En el pasaje de la dictadura a la democracia, hace poco más de veinte años, la universidad pública vivió un proceso de “reconstrucción débil”, cuyas consecuencias afloran hoy en el conflicto que ha dejado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) sin rector electo, entrampada en una crisis de difícil resolución y violentas expresiones. Esa es la hipótesis que desarrolla en esta entrevista con Página/12 el investigador Enrique Oteiza, profesor en Ciencias Sociales, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y ex director del Centro Regional para la Educación Superior en América latina y el Caribe (Unesco).

–¿Cómo explica la crisis institucional que sufre la UBA?

–La crisis de legitimidad que se manifiesta hoy en el momento de renovar autoridades es el resultado de una reconstrucción débil de la universidad pública argentina después de la dictadura. La universidad fue una de las áreas en la que la transición a la democracia no se hizo bien en 1983. Durante un largo período, desde Onganía hasta la dictadura de 1976, salvo el paréntesis breve de la primavera camporista, la universidad pública estuvo sometida a una purga sistemática llevada a cabo por regímenes dictatoriales. La educación y la cultura estuvieron en manos de la extrema derecha católica, que funcionó como policía política de las ideas. Esa larga purga dejó, a finales de la última dictadura, una herencia de debilitamiento profundo en lo académico y científico, y una distorsión, un sesgo al haber sido eliminadas de la universidad las personas con pensamiento independiente y crítico.

–¿Qué ocurrió en la UBA?

–En la UBA, el profesorado remanente de esa purga, más los que fueron designados por esos regímenes, ese stock de profesores fueron lo suficientemente astutos como para darse cuenta de que el régimen militar estaba sufriendo un desgaste importante y organizaron las cosas para realizar concursos en 1980. Los concursos se hicieron con los filtros consiguientes, la opinión de los servicios de inteligencia era un fenomenal elemento de eliminación de postulantes. Y no hubo, por supuesto, ninguna política de retorno de quienes se habían tenido que ir del país, el exilio seguía funcionando a todo vapor. Con esos concursos quedaron legitimados y atornillados los profesores que venían de aquella universidad mediocre y fascistoide. La gran mayoría no eran personas con pensamiento independiente, aunque hubo algunos de valía que lograron sobrevivir a las purgas. Algunos sectores fueron conformistas, no dijeron nada, otros fueron colaboracionistas y ocuparon cargos en la dictadura, incluso gente de ultraderecha marcaba a quienes debían ser expulsados o desaparecidos.

–¿Qué hizo el gobierno democrático en la universidad?

–En 1983, en gira preelectoral, quien después fue electo presidente me citó para que le diera mi opinión sobre la universidad. Le di el mismo diagnóstico que acabo de mencionar, y le dije que no se podía esperar que ese profesorado hiciera la transición a la democracia: como cualquier otro grupo, la preocupación de los profesores iba a ser mantener sus posiciones. La transición requería una política de Estado cuyo ingrediente fundamental debía ser reconcursar el ciento por ciento de los cargos docentes universitarios –como se hizo en España después del franquismo–, con jurados internacionales. Pero el gobierno de Alfonsín tomó la opción política de avalar los concursos de 1980 y tocar sólo a algunas figuras expresamente responsables de la conducción –algo parecido a lo que ocurrió en Francia tras la ocupación nazi, pero allí hubo una política de repatriación de científicos–. El gobierno democrático reconoció el statu quo preexistente en la universidad.

–¿Cómo incidió luego esa “reconstrucción débil” en la UBA?

–Las facultades tenían todo el presupuesto asignado al personal existente y sólo se pudo ir reemplazando profesores a medida que había jubilaciones o muertes, porque la cantidad de cargos fue aumentando muy lentamente, en especial los de dedicación exclusiva. Salvo en Ciencias Exactas, todas las facultades mantuvieron una bajísima cantidad de profesores exclusivos. En las ciencias sociales, donde los tanques militares habían pasado ida y vuelta, se pudo reinsertar gente del país que había quedado afuera de la universidad durante la dictadura y también pudimos volver otros que estábamos en el exilio, sobre todo a partir de la creación de la facultad en 1988. Toda esa etapa que comienza en 1983 entra en crisis ahora. En democracia, a ese claustro de profesores se le da la posibilidad de manejar los concursos docentes, y entonces se pueden autoperpetuar: no se abren concursos para renovar y sí concursos amañados para reproducir las cátedras heredadas. El resto de la expansión docente se va produciendo sin concursos y así llegamos a la crisis actual. La legitimidad del claustro docente está muy restringida. Hay una proporción grande de profesores que ganaron concursos a los que no se puede objetar, pero muchos con merecido prestigio no tuvieron oportunidad de concursar cargos. Eso también se presta al cuestionamiento de la legitimidad de las autoridades: hay una proporción importante de profesores que no están institucionalizados.

–¿Qué consecuencias tuvo este proceso a nivel estudiantil?

–El movimiento estudiantil también ha sido víctima de este período. Las políticas de las autoridades universitarias hacia los estudiantes fueron corruptoras para garantizar su poder durante un período prolongado, llegando a la docilidad absoluta de los sectores estudiantiles reformistas, algo que nunca antes se había producido. En la época de Risieri Frondizi (rector de la UBA entre 1958 y 1962) el movimiento estudiantil tenía alta independencia de las autoridades y del Gobierno, aun cuando había listas con vinculación partidaria. En la actualidad, queda también un sector del movimiento estudiantil incapaz de acordar normas de participación en una asamblea donde debería poder participar toda la diversidad de posiciones existentes en la universidad. También hay una importante crisis de representatividad en el movimiento estudiantil.

–¿Cómo resolver ahora el conflicto planteado?

–La única salida que no sea una intervención de la universidad, que la mayoría no desea, quizá sea mostrar la capacidad de resolver la crisis. Podría ser una resolución de compromiso, con un mandato definido que permita evitar la acefalía y que incluya la convocatoria a una asamblea universitaria para modificar el estatuto y construir un gobierno universitario que inicie una segunda etapa de construcción y reconstrucción de la UBA, de la universidad que necesita el país, una universidad democrática, con ingreso irrestricto y excelencia académica, comprometida con la sociedad de manera compleja. Para esta segunda etapa posdictadura, la universidad debería ser transformada para que deje de prevalecer la herencia profesionalista y pasen a ocupar un papel importante la investigación, las ciencias y las humanidades.