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El panorama del financiamiento educativo est谩 cargado de logros, paradojas y desaf铆os pendientes. El an谩lisis de las tendencias recientes abre interrogantes centrales para las discusiones que se alistan en el frente nacional y provincial antes del inicio de clases entre sindicatos y gobiernos. Esas discusiones deben ser transparentes e informadas, para avanzar en dos esferas de justicia combinadas: la justicia federal y la justicia social.
El gran logro a destacar indica que la inversi贸n educativa se ha incrementado sustancialmente desde la crisis de 2002, cuando experiment贸 una estrepitosa ca铆da del 35 por ciento en t茅rminos reales. La recuperaci贸n inicial de la inversi贸n educativa fue acompa帽ada y proyectada por la sanci贸n de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo (LFE) en diciembre de 2005. All铆 se estableci贸 la meta de alcanzar gradualmente el 6 por ciento del PBI destinado a Educaci贸n, Ciencia y Tecnolog铆a para el a帽o 2010, partiendo de un 4,3 por ciento en el a帽o 2005.
La buena noticia no culmina en la sanci贸n de la LFE, sino en su cumplimiento, que ha sido monitoreado externamente por Cippec. De acuerdo con los 煤ltimos datos disponibles, la LFE se cumpli贸 por encima de lo previsto hasta el a帽o 2007, alcanzando un pico de 5,4 por ciento de inversi贸n destinada a Educaci贸n, Ciencia y Tecnolog铆a frente al PBI (la meta para ese a帽o era de 5 por ciento). Esto implic贸 pasar de 24.400 millones de pesos de gasto educativo total en 2005 a 43.800 millones en 2007, un aumento del 79 por ciento en t茅rminos nominales y del 33 por ciento real (considerando la inflaci贸n medida por fuentes alternativas al Indec).
Este avance impact贸 de forma directa en el hist贸ricamente depreciado salario docente, que aument贸 entre 2005 y 2008 un 23 por ciento en t茅rminos reales. Sin embargo, la paradoja principal de este per铆odo reciente se帽ala que se increment贸 el nivel de conflictividad y los paros docentes. Pese a la buena relaci贸n entre Ctera y el gobierno nacional y la creaci贸n de instituciones in茅ditas como la LFE, la Paritaria Docente Nacional, el Programa de Compensaci贸n Salarial Docente y la continuidad del Fondo de Incentivo Docente, la cantidad de d铆as de paro en las provincias se increment贸 en 2006 y 2007, bajando levemente en 2008.
Esto indica que la educaci贸n es b谩sicamente una competencia provincial, donde se miden las relaciones de fuerzas entre sindicatos y gobiernos, con independencia de las situaciones objetivas referidas al esfuerzo financiero por la educaci贸n y la variaci贸n de los salarios docentes. De all铆 que un primer desaf铆o central para 2009 ser谩 lograr 25 acuerdos (uno por jurisdicci贸n y el nacional, que deber铆a antecederlos) en un contexto econ贸mico eclipsado y en un a帽o electoral pol铆ticamente cada vez m谩s confuso.
De esos acuerdos depende buena parte de la situaci贸n fiscal de las provincias en 2009. Es sabido que la negociaci贸n inicial de los sindicatos docentes es la que fija el aumento de toda la administraci贸n p煤blica, muchas veces a costa de los d铆as de clase de los alumnos. La gran pregunta refiere a cu谩l ser谩 el punto de equilibrio en un a帽o distinto de los anteriores por su inmensa incertidumbre.
El problema es que, aun cumpliendo la LFE, existen grandes desigualdades en la inversi贸n educativa de las provincias y una situaci贸n cr铆tica e insostenible en la provincia de Buenos Aires, que agrupa al 38 por ciento de los alumnos del pa铆s. La desproporci贸n indica que mientras en Salta la inversi贸n anual por alumno es de 1500 pesos, en Tierra del Fuego roza los 7200 pesos. As铆, el derecho a la educaci贸n de los alumnos y a salarios igualitarios de los docentes est谩 condicionado por el lugar donde vivan.
En t茅rminos de esfuerzo financiero provincial por la educaci贸n se repiten las disparidades: mientras la provincia de Buenos Aires invierte el 35 por ciento del presupuesto en educaci贸n, Santa Cruz apenas alcanza el 11 por ciento. Esto se帽ala la inmensa desigualdad del federalismo fiscal en la Argentina, con provincias muy beneficiadas y otras muy perjudicadas por el reparto de la Coparticipaci贸n Federal de Impuestos.
El caso de la provincia de Buenos Aires (PBA) es un prototipo de las desigualdades federales. Se trata de la provincia con el Estado m谩s pobre del pa铆s por lejos (en t茅rminos de recursos fiscales por habitante) y, pese al enorme esfuerzo presupuestario que realiza por la educaci贸n, su inversi贸n por alumno es menor al promedio provincial. Este factor, sumado a que durante el crecimiento econ贸mico aument贸 el poder adquisitivo de ciertos sectores sociales, hizo que entre 2002 y 2006 se perdieran 100 mil alumnos de la escuela p煤blica y aumentara en 115 mil la matr铆cula de las escuelas privadas.
La conclusi贸n es que la (in)justicia federal tambi茅n impacta en la (in)justicia social y educativa. La PBA es el ejemplo m谩s extremo de la dualizaci贸n del sistema educativo: los m谩s pobres quedan en la escuela p煤blica y reciben los coletazos de los paros docentes, mientras las clases medias huyen a refugiarse en la escuela privada.
Por eso es clave en un a帽o cr铆tico como 2009 afrontar las negociaciones salariales con dos desaf铆os de fondo. Primero, equilibrar las finanzas provinciales, por ejemplo con una mejor distribuci贸n del fondo compensatorio salarial docente, que deber铆a beneficiar a las provincias con menos recursos estatales como PBA, Santa Fe, C贸rdoba, Mendoza, adem谩s de las que ya lo reciben del NEA y NOA. Segundo, mantener una impronta contrac铆clica: en momentos de crisis econ贸mica es necesario aumentar la inversi贸n social para no permitir que se ensanchen las desigualdades. La apuesta a una inversi贸n educativa estrat茅gica que garantice capacidades de autodeterminaci贸n de los sujetos y grupos sociales es la m谩s duradera y necesaria.
* Director del Programa de Educaci贸n de Cippec.
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