ingeniería (UBA) y ex director del Departamento de Matemáticas de esa casa, respectivamente.