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El Consejo de la Magistratura eval煤a la actuaci贸n del juez federal de Santa Fe, Reynaldo Rodr铆guez, a quien se le imputa el "indebido dictado de medidas cautelares", en virtud de las cuales una serie de tenedores de t铆tulos p煤blicos -adquiridos por debajo de su valor de mercado- consiguieron cobrarlos seg煤n su monto nominal y al margen del marco regulatorio dictado por el gobierno. La presentaci贸n que cuestiona al magistrado santafesino fue realizada por funcionarios del Ministerio de Econom铆a de la Naci贸n, tras lo cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi, dispuso una auditor铆a, segun public贸 ayer el diario El Litoral. Rodr铆guez es el magistrado que ha llevado adelante al investigaci贸n sobre el terrorismo de estado en Santa Fe.
La denuncia fue hecha al Consejo de la Magistratura por el subsecretario legal de la Direcci贸n de Gesti贸n y Control Judicial del Ministerio, considerando la "grave situaci贸n" denunciada en un documento firmado por varios funcionarios del 谩rea.
En el misma se alude al "indebido dictado de medidas cautelares, que recaen sobre tenencias de t铆tulos p煤blicos, adquiridos con posterioridad al diferimiento de pagos de la deuda soberana, con fundamento en un pretendido encuadramiento dentro del r茅gimen de excepciones consagradas en las leyes presupuestarias".
La nota menciona ocho casos de tenedores de t铆tulos que accionaron contra el Estado Nacional. Los funcionarios de Econom铆a se quejan del sistem谩tico rechazo por parte del juez a las argumentaciones del abogado estatal, tendientes a "demostrar el enriquecimiento sin causa de los accionantes, que deriva de adquirir bonos con posterioridad al 31/1/01, a bajo valor de mercado, para luego obtener el dictado de medidas precautorias que posibilitan su recupero a valor del d贸lar en el mercado libre de cambios".
De este modo, se elude la opci贸n de canje contemplada por la normativa dispuesta para los acreedores: el decreto 1.735 de 2004 o la ley 26.017, que establecieron los criterios en base a los cuales resulta la valuaci贸n de los t铆tulos.
Los profesionales enumeran que, con las medidas del juez, "se afectan rentas p煤blicas; se otorgan con cauci贸n juratoria; en varias ocasiones, desde la primera notificaci贸n de las medidas, se otorgaron plazos de 72 horas; se apercibe de remitir las actuaciones a la Justicia Penal, por supuesta desobediencia a 贸rdenes judiciales. Si para evitar esa situaci贸n se solicita el dep贸sito de sumas `a embargo', el tribunal ordena su pago sin m谩s tr谩mite; los recursos son concedidos con un solo efecto; las elevaciones a la C谩mara se demoran indefinidamente; se suceden las imposiciones de multas por elevadas sumas de dinero". Sobre este 煤ltimo punto, en tres de los casos las mismas llegaron a los 1.000 pesos diarios.
Tras mencionar otras cuestiones, como la intimaci贸n a pagar al titular de la Direcci贸n de Control y Gesti贸n Judicial -cuya funci贸n no es desembolsar dinero o, a lo sumo, no sin sentencia firme de por medio-, la presentaci贸n consigna como un agravante que, en todas las ocasiones en que se depositaron los fondos "a embargo", para no incurrir en desobediencia a la orden judicial, el juzgado orden贸 el pago efectivo de dichas sumas.
"De este modo, queda neutralizada toda efectiva defensa del Estado nacional, pues, en todo caso, se privilegian excesivamente los rituales procesales, en desmedro de la verdad jur铆dica" y, en definitiva, del propio servicio de justicia, razonan los denunciantes.
Los funcionarios de Econom铆a que plantearon la "grave situaci贸n" verificada en el Juzgado Federal N掳 1 de Santa Fe, son la directora general de Asuntos Jur铆dicos, Yolanda Eggink; el director de Gesti贸n y Control Judicial, Eduardo Per贸, y el coordinador de Juicios de esa repartici贸n, Mario Fogliati. En el documento, solicitan disposiciones para plantear nuevas l铆neas defensivas, o bien "analizar la adopci贸n de otras medidas de 铆ndole judicial o de corte institucional".
El juez Rodr铆guez ha tenido una destacada actuaci贸n en causas de derechos humanos que se tramitan en su juzgado, y luego de declarar las incostitucionalidad de las leyes de impunidad, orden贸 la detenci贸n de varios responsables de la represi贸n en la ciudad de Santa Fe.
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