El domingo pasado hubo protesta en la calle Terrada, donde fue destruida la casa que alquilaba Alfonsina Storni en Buenos Aires. Los vecinos y varios grupos patrimonialistas se juntaron indignados porque la demolición fue claramente ilegal: la casa está en un APH y ya se habÃa votado la primera vuelta de la ley que la catalogaba. Los vecinos se acercaron con un crespón negro, pintaron en las chapas del frente el aviso de quién habÃa vivido ahà y hasta miraron los escombros de adentro. Lo que vieron confirmó lo que sospechaban, que la casa estaba Ãntegra antes de que le cayeran con la piqueta tramposa para hacer un negocio.
La suerte de velatorio para la casa de la poetisa incluyó por supuesto poemas leÃdos en voz alta y permitió que se conocieran personas motivadas por el mismo tema. Asà se fue hablando de crear una coordinadora de patrimonialistas en la Comuna 7, que reúne a Flores y Parque Chacabuco.
Quien demolió esta casa parece que va a tener motivos para lamentarlo. Además de que los vecinos estén vigilando de cerca cualquier cosa que pase en ese lugar, ahora ruina, la diputada MarÃa José Lubertino presentó este miércoles una denuncia por la demolición. Lubertino se fue directamente al juzgado correccional 7 y pidió la apertura de una causa penal. En el expediente 50788 figuran como denunciados Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Horacio RodrÃguez Larreta; sus ministros de Cultura, Hernán Lombardi, y de Desarrollo Urbano, Daniel ChaÃn; su subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri; sus directores generales de Interpretación UrbanÃstica, Antonio Ledesma, de Registro de Obras y Catastro, Guillermo GarcÃa Fahler, y de Planeamiento, Fernando Alvarez Celis; su responsable de la Agencia de Control, Javier Ibáñez, y su director de Fiscalización en la Agencia, Mario Boscoboinik. Además figuran como denunciados el señor Isaac Kapulski, que figura como propietario de la casa de Alfonsina en el cartelito que todavÃa sigue pegado en el lugar, y Juan Marcelo Alderete, el demoledor que se cargó fÃsicamente el inmueble.
Es realmente original que un desmán asà vaya a la Justicia penal nacional, y no a la correccional porteña. Habrá que ver qué responden los funcionarios y los particulares. ¿Dirá Macri que no puede poner un inspector en cada obra?
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