[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde hace muchos años, con avances y retrocesos, esta democracia casi adulta de 25 años fue intentando afianzar las banderas de verdad, memoria y justicia, consciente de que no se puede edificar sólidamente un futuro sobre la base de la impunidad. Esta larga lucha, en defensa misma de la institucionalidad y del estado de derecho, tuvo sus altibajos, desde la valiente Conadep al paso atrás del punto final, la obediencia debida y los indultos. Cada avance tuvo la resistencia corporativa de los responsables del terrorismo de estado, y a veces las debilidades o la "vista gorda" de gobiernos o partidos políticos.

Finalmente, una política de Estado, una nueva Corte Suprema y varios tribunales inferiores, a través de fallos ejemplares, y luego el Congreso, anularon las leyes del oprobio. Así, en los últimos cinco años son más de 1.000 las causas reactivadas, 460 los procesados, hay alrededor de 350 detenidos, 59 prófugos y 32 represores ya condenados, según datos del CELS y de la Procuración General de la Nación.

Lógicamente, a este paso, muchos responsables de la represión ilegal temen que también les llegue la hora de sentarse al banquillo de acusados, y por ello apelan a nuevos métodos para frenar los juicios y buscar una especie de "reconciliación forzada" sin apego a las leyes o a la justicia.

Ya probaron todos los medios. Primero, durante la dictadura, hicieron desaparecer las pruebas (junto con los cuerpos de las víctimas), las actas judiciales fueron falseadas o simplemente omitidas con ayuda de los funcionarios que integraron la asociación ilícita, mataron o intimidaron a cuanto abogado osase investigar, luego permitieron la apertura democrática con la condición de no revisar lo actuado, produjeron levantamientos carapintadas contra el juzgamiento de la cúpula, arrancaron leyes de impunidad e indultos, amenazaron a sobrevivientes y a familiares, empezaron con campañas de intimidación y difamaciones, reanudados los juicios y ante las primeras condenas (Turco Julián, Echecolatz, Von Wernich) volvieron a secuestrar y asesinar, intimidando a testigos, fiscales y jueces.

Ahora, luego de los actos de Plaza San Martín y el repudio masivo que mereció el estilo Pando, de manera espasmódica retoman la versión del demonio bicéfalo y pretenden meter presión pidiendo declaren acciones guerrilleras como crímenes de lesa humanidad.

El miedo busca extenderse también a víctimas, principales testigos, que protagonizaron la lucha popular de los años setenta, para decirle: Ojo, que te reabrimos las causas.

Que nadie puede negar la espiral de violencia que abatió a nuestro país luego de los bombardeos a cielo abierto de 1955 con centenares de muertos, los fusilamientos de 1956, la proscripción del pueblo y la "democracia sesgada" de Frondizi e Illia. Que esta "muerte civil" de la mayoría, luego confirmada por Onganía, Levingston y Lanusse, había originado las guerrillas de Uturunco, el EGP y Taco Ralo, las cartas del General Perón llamando a la violencia revolucionaria: "Sólo nos queda la violencia para resolver nuestros problemas" (a John William Cooke en 1958); "A la violencia de la dictadura le opondremos una violencia mayor" (a las FAP en 1970); "la subversión debe progresar" (a Hernández Arregui en 1970); "estamos empeñados en una guerra revolucionaria" (a Carlos Maguid en 1971); "si tuviera 50 años menos andaría poniendo bombas como ustedes, que son la Juventud Maravillosa" (películas de Solanas y Gettino, La Hora de los Hornos, Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder).

Que la situación se agravó con los fusilamientos de Trelew, salto cualitativo de la represión ilegal y del terrorismo de estado. La juventud revolucionaria confiaba poco en la salida institucional, porque nunca conoció la democracia. Su consigna poco antes de 1973 era "ni votos ni botas, fusiles y pelotas".

Llegó el triunfo de 1973 y nació una esperanza de "reconstrucción nacional" que se vio inmediatamente frustrada por errores del General Perón y de la conducción guerrillera, que no supieron encontrar un canal de pacificación.

En Ezeiza, la juventud que asistió pacíficamente a recibir al líder proscripto 18 años fue salvaje y arteramente atacada por el palco armado por el mismo General Perón. Comenzó la reacción y hubo cientos de crímenes del terrorismo de estado a partir de 1973, el fusilamiento de presos en Catamarca, y poco antes del golpe (octubre de 1975) comenzó el Plan Criminal que se profundizó con los militares en el poder potenciando la masacre, tormentos, confinamientos y exilios forzados de decenas de miles de ciudadanos.

Es fácil entender entonces cómo la cultura política de los setenta lamentablemente fue violenta. No pudo haber sido de otra manera con semejantes antecedentes institucionales.

Es necesario también hacer una autocrítica de los errores estratégicos cometidos en la lucha revolucionaria, como un debate histórico y sobre todo para no volver a repetirlos en el futuro.

Analizado entonces desde una perspectiva histórica ninguna muerte puede reivindicarse desde un plano ético. Nadie puede defender lo indefendible. Resulta entendible el dolor del familiar frente a la muerte de su ser querido, como así su derecho al conocimiento histórico de cómo se desencadenaron los acontecimientos.

Pero resulta necesario separar esta aflicción de los requerimientos estrictos del Estado de Derecho.

Dicha pretensión, de reabrir causas por hechos protagonizados por la guerrilla tres décadas atrás no tiene antecedente conocido en la jurisprudencia internacional. Sencillamente ha operado la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo.

Hay que decirlo con absoluta claridad: No hay ninguna posibilidad de que se declare crimen de lesa humanidad a los hechos cometidos por la guerrilla en la Argentina, sencillamente porque no fueron cometidos desde el Estado.

Curiosamente se hace una forzada interpretación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma en 1998, en vigor desde abril de 2002, que redefine el "crimen de lesa humanidad" como aquél que comete "un Estado o una organización como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, que no sean actos aislados o cometidos de una manera dispersa". (artículo 7, Estatuto Corte Penal Internacional, Roma, 1998).

De manera aviesa algunos comunicadores, incluso de formación universitaria, en una actitud incomprensible, quizás cegados por una especulación política y desacreditando a los medios que representan, fogonean estas causas pretendiendo encontrar una "nota de estatalidad" en los hechos que son de público conocimiento, o dicho de otra manera en la presencia de un "Estado" (Cuba o Argentina) como responsable originario del accionar guerrillero, lo cual pareciera ser traído con fórceps como excusa para habilitar la apertura de la instrucción penal, pretendiendo que existió un "poder nacido de estructuras estatales" cuando en realidad se trató de grupos con escaso desarrollo militar y que al momento del golpe de estado ya estaban prácticamente desarticulados.

Además, esta maquinación no logra acreditar la concurrencia de los principios básicos que definen un crimen de lesa humanidad.

La explicación del efecto un tanto conmocionante de estas opiniones podría encontrarse en la acción desplegada hasta no hace mucho por los grupos autodenominados de "memoria Completa", apoyados por fuertes sectores "integristas" que sólo tenían y tienen un objetivo: impedir el juzgamiento a represores por sus crímenes de los años setenta, para lo cual quieren forzar la apertura de causas por delitos cometidos por la guerrilla para algún día lograr la tan anhelada por ellos "amnistía general" para los imputados "de ambos bandos", objetivo públicamente confesado.

Asimismo, llama la atención que algunos abogados que palanquean la apertura de este tipo de causas hayan sido conspicuos funcionarios de la dictadura militar. Su concepto de "justicia" seguramente lo deben haber aprendido en aquellos años.

Es por ello que este intento de habilitar una "nueva vía" para desestabilizar los juicios de lesa humanidad, carece de legitimidad y es susceptible de ser tachado de "oportunista".

Sería aconsejable que algunos dirigentes fijen una clara postura al respecto, dejen de especular con un silencio cómplice, o mandando a amplificar pícaramente estas estrategias trasnochadas.

*Abogado. Director Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica. Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe