Los rectores universitarios le transmitieron ayer al ministro de Educación, Daniel Filmus, su reclamo de mayores fondos para el año que viene. La inquietud de las autoridades académicas se refiere, por un lado, a la falta de unos 400 millones de pesos para pagar salarios, monto no incluido en el proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo. Y, por otro, a la omisión de las universidades en la Ley de Financiamiento Educativo que promueve el Gobierno. ¿Qué respuesta se llevaron? “Satisfactoria”, coincidieron los rectores consultados por este diario. Filmus se comprometió a elevar los recursos previstos para el 2006 y, también, a agregar a las casas de estudios entre las beneficiarias de la ley que subirá la inversión en ciencia y educación durante los próximos años. Al margen de la cuestión presupuestaria, rectores y ministro acordaron trabajar en conjunto en la modificación de la controvertida Ley de Educación Superior (LES).
En un plenario realizado esta semana, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió solicitar un presupuesto de 3300 millones de pesos para pagar durante el 2006 los gastos de funcionamiento y los sueldos de personal, rubro éste que se lleva casi el 90 por ciento de los recursos. La cifra pretendida supera en 400 millones al proyecto oficial de presupuesto universitario elevado al Congreso (2904 millones). La diferencia reclamada sería necesaria para afrontar las mejoras salariales recién otorgadas a los docentes y trabajadores universitarios, destacaron los rectores.
“El ministro se comprometió a remitir una nueva planilla al Congreso, contemplando 3318 millones para las universidades”, informó Daniel Martínez, que dejará la presidencia del CIN la próxima semana. “Contando los fondos para infraestructura, incentivos y otros, el presupuesto universitario total será de 3547 millones”, dijo, anoche, una vez concluida la entrevista con Filmus.
En realidad, el problema no era tanto que el Gobierno no tuviera previsto erogar aquellos 400 millones para salarios sino cómo lo hará. “Los fondos están, pero en un monto global. Queremos que estén entre las transferencias directas a las universidades. Si no, se corre el riesgo de que el Congreso los reparta hacia otro sector o que queden supeditados a la distribución que quiera hacer el Poder Ejecutivo”, explicó Mario Barletta, rector de la Universidad del Litoral. Para Barletta, sería necesario, además, un aumento de los recursos dirigidos a ciencia y técnica. “Hace catorce años que esa inversión no aumenta en las universidades”, advirtió.
El otro factor de inquietud entre los rectores se vincula a la Ley de Financiamiento Educativo. “En el proyecto original, las universidades eran mencionadas concretamente en dos artículos y también en los considerandos, pero después esas menciones desaparecieron”, detalló Ricardo Suárez, rector de la Universidad de Rosario. Por supuesto, los universitarios aspiran a que el texto final de la ley incluya expresamente a las instituciones de educación superior como beneficiarias de los progresivos incrementos implicados en la norma. El ministro Filmus aseguró que ya se contactó con la Comisión de Presupuesto del Senado para que se reponga a las universidades en el texto.
La reunión de ayer, realizada en el Palacio Pizzurno, sirvió también para que rectores y ministro se propusieran consensuar –posiblemente para el año que viene– las reformas que crean necesarias para la cuestionada LES. Aunque no se mencionaron temas puntuales a modificar, el acuerdo implicará cierta tensión con los sectores –no pocos– que pretenden directamente derogar una ley que, entre otras cosas, habilita el arancelamiento de los estudios.