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Desde hace muchos a帽os, con avances y retrocesos, esta democracia casi adulta de 25 a帽os fue intentando afianzar las banderas de verdad, memoria y justicia, consciente de que no se puede edificar s贸lidamente un futuro sobre la base de la impunidad. Esta larga lucha, en defensa misma de la institucionalidad y del estado de derecho, tuvo sus altibajos, desde la valiente Conadep al paso atr谩s del punto final, la obediencia debida y los indultos. Cada avance tuvo la resistencia corporativa de los responsables del terrorismo de estado, y a veces las debilidades o la "vista gorda" de gobiernos o partidos pol铆ticos.
Finalmente, una pol铆tica de Estado, una nueva Corte Suprema y varios tribunales inferiores, a trav茅s de fallos ejemplares, y luego el Congreso, anularon las leyes del oprobio. As铆, en los 煤ltimos cinco a帽os son m谩s de 1.000 las causas reactivadas, 460 los procesados, hay alrededor de 350 detenidos, 59 pr贸fugos y 32 represores ya condenados, seg煤n datos del CELS y de la Procuraci贸n General de la Naci贸n.
L贸gicamente, a este paso, muchos responsables de la represi贸n ilegal temen que tambi茅n les llegue la hora de sentarse al banquillo de acusados, y por ello apelan a nuevos m茅todos para frenar los juicios y buscar una especie de "reconciliaci贸n forzada" sin apego a las leyes o a la justicia.
Ya probaron todos los medios. Primero, durante la dictadura, hicieron desaparecer las pruebas (junto con los cuerpos de las v铆ctimas), las actas judiciales fueron falseadas o simplemente omitidas con ayuda de los funcionarios que integraron la asociaci贸n il铆cita, mataron o intimidaron a cuanto abogado osase investigar, luego permitieron la apertura democr谩tica con la condici贸n de no revisar lo actuado, produjeron levantamientos carapintadas contra el juzgamiento de la c煤pula, arrancaron leyes de impunidad e indultos, amenazaron a sobrevivientes y a familiares, empezaron con campa帽as de intimidaci贸n y difamaciones, reanudados los juicios y ante las primeras condenas (Turco Juli谩n, Echecolatz, Von Wernich) volvieron a secuestrar y asesinar, intimidando a testigos, fiscales y jueces.
Ahora, luego de los actos de Plaza San Mart铆n y el repudio masivo que mereci贸 el estilo Pando, de manera espasm贸dica retoman la versi贸n del demonio bic茅falo y pretenden meter presi贸n pidiendo declaren acciones guerrilleras como cr铆menes de lesa humanidad.
El miedo busca extenderse tambi茅n a v铆ctimas, principales testigos, que protagonizaron la lucha popular de los a帽os setenta, para decirle: Ojo, que te reabrimos las causas.
Que nadie puede negar la espiral de violencia que abati贸 a nuestro pa铆s luego de los bombardeos a cielo abierto de 1955 con centenares de muertos, los fusilamientos de 1956, la proscripci贸n del pueblo y la "democracia sesgada" de Frondizi e Illia. Que esta "muerte civil" de la mayor铆a, luego confirmada por Ongan铆a, Levingston y Lanusse, hab铆a originado las guerrillas de Uturunco, el EGP y Taco Ralo, las cartas del General Per贸n llamando a la violencia revolucionaria: "S贸lo nos queda la violencia para resolver nuestros problemas" (a John William Cooke en 1958); "A la violencia de la dictadura le opondremos una violencia mayor" (a las FAP en 1970); "la subversi贸n debe progresar" (a Hern谩ndez Arregui en 1970); "estamos empe帽ados en una guerra revolucionaria" (a Carlos Maguid en 1971); "si tuviera 50 a帽os menos andar铆a poniendo bombas como ustedes, que son la Juventud Maravillosa" (pel铆culas de Solanas y Gettino, La Hora de los Hornos, Actualizaci贸n Pol铆tica y Doctrinaria para la Toma del Poder).
Que la situaci贸n se agrav贸 con los fusilamientos de Trelew, salto cualitativo de la represi贸n ilegal y del terrorismo de estado. La juventud revolucionaria confiaba poco en la salida institucional, porque nunca conoci贸 la democracia. Su consigna poco antes de 1973 era "ni votos ni botas, fusiles y pelotas".
Lleg贸 el triunfo de 1973 y naci贸 una esperanza de "reconstrucci贸n nacional" que se vio inmediatamente frustrada por errores del General Per贸n y de la conducci贸n guerrillera, que no supieron encontrar un canal de pacificaci贸n.
En Ezeiza, la juventud que asisti贸 pac铆ficamente a recibir al l铆der proscripto 18 a帽os fue salvaje y arteramente atacada por el palco armado por el mismo General Per贸n. Comenz贸 la reacci贸n y hubo cientos de cr铆menes del terrorismo de estado a partir de 1973, el fusilamiento de presos en Catamarca, y poco antes del golpe (octubre de 1975) comenz贸 el Plan Criminal que se profundiz贸 con los militares en el poder potenciando la masacre, tormentos, confinamientos y exilios forzados de decenas de miles de ciudadanos.
Es f谩cil entender entonces c贸mo la cultura pol铆tica de los setenta lamentablemente fue violenta. No pudo haber sido de otra manera con semejantes antecedentes institucionales.
Es necesario tambi茅n hacer una autocr铆tica de los errores estrat茅gicos cometidos en la lucha revolucionaria, como un debate hist贸rico y sobre todo para no volver a repetirlos en el futuro.
Analizado entonces desde una perspectiva hist贸rica ninguna muerte puede reivindicarse desde un plano 茅tico. Nadie puede defender lo indefendible. Resulta entendible el dolor del familiar frente a la muerte de su ser querido, como as铆 su derecho al conocimiento hist贸rico de c贸mo se desencadenaron los acontecimientos.
Pero resulta necesario separar esta aflicci贸n de los requerimientos estrictos del Estado de Derecho.
Dicha pretensi贸n, de reabrir causas por hechos protagonizados por la guerrilla tres d茅cadas atr谩s no tiene antecedente conocido en la jurisprudencia internacional. Sencillamente ha operado la prescripci贸n de la acci贸n penal por el transcurso del tiempo.
Hay que decirlo con absoluta claridad: No hay ninguna posibilidad de que se declare crimen de lesa humanidad a los hechos cometidos por la guerrilla en la Argentina, sencillamente porque no fueron cometidos desde el Estado.
Curiosamente se hace una forzada interpretaci贸n del Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma en 1998, en vigor desde abril de 2002, que redefine el "crimen de lesa humanidad" como aqu茅l que comete "un Estado o una organizaci贸n como parte de un ataque generalizado o sistem谩tico contra una poblaci贸n civil, que no sean actos aislados o cometidos de una manera dispersa". (art铆culo 7, Estatuto Corte Penal Internacional, Roma, 1998).
De manera aviesa algunos comunicadores, incluso de formaci贸n universitaria, en una actitud incomprensible, quiz谩s cegados por una especulaci贸n pol铆tica y desacreditando a los medios que representan, fogonean estas causas pretendiendo encontrar una "nota de estatalidad" en los hechos que son de p煤blico conocimiento, o dicho de otra manera en la presencia de un "Estado" (Cuba o Argentina) como responsable originario del accionar guerrillero, lo cual pareciera ser tra铆do con f贸rceps como excusa para habilitar la apertura de la instrucci贸n penal, pretendiendo que existi贸 un "poder nacido de estructuras estatales" cuando en realidad se trat贸 de grupos con escaso desarrollo militar y que al momento del golpe de estado ya estaban pr谩cticamente desarticulados.
Adem谩s, esta maquinaci贸n no logra acreditar la concurrencia de los principios b谩sicos que definen un crimen de lesa humanidad.
La explicaci贸n del efecto un tanto conmocionante de estas opiniones podr铆a encontrarse en la acci贸n desplegada hasta no hace mucho por los grupos autodenominados de "memoria Completa", apoyados por fuertes sectores "integristas" que s贸lo ten铆an y tienen un objetivo: impedir el juzgamiento a represores por sus cr铆menes de los a帽os setenta, para lo cual quieren forzar la apertura de causas por delitos cometidos por la guerrilla para alg煤n d铆a lograr la tan anhelada por ellos "amnist铆a general" para los imputados "de ambos bandos", objetivo p煤blicamente confesado.
Asimismo, llama la atenci贸n que algunos abogados que palanquean la apertura de este tipo de causas hayan sido conspicuos funcionarios de la dictadura militar. Su concepto de "justicia" seguramente lo deben haber aprendido en aquellos a帽os.
Es por ello que este intento de habilitar una "nueva v铆a" para desestabilizar los juicios de lesa humanidad, carece de legitimidad y es susceptible de ser tachado de "oportunista".
Ser铆a aconsejable que algunos dirigentes fijen una clara postura al respecto, dejen de especular con un silencio c贸mplice, o mandando a amplificar p铆caramente estas estrategias trasnochadas.
*Abogado. Director Provincial de Investigaci贸n y Reconstrucci贸n de la Memoria Hist贸rica. Secretar铆a de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe
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