A pesar de su condición de peronista y miembro fundador del Grupo Calafate, la relación del vicerrector Aníbal Franco con el Gobierno no parece la mejor. Los roces se produjeron con su tocayo Fernández, ministro del Interior. Hace una semana, Franco le envió una nota solicitándole custodia policial para la quinta asamblea, ayer fracasada. ¿Por qué no hubo operativo de seguridad? “La UBA está partida y si no encuentra una solución dentro de sus claustros no será la policía la que dirima esta cuestión”, señaló el ministro. Reconoció haber recibido la nota del vicerrector y dijo que por eso instruyó “a la Policía Federal para que diseñara el operativo, pero después seis de trece facultades (Filosofía, Sociales, Exactas, Arquitectura, Medicina y Agronomía) nos hicieron saber su negativa a que participaran las fuerzas de seguridad, lo mismo que las federaciones universitarias”. Fernández aclaró que sólo autorizará la presencia de la fuerza pública en la UBA “si existe un pedido unánime de toda la comunidad universitaria”.

El vicerrector discrepó ayer con el funcionario. Aseguró que su petición estuvo fundada, a su vez, en que “nueve de los trece decanos” le pidieron un operativo de seguridad para garantizar la sesión: en esa lista Franco incluyó a Medicina y Agronomía, además de Económicas, Ingeniería, Derecho, Veterinarias, Odontología, Psicología y Farmacia. “La atribución de solicitar la fuerza pública, de acuerdo con los estatutos vigentes, la tiene el rector, en este caso yo, que soy el vicerrector a cargo”, apuntó Franco. “La universidad no está partida en dos”, respondió. Ese no fue el único roce con el ministro. La UBA difundió el viernes un texto que iba a ser publicado como solicitada el domingo y que responsabilizaba al Gobierno por la seguridad de la asamblea. La solicitada no apareció. Según fuentes del rectorado, se debió a que el ministro le recriminó el texto a Franco y le advirtió que podría cuestionarse la legalidad de usar fondos públicos para pagar la solicitada.