A último momento, la transferencia de las partidas presupuestarias destinadas al pago de salarios detuvo el conflicto que estaba a punto de estallar entre los rectores y docentes universitarios. Ayer también hubo otra buena noticia para las universidades: el Presidente le entregó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el decreto que designa a las casas de estudios como “consultoras privilegiadas del Estado”.
En un acto realizado en la Quinta de Olivos, Eduardo Duhalde firmó la norma que privilegiará a las universidades cuando organismos estatales deban contratar servicios de auditoría, asesoría técnica y otros. El decreto apunta en la misma dirección que un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados.
Por otro lado, el atraso en la remisión del presupuesto universitario incluye todas las partidas de gastos de funcionamiento de este año (excepto enero), la devolución del 13 por ciento de los salarios recortados desde el año pasado y el pago del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores. A todo eso, este mes se agregaba la demora en el pago de los salarios. De hecho, los gremios docentes habían amenazado con suspender la toma de exámenes a partir de la semana próxima. Y, desde el CIN, los rectores habían difundido una declaración donde denunciaban que “una vez más” las universidades habían sido “postergadas en el pago de los salarios por las autoridades del Ministerio de Economía”, además de ser discriminadas respecto del resto de la Administración Pública “que ha terminado de percibir sus haberes la semana pasada, como legalmente corresponde”.
Pero ayer Economía comenzó a enviar los recursos. Los docentes y no docentes podrán empezar a cobrar entre hoy y el lunes. La Conadu informó que no concretará la medida de fuerza anunciada.