Desde este cuatrimestre, los 700 docentes de la Universidad Nacional de La Rioja son los únicos, en todo el país, que no cobran el plus salarial de antigüedad por haber trabajado en escuelas. Eso significa, en algunos casos, la pérdida de hasta la mitad del salario. “Es una discriminación increíble”, dijo a Página/12 la secretaria general del gremio local, Estela Cruz. Dirigentes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) aseguraron que la universidad encontró esa manera de ahorrar fondos para poder realizar sospechosos contratos en el área de Medicina. La Procuración General de la UNLaR argumentó que la autonomía y autarquía universitarias facultan a la institución para fijar su propio régimen salarial.
El Consejo Superior de la universidad, en su resolución 565, decidió dejar de computar en el plus por antigüedad docente los años trabajados en las escuelas primarias y medias. “La antigüedad docente debe computarse y liquidarse sólo en base a las actividades universitarias o académicas previas actuadamente acreditadas y con exclusión de cualquier otra que no registre tal jerarquía, aunque fuese en otro nivel docente o administrativo, público o privado”, señala la resolución entre sus considerandos.
La nueva forma de calcular la antigüedad afecta seriamente los sueldos. “Hay docentes que han perdido la mitad de lo que cobraban”, apuntó Cruz. Por ejemplo: con 20 años de antigüedad, el plus es del 100 por ciento. Así, un docente que con una dedicación semiexclusiva percibiría 300 pesos, si llevara dos décadas dando clases (sea en el nivel que sea) conseguiría sumar 600 pesos. Con el régimen que acaba de aprobar la UNLaR, de esos 20 años de antigüedad se consideran sólo los trabajados en universidades.
“Eso va contra el estatuto nacional docente, que, en su artículo 41, deja bien claro que la antigüedad debe calcularse sobre las tareas cumplidas en todos los niveles educativos. Y eso es lo que ocurre en todo el sistema universitario –dijo Marcela Delannoy, secretaria de organización de la Conadu–. La situación es muy grave. Esto empieza en La Rioja y se puede extender a todas las universidades.” El salario de los 120 mil docentes universitarios del país es el más bajo del sector público: dos tercios de ellos cobran 2,88 pesos por hora. Y el 20 por ciento trabaja ad honorem.
En diálogo con este diario, el procurador general de la universidad, Fernando Escriña, retrucó: “El Consejo Superior determinó que el abono por antigüedad se hace exclusivamente en base a servicios docentes universitarios. Porque lo estaban percibiendo por ser maestros de grado, docentes de terciarios, lo cual es un despropósito. La autonomía y autarquía universitarias, y la Ley de Educación Superior, nos facultan para fijar el régimen salarial”. Ante el criterio divergente que sostiene el resto del sistema universitario, el procurador estimó que “un error, por repetido, no deja de serlo. Los errores hay que enmendarlos a tiempo”. Opositora a la gestión del rector Enrique Tello Roldán, Cruz denunció que “con la diferencia que se ahorra, la universidad acumula dinero y puede pagar los más de 70 contratos que hizo en Medicina, con sueldos altísimos. Se trata de un grupo de poder que maneja la salud pública en la provincia, el grupo de la esposa del gobernador Angel Mazza, Mariana Palmieri. Ella es médica, no tiene ningún antecedente docente y acaba de ser contratada como profesora titular”. Desde la Conadu se sostiene la misma hipótesis. “Como en la provincia hay racionamiento de gastos por las exigencias del FMI, se están reasignando los recursos que manda el Estado nacional. Porque los fondos para seguir pagando la antigüedad están. Pero se apeló al bolsillo de los trabajadores para nombrar a gente allegada a la gobernación provincial”, razonó Delannoy.
El conflicto es también escenario de una disputa entre los dos gremios nacionales de los docentes universitarios. El sindicato local estáenrolado en la Conadu Histórica, pero la Conadu ha intervenido en el reclamo por la antigüedad. “No nos importa en qué grupo están –dijo un dirigente de la Conadu–. Están perjudicando a los docentes y, como nosotros tenemos la representación legal, vamos a defenderlos.” Para Estela Cruz, “la Conadu intervino porque en la Universidad de La Rioja hay muchos docentes de la Universidad de Córdoba, que fueron afectados por esta resolución. Y el gremio de Córdoba está con ellos”.