La Justicia Federal desestimó una denuncia penal de las autoridades de la UNLaR contra los docentes que realizaron un cacerolazo. “No han existido violaciones a principios constitucionales, ni al ordenamiento penal. La libertad a manifestar pacíficamente, entre otras libertades, es un elemento fundamental sobre el cual reposa la existencia de una sociedad democrática, en consecuencia, estos derechos tienen que ser protegidos”, argumentó en su resolución el juez Enrique Chumbita. El vicerrector de la universidad, Manuel Mamani, y los decanos Juan Fuentes, Lorenzo Saavedra, Zulema Micossi e Irma Cortez, entre otros, habían acusado ante la Justicia a un grupo de docentes que, en febrero pasado, había protestado mediante “esa metodología hoy denominada como cacerolazo”, según los términos de los denunciantes. “Es un fallo muy importante porque se trataba de la única denuncia hecha contra un cacerolazo. Esto sienta jurisprudencia a favor de la libertad de expresión”, celebró Estela Cruz.