Los rectores universitarios prácticamente definieron su propuesta para la futura ley de educación superior. Reunidos en la localidad cordobesa de Vaquerías, al final de la tarde de ayer ya habían sellado un acuerdo por unanimidad en casi todos los puntos que contenía el documento anticipado por Página/12 el martes pasado. Garantizar la gratuidad de los estudios de grado, sostener la autonomía y la autarquía institucionales, conformar el gobierno académico con cuatro claustros y mayoría docente, la evaluación y acreditación de carreras mediante una agencia pública, fueron algunos de los puntos centrales sobre los que hubo acuerdo. En cambio, para evitar una confrontación, se optó por no definir si se propondrá una reforma de la Ley 24.521 –vigente desde 1995– o si directamente se pedirá su derogación. Tampoco llegó a tratarse una definición sobre el presupuesto universitario.

El encuentro de los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) concluirá hoy. “Sólo quedó el último punto, referido al financiamiento, para trabajarlo mañana (por hoy). Todos los demás fueron aprobados por consenso a medida que avanzó el debate –dijo a este diario el presidente del CIN, Oscar Spada–. Este será el punto de partida que le presentaremos al Ministerio de Educación como una orientación de nuestra posición sobre la nueva ley.” A su vez, Spada anunció que lo consensuado en Vaquerías “deberá ser debatido con amplitud con todos los sectores de la comunidad universitaria, por lo que se entregará una copia al ministerio y luego intentaremos que los consejos directivos y la comunidad académica puedan dar su posición”.

Con la asistencia perfecta de las universidades públicas del país, los rectores comenzaron ayer por la mañana el análisis de los lineamientos que llevará la futura ley. Las autoridades, que se encontraron en instalaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, tenían casi cerrado un debate que parecía más complejo de lo que finalmente fue. La rectora anfitriona, Carolina Scotto, contó a Página/12 que había distintas posiciones en cuanto a si la ley debía derogarse o solamente ser reformada, por lo que se intentó “superar el tema, ya que tampoco nosotros vamos a definirlo. Pero por la cantidad e importancia de los cambios propuestos a los que hemos arribado, a todos lo efectos seguramente se va a terminar en la derogación de la ley vigente”. Subrayó que entre los presentes existió “un clima de cordialidad” y se privilegió “el consenso”.

Spada abrió la jornada proponiendo los primeros ejes que debían acordar para avanzar sobre seguro. Primero se definió que el marco normativo incluya a las universidades públicas y privadas, también que –a diferencia de la ley vigente– no sea una norma reglamentarista sino una ley marco, “que respete la autonomía a las universidades”. El rector de la Universidad de Río IV también afirmó que “tiene que estar muy clara la gratuidad de la enseñanza, una declaración de principios respecto de la educación como un bien social y ser capaces de consensuar una normativa que dé respuesta a las demandas sociales del país en el marco de un contexto latinoamericano”.

Aunque finalmente hubo acuerdo, uno de los temas que generó mayor intercambio de opiniones contrapuestas fue el de la continuidad o no de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), que vigila la calidad académica y administrativa de las casas de estudios. Según Scotto, “la idea fue definir lineamientos comunes y amplios, sin detenernos en lo meramente articular, para confluir en una ley marco. Por eso determinamos que estamos de acuerdo con la existencia de un organismo único de evaluación, pero que garantice una menor injerencia del poder político” –respecto de la actual conformación de la Coneau– y una mayor representación académica.

Los puntos que se aprobaron por consenso, con algunas correcciones en la redacción, son:

- Considerar a la educación como un bien público, negando en ese sentido las propuestas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de considerarla un servicio transable.

- Garantizar la gratuidad de la enseñanza de grado, uno de los puntos más controvertidos de la actual legislación. Para que la gratuidad y la equidad se cumplan se reiteró la necesidad de una política de becas.

- Preservar la autonomía de cada universidad, actualmente vulnerada por los avances reglamentarios de la LES.

- Garantizar el cogobierno integrado por cuatro claustros (profesores, alumnos, graduados y empleados no docentes), con el 50 por ciento de las bancas para los docentes.

- Articular la educación universitaria y la superior no universitaria.

- Establecer claras políticas de fortalecimiento de la formación docente.

- Si bien no se discute la existencia de organismos de acreditación y evaluación, éstos deberían ser exclusivamente públicos.

- Respecto del financiamiento, el documento establece la necesidad de crear espacios para establecer acuerdos políticos entre las universidades públicas y la sociedad para considerar la racionalidad del presupuesto.