A veinte años de su creación, UBA XXII, el programa que lleva la universidad a la cárcel, está amenazado por las crecientes restricciones y abusos que sufren los docentes y los internos estudiantes de parte del Servicio Penitenciario Federal. Desde el año pasado, pero más intensamente en los últimos meses, los profesores que dan clases en los penales de Devoto y, en menor medida, de Ezeiza sufren diversas complicaciones por nuevas normas de seguridad: desde la imposibilidad de ingresar materiales de estudio hasta las eternas demoras en el traslado de los alumnos a las aulas. “El programa se sostiene con el voluntarismo de los docentes, y muchos están dejando de ir, hartos de los maltratos”, contó a Página/12 César Planes, uno de los coordinadores del programa.
El Programa UBA XXII nació a partir de un convenio firmado en 1985 por la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para que “los internos (procesados y condenados) alojados en Unidades del SPF, sin ningún tipo de discriminación, inicien y/o completen los estudios universitarios”. Una experiencia inédita en el país que hoy exhibe entre sus mayores logros el casi nulo porcentaje de reincidencia en el delito de las más de mil personas que ya pasaron por sus clases, además de unos 80 títulos de graduación y cientos de certificados de estudios. Las carreras que se dictan son Abogacía, Sociología, Psicología y Sistemas de Información, más las materias del CBC, cursos de computación y talleres.
Las actividades comenzaron en 1986 en el Centro Universitario Devoto (CUD), al que luego se sumaron la Unidad 16 de Caseros y la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. Actualmente, las instalaciones del CUD abarcan 1500 metros cuadrados, doce aulas, una sala de actos y otra para los profesores. Vinculadas al programa, surgieron otras iniciativas que mejoraron la vida en el penal: la primera biblioteca universitaria en una cárcel del país, inaugurada en 1987 y que ya supera los 5 mil volúmenes; y una asesoría jurídica integrada por estudiantes avanzados de Abogacía, que atiende un centenar de consultas mensuales de los detenidos.
Los problemas empezaron en 2004, tras el hallazgo de explosivos en un patio lindante con el CUD. Desde entonces, sin que se constatara ninguna relación con la actividad académica, comenzaron a variar los requisitos exigidos a los docentes para ingresar. “El SPF simplemente aduce problemas de seguridad –dijo a este diario Marta Laferriere, directora de UBA XXII–. En realidad, los profesores de la UBA han llevado seguridad a la cárcel generando un espacio que promueve la reflexión y la educación.”
“Las medidas que se están tomando son unilaterales. Las reglas de juego cambian constantemente y sin aviso previo”, contó Planes, docente y coordinador del CBC en las cárceles. “Hay mucha discrecionalidad en los requisitos exigidos para entrar. Depende del día y de quién esté de guardia. Por ejemplo, no me dejan entrar con un portafolio donde llevo bibliografía para los alumnos, materiales de estudios, documentación. Antes sólo nos pedían revisar lo que traíamos y nunca hubo inconvenientes. Tampoco quieren que entremos con dinero, algo absurdo que ni siquiera se les exige a los 700 guardiacárceles. Lo más grave es que están aplicando medidas por fuera del convenio entre el SPF y la UBA.” Según el acuerdo, los docentes deben recibir el mismo tratamiento que el personal jerárquico del sistema.
Para Marcelo Langieri, secretario académico de Sociología, “la arbitrariedad es una característica del sistema penitenciario: en última instancia, el mensaje es que hay que ser sumiso. Y esto, que es una barbaridad y ya lo sufren los internos, se está trasladando al trato con los docentes, quienes van sobre todo por auténtica vocación. Muchos son ad honorem y ninguno recibe una retribución extra por ir a la cárcel. En lugar de facilitarles la tarea, aparecen todas estas trabas”. El mes pasado, el profesor Alberto Fernández decidió suspender las actividades en el CUD de la materia Historia del Conocimiento Sociológico I. Y el profesor titular de Epistemología, Claudio Martiniuk, vio frustrada su actividad académica en seis jornadas distintas. “Como el cuatrimestre tiene unas doce clases, ya perdió el 50 por ciento. Así se enfría cualquier relación con los estudiantes, se pierden correlatividades”, siguió Langieri.
Las complicaciones no son sólo para los profesores. “Este cuatrimestre los alumnos nunca llegan en horario. Las clases están previstas desde las 9.30, pero los traen a las 10.30, a las 12, o a las 13. Así, toda planificación se cae a pedazos –lamentó César Planes–. Otro hecho grave es que las requisas habituales empezaron a quedarse con materiales de estudio, con bibliografía y documentos que no son de los docentes ni de los estudiantes, sino de la universidad.” ¿Por qué pasa todo esto? Planes arriesga una hipótesis: “El programa es la confluencia de dos lógicas contrapuestas. La lógica del encierro y la lógica horizontal y democrática de la universidad. Al haber cierto vacío en la presencia institucional de la UBA, el SPF avanza sobre la lógica de la universidad”. Mientras tanto, el Rectorado de la UBA prepara un informe para presentar ante el Ministerio de Justicia y reclamar que se normalice la situación.