Frente a la asamblea universitaria convocada para comenzar a reformar el estatuto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dentro de dos semanas, los gremios docentes ya presentaron sus propuestas. Los temas más destacados son la conformación de un claustro único docente, la estructuración de la carrera docente y la modificación de los artículos referidos a la jubilación, donde entra la polémica por la edad jubilatoria: hoy el retiro de los profesores es obligatorio a los 65 años.

Los sindicatos presentaron sus proyectos durante la primera etapa de discusión sobre el estatuto –ya concluida–, la mayoría en la comisión referida al personal docente y de investigación, los profesores, los auxiliares, la carrera docente y la jubilación. Si bien parte de las propuestas fueron similares, los dos gremios docentes de la UBA se diferenciaron.

La Asociación Gremial Docente (AGD), asociada a la Conadu Histórica y bajo la órbita de la CTA, postula el claustro único docente. “Es importante cómo se expresan las categorías docentes. En el estatuto actual, y en los otros proyectos que se presentaron, se mantiene por separado a profesores y auxiliares docentes. Nosotros sostenemos que la labor docente es una sola. Por supuesto que con distintas jerarquías y niveles, pero todos juntos”, dijo a Página/12 la profesora Fabiola Ferro.

La Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), enrolada en la Fedun y la CGT que conduce Hugo Moyano, coincide en la unificación de los profesores y auxiliares en un solo claustro –hasta ahora los docentes auxiliares sólo pueden elegir representantes en el claustro de graduados–, aunque en la letra de los proyectos la AGD incluye a los ayudantes de 2a (alumnos que antes de graduarse dan clases), mientras que Aduba no.

Sobre la carrera docente las representaciones gremiales tienen un punto de acuerdo: la necesidad de garantizar cierta estabilidad en el cargo. El acceso se da a través de concursos, pero cada siete años los profesores titulares, asociados y adjuntos deben volver a concursar. En el caso de los jefes de trabajos prácticos y los ayudantes, la evaluación es cada cuatro años. Esto implica la posibilidad de que, en caso de no lograr la reválida, pierdan el trabajo sin acceso a una indemnización. Ante esa tensión con la necesidad de renovación y de garantizar la calidad propia de la universidad, la AGD detalla que la carrera docente debe ser reglamentada por el Consejo Superior de la UBA y propone garantizar “la evaluación periódica de la actividad y el desempeño académico, así como la estabilidad laboral, la formación gratuita en horario laboral y la promoción de los docentes”, y, en caso de cesantía, una indemnización “de acuerdo con el marco legal nacional vigente”.

La organización de los docentes del Ciclo Básico Común (CBC) también es un tema de debate. Para lograrlo “es necesario un proceso de institucionalización, con un armado parecido al de los consejos directivos de las facultades. Los docentes deben poder elegir sus propias autoridades y conformar un claustro de docentes del CBC. Porque, por ejemplo, hay algunos con cargos concursados que no votan”, dijo el titular de Aduba, Daniel Ricci, a este diario.

Un artículo que lleva impresa la polémica es el que establece que los docentes deben jubilarse al cumplir 65 años, y que generó que en su momento destacados intelectuales vieran amenazada la continuidad de sus actividades académicas. La AGD postula que “los profesores que hayan alcanzado mediante carrera docente al menos el cargo de profesor adjunto tendrán derecho a ser designados profesor consulto (en la categoría correspondida) por cinco años”, pudiendo colaborar desde allí con el “dictado de cursos de posgrado y de formación docente”, y continuar con sus tareas de investigación o extensión. Sin diferencias en la posición, Ricci estimó que el problema “se puede solucionar si se facilita el acceso al cargo de profesor consulto”.

Un pronunciamiento destacado en los proyectos de la AGD busca que “en ningún caso los jurados de los concursos podrán ser ex funcionarios de dictaduras, ni funcionarios del gobierno, ni integrantes jerárquicos de empresas multinacionales”.