Dominada en 2006 por la crisis de la UBA, la agenda universitaria del nuevo año promete un tema excluyente: las discusiones centradas en la modificación de la controvertida Ley de Educación Superior (LES), compromiso hace tiempo asumido por el Gobierno y reiterado ahora por el ministro de Educación. “Nuestro compromiso es que el debate sea sobre todo el 2007 y que, para fines de año, alejado de la fecha electoral, podamos presentar un proyecto, resultado del consenso de todas las universidades”, dijo Daniel Filmus. Si bien el cambio es pedido por la mayoría de las organizaciones universitarias, la propuesta oficial de reformar la LES tendrá que enfrentar reclamos de una pronunciada transformación: por empezar, amplios sectores exigen no la reforma sino, directamente, la derogación del marco legal vigente.

Atravesada por principios neoliberales y reglamentaristas –como la posibilidad de arancelar, fijar cupos de ingreso y los avances sobre la autonomía de cada institución–, la vigente Ley de Educación Superior fue resistida desde su sanción en 1995 por la mayoría de la comunidad académica. Tanto el ministro Filmus como el secretario de Políticas Universitarias (SPU), Alberto Dibbern, han ratificado la postura oficial de reformarla: “Vamos a pedirles a todas las universidades que debatan, discutan y presenten su proyecto para cambiar la ley”, aseguró Filmus, para quien la LES es “la única legislación que queda pendiente para reformular respecto de las perspectivas de la década del ’90”.

De hecho, por encargo de la cartera educativa, ya hay un documento con propuestas elaborado por Juan Carlos Pugliese, ex titular de la SPU. Los ejes del documento plantean rediseñar la relación entre las universidades y el Estado en función de un proyecto nacional, garantizar la gratuidad de los estudios de grado, profundizar la autonomía universitaria pero bajo evaluación, mejorar la organización del sistema y su articulación del resto de los niveles educativos, en especial con la escuela media, y modificar la integración de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), entre otros puntos.

La idea de Filmus es generar espacios de discusión abiertos a representaciones institucionales y organizaciones gremiales para lograr consensos, en un proceso parecido al que se ensayó este año con la Ley Nacional de Educación. No será fácil. La propuesta del Gobierno deberá lidiar con la previsible oposición de sindicatos docentes (Conadu Histórica) y federaciones estudiantiles (FUBA, FULP) –con dirigencias vinculadas a agrupaciones de izquierda–, así como con la Federación Universitaria Argentina (FUA) –conducida por Franja Morada–. Todos sectores que aspiran a una nueva ley universitaria, y no sólo a una modificación de la vigente. Para complicar un asunto ya complejo, el proceso de discusión se cruzará con las campañas electorales –Filmus es candidato oficialista para el gobierno porteño– y también los procesos de elección y recambio de autoridades en varias universidades (La Plata, Córdoba, Rosario y otras).

“La postura histórica de las federaciones combativas es exigir la derogación de la LES”, dijo a este diario María Damasseno, copresidenta de la FUBA. “Lamentablemente, no tenemos confianza en lo que entiende el Gobierno por terminar con las leyes menemistas. Ya lo vimos con la Ley de Educación: no hubo una discusión profunda con la comunidad ni una voluntad real de repensar el sistema educativo”, agregó. “Hay muchísimas reformas para hacer, tienen que ver, entre otros puntos, con una participación más equitativa de todos los claustros”, dijo a la agencia Télam Claudia Baigorria, titular de Conadu Histórica.

Al igual que algunas universidades nacionales, la FUA ya tiene un proyecto de ley preparado. “Se basa en un marco ideológico reformista pero actualizado de cara a los desafíos de la educación superior en el siglo XXI”, explicó a Página/12 Damián Fió, coautor del documento junto a Daniel Nieto, ambos ex dirigentes de Franja y hoy asesores de la federación. “La gratuidad de grado ya no alcanza. Para tener un sistema realmente inclusivo, para democratizar el acceso y la permanencia, hoy es necesario que también los posgrados sean gratuitos. Hay que profundizar el cogobierno mediante la igualdad de representación para docentes y estudiantes. Otro cambio importante que proponemos es disolver la Coneau y crear una agencia de evaluación integrada por representantes del Poder Legislativo y con una fuerte presencia de todos los claustros de la universidad pública”, detalló Fió.

Ad honorem y jubilación

Aunque los cambios normativos para la educación superior serán centrales, con el riesgo de todo augurio se puede apostar a que la agenda académica del 2007 incluirá también la crónica emergencia presupuestaria del sistema universitario y a que, entre las negociaciones con los gremios docentes por mejoras salariales, se intentará avanzar en dos asuntos clave. Uno será el de la jubilación de los docentes: desde hace al menos un año las oficinas gubernamentales de Educación y Economía tienen en estudio una reforma del régimen jubilatorio de los docentes universitarios, hoy excluidos de la ley que retribuye con el 82 por ciento a los maestros y también de la ley que otorga el 85 por ciento a los profesores que hacen investigación. El proyecto oficial sólo apunta a que los docentes universitarios queden incluidos en uno u otro marco legal. Pero el análisis del impacto presupuestario que tendría la medida prolonga la demora. Más allá de sus diferencias, las tres federaciones docentes nacionales (Conadu, Fedun y Conadu Histórica) pretenden que la situación se resuelva en los próximos meses.

El otro asunto es la renta para los docentes ad honorem, un problema que afecta especialmente a las universidades más grandes, con la UBA a la cabeza. Hay un principio de acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio de Educación para comenzar a rentarlos en el año que empieza pasado mañana. Los primeros piden una solución pronta y global, el Gobierno pretende terminar de recopilar antes la información de cada universidad (el relevamiento está concluyendo) y proponer un cronograma que daría prioridad a los docentes designados con al menos 4 o 5 años de antigüedad.