El Consejo de la Magistratura evalúa la actuación del juez federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, a quien se le imputa el "indebido dictado de medidas cautelares", en virtud de las cuales una serie de tenedores de títulos públicos -adquiridos por debajo de su valor de mercado- consiguieron cobrarlos según su monto nominal y al margen del marco regulatorio dictado por el gobierno. La presentación que cuestiona al magistrado santafesino fue realizada por funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, tras lo cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi, dispuso una auditoría, segun publicó ayer el diario El Litoral. Rodríguez es el magistrado que ha llevado adelante al investigación sobre el terrorismo de estado en Santa Fe.

La denuncia fue hecha al Consejo de la Magistratura por el subsecretario legal de la Dirección de Gestión y Control Judicial del Ministerio, considerando la "grave situación" denunciada en un documento firmado por varios funcionarios del área.

En el misma se alude al "indebido dictado de medidas cautelares, que recaen sobre tenencias de títulos públicos, adquiridos con posterioridad al diferimiento de pagos de la deuda soberana, con fundamento en un pretendido encuadramiento dentro del régimen de excepciones consagradas en las leyes presupuestarias".

La nota menciona ocho casos de tenedores de títulos que accionaron contra el Estado Nacional. Los funcionarios de Economía se quejan del sistemático rechazo por parte del juez a las argumentaciones del abogado estatal, tendientes a "demostrar el enriquecimiento sin causa de los accionantes, que deriva de adquirir bonos con posterioridad al 31/1/01, a bajo valor de mercado, para luego obtener el dictado de medidas precautorias que posibilitan su recupero a valor del dólar en el mercado libre de cambios".

De este modo, se elude la opción de canje contemplada por la normativa dispuesta para los acreedores: el decreto 1.735 de 2004 o la ley 26.017, que establecieron los criterios en base a los cuales resulta la valuación de los títulos.

Los profesionales enumeran que, con las medidas del juez, "se afectan rentas públicas; se otorgan con caución juratoria; en varias ocasiones, desde la primera notificación de las medidas, se otorgaron plazos de 72 horas; se apercibe de remitir las actuaciones a la Justicia Penal, por supuesta desobediencia a órdenes judiciales. Si para evitar esa situación se solicita el depósito de sumas `a embargo', el tribunal ordena su pago sin más trámite; los recursos son concedidos con un solo efecto; las elevaciones a la Cámara se demoran indefinidamente; se suceden las imposiciones de multas por elevadas sumas de dinero". Sobre este último punto, en tres de los casos las mismas llegaron a los 1.000 pesos diarios.

Tras mencionar otras cuestiones, como la intimación a pagar al titular de la Dirección de Control y Gestión Judicial -cuya función no es desembolsar dinero o, a lo sumo, no sin sentencia firme de por medio-, la presentación consigna como un agravante que, en todas las ocasiones en que se depositaron los fondos "a embargo", para no incurrir en desobediencia a la orden judicial, el juzgado ordenó el pago efectivo de dichas sumas.

"De este modo, queda neutralizada toda efectiva defensa del Estado nacional, pues, en todo caso, se privilegian excesivamente los rituales procesales, en desmedro de la verdad jurídica" y, en definitiva, del propio servicio de justicia, razonan los denunciantes.

Los funcionarios de Economía que plantearon la "grave situación" verificada en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, son la directora general de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; el director de Gestión y Control Judicial, Eduardo Peró, y el coordinador de Juicios de esa repartición, Mario Fogliati. En el documento, solicitan disposiciones para plantear nuevas líneas defensivas, o bien "analizar la adopción de otras medidas de índole judicial o de corte institucional".

El juez Rodríguez ha tenido una destacada actuación en causas de derechos humanos que se tramitan en su juzgado, y luego de declarar las incostitucionalidad de las leyes de impunidad, ordenó la detención de varios responsables de la represión en la ciudad de Santa Fe.