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Algunos de los puntos principales a la hora de dise帽ar pol铆ticas son los objetivos y los costos que conlleva su implementaci贸n. Una pol铆tica de empleo puede tomar muchas formas. El proyecto de ley que aprob贸 la C谩mara de Diputados y que el gobierno nacional decidi贸 vetar propone, fundamentalmente, restablecer la emergencia ocupacional que proteja el empleo de miles de trabajadores a trav茅s del freno a injustificados despidos y el restablecimiento de la doble indemnizaci贸n.
El 6 de enero de 2002, en medio de una crisis social y econ贸mica con niveles de pobreza superiores a 50 por ciento y de desocupaci贸n de 25 por ciento, la Ley N潞 25.561 suspend铆a por 180 d铆as 鈥渓os despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravenci贸n a lo aqu铆 dispuesto, los empleadores deber谩n abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnizaci贸n que les correspondiese, de conformidad a la legislaci贸n laboral vigente鈥. Distintas modificaciones fueron prorrogando el per铆odo de aplicaci贸n y reduciendo el porcentaje de indemnizaci贸n a medida que avanzaban los a帽os y las decisiones de pol铆tica reactivaban la econom铆a y reduc铆an el desempleo. De esta manera, el art铆culo 3 del decreto 823/04 estableci贸 que 鈥渃uando la tasa de desocupaci贸n resulte inferior al 10 por ciento quedar谩 sin efecto de pleno derecho la pr贸rroga de lo establecido por el art铆culo 16 de la Ley N潞 25.561鈥, lo que efectivamente sucedi贸 dos a帽os despu茅s.
En 2006, tercero a帽o de la presidencia de N茅stor Kirchner, encontr贸 al pa铆s con un crecimiento del PIB del 8,5 por ciento. El cuarto trimestre de dicho a帽o arroj贸 seg煤n el Indec una tasa de desocupaci贸n de 8,7 por ciento gracias a la creaci贸n de m谩s de 3 millones de puestos de trabajo. Se hab铆a atravesado el umbral, lo que permiti贸 dar por finalizada la normativa.
Por supuesto que ninguna normativa por s铆 misma puede generar o destruir empleo, y este caso no fue la excepci贸n. Las decisiones de pol铆tica econ贸mica de aquel entonces apuntaban a la creaci贸n directa o indirecta de empleo a trav茅s de la reactivaci贸n de la econom铆a: aumento del consumo a trav茅s de un mayor ingreso disponible de los trabajadores, aumento de la demanda y recuperaci贸n de la producci贸n y la inversi贸n, adem谩s de medidas que permitieran direccionar la mayor renta hacia esos fines.
En aquel contexto, las pol铆ticas de empleo fueron acompa帽ando principalmente la visi贸n de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo que propon铆a la implementaci贸n de pol铆ticas activas de empleo. Dichas pol铆ticas se tradujeron, entre otras, en el apoyo y difusi贸n de las oficinas de empleo, subvenciones salariales para evitar despidos o creaci贸n directa de empleo p煤blico.
El contexto pol铆tico y econ贸mico actual es muy diferente, por lo que cabe reafirmar la pertinencia de la ley aprobada. El primer aspecto a tener en cuenta es si efectivamente existe emergencia ocupacional, cuyo l铆mite en la experiencia previa se cuantific贸 por un 铆ndice de desocupaci贸n superior a los dos d铆gitos. Hoy no existen con estad铆sticas de tasas de desempleo nacional, que reci茅n estar铆an para el 23 de agosto seg煤n declaraciones de miembros del Indec. Sin embargo, distintas mediciones estiman que, teniendo en cuenta los sectores p煤blico, privado, registrado y no registrado, m谩s de 150.000 trabajadores quedaron sin empleo desde el 10 de diciembre de 2015, en apenas cinco meses.
Distintas razones permiten proyectar que esta situaci贸n continuar谩. M谩s all谩 de la reacci贸n oficial 鈥搑econociendo por primera vez la situaci贸n de despidos鈥 de impulsar un compromiso escrito no vinculante de las grandes empresas y de prometer el cese de despidos en el Estado, el panorama se mantiene. M谩s a煤n cuando a los pocos d铆as tanto empresas privadas como el mismo Estado continuaron licenciando o despidiendo trabajadores, como en el caso de Renatea. Por el lado del sector privado, la devaluaci贸n, las altas tasas de inter茅s definidas por el Banco Central, la apertura de importaciones y los aumentos de precios y tarifas est谩n contrayendo la actividad econ贸mica, reduciendo la rentabilidad en muchos sectores y generando un panorama oscuro para el empleo. El desfavorable contexto internacional tampoco permite pronosticar una mejora de la situaci贸n econ贸mica.
Es por eso que, a煤n sin estad铆sticas oficiales, o aunque no se llegue 鈥搕odav铆a鈥 al umbral del 10 por ciento, la cantidad de familias que por efecto directo o indirecto est谩n dejando de percibir ingresos por sus trabajos y en riesgo de perderlos permite pensar que, sin intervenci贸n, continuar谩 el fuerte proceso de despidos, lo que efectivamente se puede definir como una situaci贸n de emergencia ocupacional.
Por otro lado, la gran mayor铆a de los trabajadores estatales despedidos no ha recibido justificaci贸n al cese de su relaci贸n contractual, as铆 como en general no se han comprobado las razones declaradas p煤blicamente por miembros del gobierno sobre el no cumplimiento horario o la falta de tareas.
La discusi贸n central alrededor de la Ley de Emergencia ocupacional pasa por qui茅n absorbe los costos de las decisiones de pol铆tica econ贸mica que est谩 tomando el gobierno. De manera muy esquem谩tica, los costos principales de las empresas se dividen en la adquisici贸n de insumos, el transporte, la energ铆a y las comunicaciones. La devaluaci贸n y la decisi贸n de aumentar los precios de los servicios han incrementado todos los costos de las empresas, lo que reduce su margen de ganancia, a veces hasta generar p茅rdidas.
El salario puede ser visto de diferentes maneras: la retribuci贸n de la persona que presta su fuerza de trabajo para la producci贸n, en funci贸n de sus derechos y necesidades, o simplemente como un costo para la empresa. Y si a la empresa le suben los dem谩s costos, intentar谩 disminuir el 鈥渃osto鈥 laboral, ya sea reduciendo el monto, o la cantidad de trabajadores. La propuesta de suspender los despidos sin causa justificada apunta a que los costos de las decisiones de pol铆tica de la 鈥渢ransici贸n鈥 no recaigan en las familias de los trabajadores, sino en el Estado.
Por supuesto que esto podr铆a ser perjudicial para muchas Pymes que no llegar铆an a solventar el costo de la doble indemnizaci贸n. Una vez m谩s, no podemos escindirnos del contexto: las 煤ltimas decisiones de pol铆tica econ贸mica incrementaron los costos de las Pymes. Para evitar que 茅stas incurran en p茅rdidas, existen herramientas para protegerlas. Programas como el Repro, por ejemplo, permiten al Estado cuidar tanto al empleado como al empleador subsidiando total o parcialmente los salarios. De esta manera se puede proteger tanto a los trabajadores como a la producci贸n nacional.
Las propuestas actuales del gobierno para contrarrestar esta situaci贸n se centran en reducciones impositivas a las empresas, o promesas de empresarios. En los hechos, dichas propuestas reducen a煤n m谩s los ingresos del Estado, debilitando su poder de intervenci贸n.
En definitiva, estamos ante un conflicto de toma de decisiones. El Gobierno ha decidido cambiar el modelo macroecon贸mico por uno neoliberal. Esa decisi贸n genera costos financieros, que el propio gobierno ha absorbido en parte, transfiriendo miles de millones de pesos a grandes empresas agroexportadoras y mineras, y en parte ha absorbido la poblaci贸n a trav茅s de la gran reducci贸n de su poder de compra. Pero el principal costo es el humano, y est谩 en las familias de los miles de despedidos y los que no llegan a fin de mes.
* Observatorio de Calificaciones Laborales. Universidad Nacional Arturo Jauretche.
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