“Nunca existió en la Universidad de Buenos Aires un egreso injustificado de 180 millones de pesos desde mayo de 2002 a diciembre de 2004, como se hizo público.” Con esas palabras, apoyadas por un extenso informe, respondió el rector de la UBA, Guillermo Jaim Etcheverry, a las denuncias contra los manejos administrativos de su gestión. A la acusación inicial, formulada hace un año por la mayoría de graduados del Consejo Superior, se agregó hace dos meses una investigación realizada por una comisión especial de decanos, profesores, egresados y alumnos, entre cuyas conclusiones figuraba que fondos del rectorado (recursos propios, ahorros y remanentes de ejercicios anteriores) habían sido usados sin la aprobación del consejo con un destino imposible de determinar por “la no aplicación de criterios uniformes”.
Una vez presentada la investigación de la comisión especial, el rector se había comprometido a responder por escrito para que, luego, el asunto fuera tratado por el consejo. Con demora, lo hizo este miércoles, al término de la sesión del cuerpo.
La respuesta es prologada por una descripción de la falta de recursos presupuestarios que sufre la UBA, donde Jaim Etcheverry destaca la vulnerabilidad financiera de la institución ante cualquier demora en la remisión de fondos estatales y ante el proceso de recomposición salarial de docentes y empleados. Ejemplo: “Al 31 de octubre de 2005 habíamos recibido del Ministerio de Educación por todo concepto la suma de 345,8 millones de pesos y habíamos pagado en concepto de sueldos, ayuda social y paritarias 365,7 millones”. De ahí que, luego, “al no contarse con créditos para atender las necesidades más urgentes... se utilizaron los saldos financieros disponibles mediante el empleo de memos de adelanto a proveedores... Dado que se carecía de asignación presupuestaria suficiente, la práctica de utilización de memos generó asimetrías registrales”, algo que ocurriría hace años en la UBA. Un argumento reiterado por Jaim Etcheverry es que la aparición de errores se debe a su iniciativa de transparentar los recursos propios (generados por prestación de servicios, pasantías, etc.) y otros fondos, antes excluidos del presupuesto.
El rector asegura que los casi 180 millones mentados son, en realidad, la suma de recursos propios recaudados por el rectorado, intereses producidos por activos financieros y ahorros generados por contribuciones patronales no depositadas (en acuerdo con la AFIP). “Los gastos realizados no sólo se registraron contablemente sino que en gran medida contaron con la autorización del Consejo Superior, sea a través de la aprobación del ejecutado (ejercicio 2003) o por asignación del crédito del ejercicio (2004)... Sólo resta aprobar por ese cuerpo la suma de 15,5 millones, registrada contablemente y no imputada presupuestariamente.” Jaim insiste en que, al menos desde 2001, antes de su asunción, cada fin de año se cerró con un saldo similar de “memos de anticipo”. Los 15 millones en cuestión habrían ido al pago de servicios (4,3), fondos rotatorios y cajas chicas (1), Hospital de Clínicas (7,8) y la obra social Dosuba (2,2).
“Queda claro que la universidad no ha tenido una cultura presupuestaria ni un suficiente sistema de control interno ni en el rectorado ni en sus dependencias”, admite Jaim Etcheverry. “La inconsistencia y la irregularidad registral” han sido el “criterio uniforme en la universidad”, reconoce, antes de anunciar prontas medidas para subsanar la situación. Acepta, también, que debió separar al secretario de Hacienda y al contador general, en el primer caso por no haberlo informado adecuadamente sobre la crisis financiera de la UBA, y en el segundo, por haber efectuado “asientos contables de ajuste sin la correspondiente autorización” y sin un acto administrativo de respaldo.
Casi todos los consejeros consultados por Página/12 se excusaron, por el momento, de opinar sobre la respuesta del rector. “Es un informe denso que requiere una lectura pormenorizada. No tuve tiempo”, dijo un decano. “Habrá que analizarlo en comisión. Pero es grave que se admita la continuidad de prácticas que vienen del shuberoffismo. Aunque no parece haber habido delito, tampoco está claro que se haya autorizado el envío de fondos al Clínicas y a Dosuba”, estimó un consejero. “El Consejo Superior autorizaba a gastar recursos propios, no los aportes patronales, eso es lo que no se sabía que estaba pasando –consideró José Luis Giusti, consejero graduado–. También tendrán que hacer un mea culpa los consejeros, que nunca preguntaron cómo crecían tanto los recursos propios.” La discusión continuará en el Consejo Superior, al que le queda una sesión este año. Por supuesto, será un debate cruzado por intereses derivados del proceso de renovación de autoridades, rector incluido, que concluirá en los primeros meses de 2006.