Justo cuando arrecian los reclamos de los docentes universitarios para que se blanquee la totalidad de sus ingresos (ver aparte), acaba de entrar en vigencia el nuevo régimen jubilatorio para los investigadores científicos y los profesores con dedicación exclusiva. La modificación conlleva para ellos un incremento del 2 por ciento en su aporte previsional y que, una vez jubilados, cobrarán un 85 por ciento (no móvil) de su último sueldo promedio. Si bien esto implica una mejora, los docentes pretenden un sistema previsional que abarque a todos los profesores por igual: “Hay una evidente discriminación. Los docentes de las escuelas medias y primarias tienen un régimen especial. ¿Por qué los universitarios no?”, planteó Néstor Correa, dirigente sindical de Conadu Histórica. Ante una consulta de Página/12, el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, informó que “el Ministerio de Educación está trabajando en una iniciativa para incluir a todos los docentes en el mismo régimen”.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente en febrero pasado y puesto en marcha hace poco más de un mes por la Secretaría de Seguridad Social, se repuso la aplicación de la Ley 22.929 (promulgada en 1983 pero suspendida desde 1994, cuando entró en vigencia el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Esa ley instituye un régimen previsional especial para los investigadores del Conicet, INTI, INTA, CNEA y otros organismos, incluyendo a los docentes de universidades nacionales que realizan tareas de investigación científica. Podrán jubilarse con 65 años de edad los hombres y con 60 las mujeres, siempre que sumen tres décadas de aportes. El beneficio alcanzará también a los investigadores y profesores que se jubilaron después de 1995: deben solicitar su deseo de incorporarse y el pago no sería retroactivo.
La Administración Nacional de Seguridad Social llevará un registro específico de investigadores, a quienes les corresponde desde mayo pasado una alícuota diferencial del 2 por ciento, que se suma a los aportes previsionales vigentes en el sistema general (11 por ciento para quienes están en el régimen de reparto, y 7 para los afiliados a una AFJP). Para hacerse acreedores de una jubilación igual al 85 por ciento de su salario promedio en los dos años previos al retiro, los docentes con dedicación exclusiva (40 horas de trabajo semanal) deberán acreditar que realizaron tareas de investigación durante 15 años seguidos o durante 20 discontinuos.
Según la dirigencia docente consultada, los problemas son varios. Uno es la ya citada discriminación de los universitarios respecto de los docentes de escuelas e institutos terciarios: para ellos, también en febrero y mediante otro decreto, se restableció una jubilación del 82 por ciento, con edades de retiro de 57 y 60 años para mujeres y hombres.
Pero el cuestionamiento central es que fuera del nuevo régimen queda la gran mayoría de los profesores: los que tienen dedicaciones simples (10 horas de trabajo semanal) y semiexclusivas (20 horas), así como los exclusivos que no investigan. Los últimos datos oficiales (2003) indican que los cargos docentes en universidades nacionales son 130.747. Los profesores con exclusivas son apenas 15.160. Pero ni siquiera todos participan de tareas acreditadas de investigación: como indicador, cabe señalar que sólo 8574 de ellos están en el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores. Además, el flamante sistema previsional excluye a muchos docentes que, por acumulación de dedicaciones parciales, deberían contar con una exclusiva, pero no la tienen por las carencias presupuestarias de las universidades. Así, según las mismas estadísticas oficiales, la planta de cargos equivalentes a dedicaciones exclusivas suma 30.060 casos.
Otro problema: “Si al momento de jubilarse el docente no reúne 30 años de aportes, o los 15 o 20 años de investigación, pierde ese 2 por ciento que estuvo aportando. Nuestra presunción es que se va a recaudar más de lo que se va a pagar”, estimó Correa.
Pese a la fractura sindical, las federaciones docentes sostienen reclamos similares. La Fedun presentará un petitorio al Congreso: “Ya juntamos cuatro mil firmas para pedir que por ley se incorpore a todos los docentes, hagan o no investigación. Lo ideal sería que salga antes de fin de año”, dijo Daniel Ricci. “Queremos una ley que garantice a todos los docentes un haber de entre el 82 y el 85 por ciento de lo que cobraban en la universidad, y que eso se sume a la jubilación que tengan por otros empleos”, señaló Pedro Sanllorenti, de Conadu. Lo que también quedaría por recuperar es la movilidad de los haberes jubilatorios.