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El domingo pasado hubo protesta en la calle Terrada, donde fue destruida la casa que alquilaba Alfonsina Storni en Buenos Aires. Los vecinos y varios grupos patrimonialistas se juntaron indignados porque la demolición fue claramente ilegal: la casa está en un APH y ya se había votado la primera vuelta de la ley que la catalogaba. Los vecinos se acercaron con un crespón negro, pintaron en las chapas del frente el aviso de quién había vivido ahí y hasta miraron los escombros de adentro. Lo que vieron confirmó lo que sospechaban, que la casa estaba íntegra antes de que le cayeran con la piqueta tramposa para hacer un negocio.

La suerte de velatorio para la casa de la poetisa incluyó por supuesto poemas leídos en voz alta y permitió que se conocieran personas motivadas por el mismo tema. Así se fue hablando de crear una coordinadora de patrimonialistas en la Comuna 7, que reúne a Flores y Parque Chacabuco.

Quien demolió esta casa parece que va a tener motivos para lamentarlo. Además de que los vecinos estén vigilando de cerca cualquier cosa que pase en ese lugar, ahora ruina, la diputada María José Lubertino presentó este miércoles una denuncia por la demolición. Lubertino se fue directamente al juzgado correccional 7 y pidió la apertura de una causa penal. En el expediente 50788 figuran como denunciados Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; sus ministros de Cultura, Hernán Lombardi, y de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; su subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri; sus directores generales de Interpretación Urbanística, Antonio Ledesma, de Registro de Obras y Catastro, Guillermo García Fahler, y de Planeamiento, Fernando Alvarez Celis; su responsable de la Agencia de Control, Javier Ibáñez, y su director de Fiscalización en la Agencia, Mario Boscoboinik. Además figuran como denunciados el señor Isaac Kapulski, que figura como propietario de la casa de Alfonsina en el cartelito que todavía sigue pegado en el lugar, y Juan Marcelo Alderete, el demoledor que se cargó físicamente el inmueble.

Es realmente original que un desmán así vaya a la Justicia penal nacional, y no a la correccional porteña. Habrá que ver qué responden los funcionarios y los particulares. ¿Dirá Macri que no puede poner un inspector en cada obra?