Como imputados por falsificar notas de exámenes, 63 estudiantes y tres empleados de la Universidad Nacional de Tucumán fueron citados a prestar declaración indagatoria por un fiscal federal. Desde principios de año los alumnos están suspendidos y no pueden cursar materias, a raíz del sumario administrativo abierto por la universidad en paralelo a la investigación penal.

El fiscal Carlos Brito solicitó a Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, que indague a los estudiantes de la Facultad de Derecho (UNT) en carácter de coautores y partícipes de la adulteración de documentos públicos (las actas de exámenes) y de insertar (o hacer insertar) datos falsos en un archivo de informaciones personales (el sistema informático de la universidad). A Luis Francisco Agüero, director de Registro de Alumnos de la UNT, y a los empleados de esa oficina Marcela Lobo y Ernesto Wilde, la fiscalía les imputó los mismos delitos, además de falsedad ideológica, aunque en grado de tentativa.

Según describió el fiscal, los estudiantes se inscribían para rendir en mesas de exámenes libres y no se presentaban, o resultaban desaprobados, lo que quedaba registrado en las actas de exámenes confeccionadas por los docentes. Luego, siguiendo el procedimiento habitual, el contenido de las actas era volcado en la base de datos del sistema informático de la facultad por un empleado de la Dirección Registro de Alumnos. Posteriormente, esas notas, o la condición de ausente, eran modificadas por la calificación de cuatro. Es decir, los estudiantes pasaban a aparecer como aprobados. Se sospecha, obviamente, que mediaba un pago previo.

Como el sistema informático registra todos los movimientos, el fiscal Brito determinó la hora en que se produjo cada cambio de nota sin respaldo documental, así como cuál de los once empleados habilitados lo realizó: Agüero habría efectuado 86 cambios irregulares de notas, Lobo dos y Wilde una. Para Brito, la modificación de las notas en el sistema informático era el primer paso de la maniobra, porque “estas gestiones ilegítimas se encontraban encaminadas a adulterar posteriormente las actas de exámenes”. La investigación había comenzado a mediados de febrero, cuando el decano y el vicedecano de Derecho, José Luis Vázquez y Miguel Marcotullio, denunciaron las irregularidades detectadas.