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El panorama del financiamiento educativo está cargado de logros, paradojas y desafíos pendientes. El análisis de las tendencias recientes abre interrogantes centrales para las discusiones que se alistan en el frente nacional y provincial antes del inicio de clases entre sindicatos y gobiernos. Esas discusiones deben ser transparentes e informadas, para avanzar en dos esferas de justicia combinadas: la justicia federal y la justicia social.

El gran logro a destacar indica que la inversión educativa se ha incrementado sustancialmente desde la crisis de 2002, cuando experimentó una estrepitosa caída del 35 por ciento en términos reales. La recuperación inicial de la inversión educativa fue acompañada y proyectada por la sanción de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo (LFE) en diciembre de 2005. Allí se estableció la meta de alcanzar gradualmente el 6 por ciento del PBI destinado a Educación, Ciencia y Tecnología para el año 2010, partiendo de un 4,3 por ciento en el año 2005.

La buena noticia no culmina en la sanción de la LFE, sino en su cumplimiento, que ha sido monitoreado externamente por Cippec. De acuerdo con los últimos datos disponibles, la LFE se cumplió por encima de lo previsto hasta el año 2007, alcanzando un pico de 5,4 por ciento de inversión destinada a Educación, Ciencia y Tecnología frente al PBI (la meta para ese año era de 5 por ciento). Esto implicó pasar de 24.400 millones de pesos de gasto educativo total en 2005 a 43.800 millones en 2007, un aumento del 79 por ciento en términos nominales y del 33 por ciento real (considerando la inflación medida por fuentes alternativas al Indec).

Este avance impactó de forma directa en el históricamente depreciado salario docente, que aumentó entre 2005 y 2008 un 23 por ciento en términos reales. Sin embargo, la paradoja principal de este período reciente señala que se incrementó el nivel de conflictividad y los paros docentes. Pese a la buena relación entre Ctera y el gobierno nacional y la creación de instituciones inéditas como la LFE, la Paritaria Docente Nacional, el Programa de Compensación Salarial Docente y la continuidad del Fondo de Incentivo Docente, la cantidad de días de paro en las provincias se incrementó en 2006 y 2007, bajando levemente en 2008.

Esto indica que la educación es básicamente una competencia provincial, donde se miden las relaciones de fuerzas entre sindicatos y gobiernos, con independencia de las situaciones objetivas referidas al esfuerzo financiero por la educación y la variación de los salarios docentes. De allí que un primer desafío central para 2009 será lograr 25 acuerdos (uno por jurisdicción y el nacional, que debería antecederlos) en un contexto económico eclipsado y en un año electoral políticamente cada vez más confuso.

De esos acuerdos depende buena parte de la situación fiscal de las provincias en 2009. Es sabido que la negociación inicial de los sindicatos docentes es la que fija el aumento de toda la administración pública, muchas veces a costa de los días de clase de los alumnos. La gran pregunta refiere a cuál será el punto de equilibrio en un año distinto de los anteriores por su inmensa incertidumbre.

El problema es que, aun cumpliendo la LFE, existen grandes desigualdades en la inversión educativa de las provincias y una situación crítica e insostenible en la provincia de Buenos Aires, que agrupa al 38 por ciento de los alumnos del país. La desproporción indica que mientras en Salta la inversión anual por alumno es de 1500 pesos, en Tierra del Fuego roza los 7200 pesos. Así, el derecho a la educación de los alumnos y a salarios igualitarios de los docentes está condicionado por el lugar donde vivan.

En términos de esfuerzo financiero provincial por la educación se repiten las disparidades: mientras la provincia de Buenos Aires invierte el 35 por ciento del presupuesto en educación, Santa Cruz apenas alcanza el 11 por ciento. Esto señala la inmensa desigualdad del federalismo fiscal en la Argentina, con provincias muy beneficiadas y otras muy perjudicadas por el reparto de la Coparticipación Federal de Impuestos.

El caso de la provincia de Buenos Aires (PBA) es un prototipo de las desigualdades federales. Se trata de la provincia con el Estado más pobre del país por lejos (en términos de recursos fiscales por habitante) y, pese al enorme esfuerzo presupuestario que realiza por la educación, su inversión por alumno es menor al promedio provincial. Este factor, sumado a que durante el crecimiento económico aumentó el poder adquisitivo de ciertos sectores sociales, hizo que entre 2002 y 2006 se perdieran 100 mil alumnos de la escuela pública y aumentara en 115 mil la matrícula de las escuelas privadas.

La conclusión es que la (in)justicia federal también impacta en la (in)justicia social y educativa. La PBA es el ejemplo más extremo de la dualización del sistema educativo: los más pobres quedan en la escuela pública y reciben los coletazos de los paros docentes, mientras las clases medias huyen a refugiarse en la escuela privada.

Por eso es clave en un año crítico como 2009 afrontar las negociaciones salariales con dos desafíos de fondo. Primero, equilibrar las finanzas provinciales, por ejemplo con una mejor distribución del fondo compensatorio salarial docente, que debería beneficiar a las provincias con menos recursos estatales como PBA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, además de las que ya lo reciben del NEA y NOA. Segundo, mantener una impronta contracíclica: en momentos de crisis económica es necesario aumentar la inversión social para no permitir que se ensanchen las desigualdades. La apuesta a una inversión educativa estratégica que garantice capacidades de autodeterminación de los sujetos y grupos sociales es la más duradera y necesaria.

* Director del Programa de Educación de Cippec.