La proyección de las necesidades presupuestarias hacia 2010 –incluida la relación laboral con los docentes– y el debate sobre la reforma del marco normativo para la educación superior son los dos ejes que plantea el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el próximo semestre. Así lo explica, en diálogo con Página/12, el nuevo presidente del organismo que representa a los rectores de universidades públicas, Oscar Spada, de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

–¿Cuál es la situación presupuestaria del sistema universitario?

–Hoy un 90 por ciento del presupuesto se va en sueldos y apenas queda un 10 por ciento para funcionamiento. A medida que hacemos política salarial, se agranda la brecha. El temor que tenemos es que en un momento nos encontremos con que la totalidad del presupuesto sea para pagar salarios. Para seguir al menos tendiendo a una relación de un 85 por ciento para salarios y un 15 para funcionamiento, hay que inyectarle más fondos al presupuesto universitario. Como el presupuesto está relacionado con la Ley de Financiamiento Educativo, deberíamos hacer una proyección de las necesidades salariales, de funcionamiento, la inversión en infraestructura, en ciencia y tecnología, que vamos a necesitar de acá a 2010 y ver qué posibilidades vamos a tener dentro de los objetivos de la ley. En el área de investigación científica y tecnológica hacen falta más fondos. Tenemos un atraso de al menos 10 años. Los rectores acordamos pedirle al Gobierno que se eleven los actuales 56 millones de pesos para ciencia y técnica a 143 millones.

–¿Qué postura asume el CIN frente a los reclamos salariales de los gremios docentes?

–Acordamos trabajar para llevar adelante la fijación de una política salarial para el sector docente y para el no docente, una política salarial que esté separada de las negociaciones de ajustes por inflación. En el caso de los docentes, no tenemos un escalafón que marque la evolución salarial con una relación establecida entre los cargos y las dedicaciones. En una primera etapa de trabajo, tenemos que recomponer ese nomenclador y, a partir de ahí, realizar un ajuste por inflación teniendo en cuenta que partimos de una base con un atraso importante.

–Hace años que se mantiene como cuenta pendiente la formalización de convenio colectivo de trabajo para los docentes.

–Mi idea es poner en marcha el debate en los próximos seis meses. Tenemos que iniciar la discusión, que va a ser compleja porque incluye muchos aspectos, el riesgo laboral, la capacitación docente, los programas de efectivización... No vamos a poder definirlo en seis meses, pero sí abrir la discusión.

–¿Hay perspectivas de lograr esas mejoras salariales y presupuestarias?

–Con respecto a los salarios, estamos trabajando y creemos que vamos a conseguir un avance. Hay un compromiso de la Secretaría de Políticas Universitarias de incorporar este año unos 80 millones de pesos que habían sido asignados en 2006, pero no figuraban en el Presupuesto 2007. La recaudación está creciendo en el país y sería importante que esto mejore la inversión en educación.

–¿El CIN apoya la modificación o derogación de la Ley de Educación Superior (LES)?

–La idea es presentar un nuevo proyecto para reformular la ley. Creo que en la nueva ley tiene que quedar clara la gratuidad de la enseñanza de grado. Tenemos que reformar el ordenamiento propuesto por los artículos 42 y 43 de la LES sobre las carreras de riesgo: la calidad no pasa sólo por las carreras de interés para la sociedad, todas las carreras deben garantizar la calidad. A título personal, creo que es necesaria una ley no tan normativa y que contemple una clara diferenciación entre la educación pública y la educación privada.

–¿A qué se refiere?

–Hoy el sistema universitario público tiene el 78 por ciento de la matrícula estudiantil, pese a que en los últimos años aumentó la cantidad de universidades privadas. No digo que haya una ley para el sector público y otra para el privado, pero sí analizar si corresponde que ambos tengan el mismo nivel dentro de la ley. Por ejemplo, después de estos años (la LES fue sancionada en 1995) habría que analizar la efectividad del Consejo de Universidades y de los consejos regionales, donde se reúnen rectores de universidades públicas y privadas.

–¿Qué rol va a tener el CIN en el proceso de debate que está convocando el Ministerio de Educación?

–El CIN va a organizar un plenario extraordinario, todavía sin fecha, para discutir las propuestas de reforma. Ahora estamos empezando a recabar los proyectos que tienen las universidades y los que se han presentado en el Congreso. Una vez que reunamos toda la información, la vamos a enviar a todas las universidades.