Continuar con las políticas educativas en marcha. Respetar la autonomía universitaria. Dialogar con todos los sectores. Reformar (y no derogar) la resistida Ley de Educación Superior. Son las primeras definiciones que planteó ayer, tras asumir, el nuevo titular de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Daniel Malcolm, un peronista que desde hace 13 años es rector de la Universidad Nacional de San Martín.

–¿Cuál pretende que sea el eje central de su gestión?

–En general va a haber una continuidad en el enfoque de los temas, el diálogo con las universidades públicas y privadas, los gremios, las representaciones estudiantiles, siempre con respeto por la autonomía y el cogobierno. También van a continuar los programas en marcha: articulación, ciclos de conocimientos básicos, mejora de las ingenierías... Necesitamos más profesionales para el sector productivo. Pero no solamente. También hacen falta más y mejores filósofos: el país necesita pensar. La idea es poner a las universidades en la visibilidad pública, profundizar su diálogo con la sociedad y con el Estado.

–Si van a continuar todas las medidas, ¿el cambio en la secretaría es un mero trueque de nombres?

–No, cada uno le da la impronta que puede a su tarea y cada momento es diferente. En 2006 se va a dar el debate por la reforma de la Ley de Educación Superior y el inicio de la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo. En ese sentido, es de vital importancia asumir que la Argentina necesita a sus universidades. Como señala el ministro Filmus, para formular el desarrollo de una nación digna y justa, socialmente equilibrada, hace falta una presencia decisiva de la educación. Para eso vamos a propiciar un diálogo dinámico entre la autonomía y la pertinencia.

–¿Hay que derogar o reformar la Ley de Educación Superior?

–Lo razonable es hablar de una reforma. El rol de la secretaría va a ser facilitar el diálogo y los consensos, en la comunidad universitaria y con el Poder Legislativo, que es el que va a votar los cambios.

–¿Qué modificaciones cree que precisa la ley?

–De momento no me voy a expedir sobre eso. No me parece prudente a esta altura de mi gestión. El documento de propuestas que presentó el ministerio no menciona artículos a reformar, sino temas a considerar: la educación superior como bien social, la inclusión y la gratuidad, la concertación con el Estado y la coordinación con el resto del sistema educativo.

–La Ley de Financiamiento Educativo inicialmente excluía a las universidades de los aumentos de fondos previstos. Luego se las incluyó, pero no está claro cómo, ni con qué piso presupuestario.

–Primero habrá que ver cómo se calcula la cuota 2006 para el sistema. Cuando esté claro cómo se va a llevar el presupuesto educativo al 4,7 por ciento del PBI, que es lo que corresponde el año que viene, analizaremos sobre qué base se calculan los fondos para las universidades. Como este año hubo un incremento salarial por sobre el presupuesto, parte de la cuota ya estaría utilizada. Pero lo seguro es que esta ley es un avance muy positivo para la universidad y todo el sistema científico tecnológico.

–¿Cuál va a ser la situación presupuestaria de las universidades en 2006, teniendo en cuenta que los fondos aprobados por el Congreso son inferiores a los solicitaros por los rectores?

–Empieza a perfilarse un presupuesto más razonable para las universidades, se ha ido generando un proceso de recomposición, aunque está claro que Argentina debe gastar más en educación. Pero en estos últimos años se han mejorado los salarios, los pagos han llegado al día, se va a continuar con las obras de infraestructura en universidades.