La Sindicatura General de la Nación (Sigen) encontró serias irregularidades en la Universidad Nacional de Quilmes. Por mala administración, falta de control y retiro de fondos públicos para uso personal, la casa de estudios habría sufrido un perjuicio valuado en 3,8 millones de pesos. El caso involucra a ex autoridades académicas y funcionarios de jerarquía que tuvieron responsabilidad o participación directa en la producción y venta de embarcaciones en un astillero, a través de un convenio con una empresa privada.
La investigación de la Sigen se hizo a raíz de una denuncia realizada por la propia Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). “La universidad salió fortalecida de este proceso. Queda claro que la universidad defiende los intereses públicos y no permite maniobras irregulares”, dijo a Página/12 el rector de la UNQ, Mario Ermácora, que hoy traspasará el cargo a su sucesor, Daniel Gómez, elegido la semana pasada. “Al asumir la gestión, hace poco más de un año, aparecieron evidencias de irregularidades en varios temas. Se iniciaron los sumarios internos y éste es el primero que llega a esta etapa, tras seis meses de trabajo”, contó Ermácora.
En 2001, la UNQ firmó un convenio con Proyacht Quilmes SA. La universidad ya poseía un astillero, ubicado en instalaciones que pertenecieron a YPF, en Florencio Varela, y el objetivo del acuerdo era diseñar, construir y comercializar veleros deportivos y cruceros. El proyecto estaba vinculado a la carrera de Arquitectura Naval, cuyos alumnos podían hacer pasantías y tareas prácticas en el astillero donde, de hecho, trabajaban unas treinta personas, entre graduados y estudiantes. Después de que se encontraran las primeras irregularidades, hacia noviembre del año pasado, la UNQ resolvió suspender la producción y venta de embarcaciones. Desde entonces, el astillero se usa “para fines estrictamente académicos”, informó Ermácora.
Fechado en noviembre pasado, el informe de la Sigen comienza señalando que, mientras la UNQ se comprometía a afrontar los gastos de mantenimiento, materias primas, publicidad, remuneraciones de pasantes y más, las actividades a cargo de la sociedad anónima no estaban claras, sólo su aporte de un velero Quantum para el dictado de clases. La actividad del astillero estaba bajo la órbita de la Unidad de Asistencia y Apoyo a Proyectos Especiales de la UNQ, cuyo responsable era Oscar Godoy. Hasta la creación de esa unidad, en 2001, Godoy se desempeñaba como chofer del ex rector Julio Villar, quien renunció al cargo en octubre de 2003, tras 14 años de gestión.
Siguiendo al sumario interno de la UNQ, la Sigen encontró en la Unidad de Asistencia una “total carencia de respaldo documental y apego a las formas normativas en materia de compras y contrataciones”. Por la falta de control que derivó en “la celebración de un convenio a todas luces desventajoso para la universidad”, el informe responsabiliza a las autoridades de entonces: el rector Villar, los vicerrectores Mario Greco y Julián Echave, el secretario administrativo Carlos Greco, el director administrativo Marcelo Martínez, además del ya mencionado Godoy.
“También se ha probado la inobservancia de todas las normas relativas a contrataciones públicas así como también la utilización de fondos públicos para fines personales.” El pasaje del informe se refiere a que Godoy, como director de la Unidad de Asistencia, “rindió y obtuvo reintegro durante todo el tiempo de vigencia del convenio, de consumiciones en bares, cigarrillos, alfajores, hasta 700 peajes en un solo mes”.
La sindicatura estimó que el perjuicio sufrido por la UNQ llegó a 3.812.793 pesos. Obtuvo ese monto al incluir “sumas no ingresadas por ventas de embarcaciones” (más intereses) por 1.382.282 pesos; sumas abonadas a Proyacht y sus directivos por 1.943.640 pesos; “sumas retiradas por Oscar Godoy, en pesos y en dólares” (más intereses) por 372.676 pesos; sumas abonadas a los pasantes por 114.193 pesos (estimó la Sigen que, como no debería haberse realizado el convenio, ese monto no debería haberse pagado). “La universidad ya inició acciones judiciales para recuperar el patrimonio del que fue desposeída”, dijo Ermácora. Pese a que la etapa procesal aún está en marcha, por lo que falta el descargo y presentación de pruebas de los sumariados, la sindicatura aconsejó su exoneración. La decisión estará en manos de las autoridades y los consejeros de la universidad que recién hoy están asumiendo.